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Economía y Finanzas

¿Qué hay detrás del traslado exprés a Colpensiones?

Debido a la baja cobertura del país en material pensional, un traslado masivo a Colpensiones no provocariá una bomba fiscal en el país, según expertos.

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Colpensiones

Junto con la modificación de la ley de garantías, la inclusión del traslado exprés a Colpensiones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) ha sido el centro del debate económico del país en las últimas semanas, enfocado principalmente en su costo, que rondaría los $3,8 billones, y en la posibilidad de que beneficie principalmente a los sectores de más altos ingresos.

“Es inaceptable que el Gobierno ahora apoye los traslados exprés. Es un cambio inconveniente en las reglas de juego, es un mal negocio para la nación y los contribuyentes y es contrario a los principios de equidad al beneficiar principalmente a personas de mayores ingresos. No es tarde para retirar esta mala propuesta del proyecto de presupuesto”, aseguró a Forbes el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba.

El ejecutivo también agregó que, si el Congreso está tan preocupado con los asuntos pensionales, sería mejor que “abordaran la reforma pensional que tanto necesita el país, entre otras cosas para eliminar los inequitativos subsidios del régimen de prima media que ahora quieren otorgar a más personas con los traslados exprés”.

Si bien estos aspectos son importantes, la propuesta tiene mucha más tela de donde cortar, pues no solo tocaría aspectos como las diferencias actuales entre los regímenes de pensión actuales, sino que también podría allanar el camino para una reforma que se viene discutiendo desde hace tiempo y terminar de organizar el sector.

¿Cómo está el panorama?

Por la forma en que se liquidan las pensiones en el país, hay una diferencia grande entre los fondos privados y Colpensiones. En el primer grupo, los colombianos ahorran 1.300 semanas (25 años) que representan 16% de su salario. Esa plata se invierte para que, posteriormente, las personas reciban su pensión, que son otros 25 años basados en ese 16%, más los intereses.

En cuanto a Colpensiones, la liquidación se hace de manera diferente. Si bien los afiliados ahorran los mismos 16% durante 25 años, la pensión no depende de eso, sino de sacar un promedio salarial de los últimos 10 años de vida laboral. A esa cifra se le aplica una tasa de reemplazo, que revela cuanto de ese promedio sería la pensión a recibir. La cifra empieza en 65%, pero puede llegar hasta 85% o 90%.

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“Por eso las pensiones son más altas en Colpensiones que los fondos privados en general, excepto para los salarios mínimos, que son iguales en ambos regímenes”, comentó a Forbes el director de Econometría Consultores y expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera.

Por la misma forma en que se liquidan las pensiones en Colpensiones, los colombianos puede trasladarse entre regímenes cada 5 años, dejando como límite para el último traslado el día antes de llegar a 10 años antes de la edad de pensión, que sería de 52 años de edad para los hombres y 47 para las mujeres.

“Hay un grupo de personas que no conocían esta ley que no se trasladaron, que ya están a menos de 10 años, y quieren trasladarse a Colpesiones por el primer punto, porque la pensión es más alta. Ese es el proyecto de ley del traslado exprés“, agregó Olivera.

Demandas de la ciudadanía

Como la pensión es más alta en Colpensiones, y no depende de lo ahorrado, tiene un subsidio que se encarga de pagar el Estado. Con esto en mente, los que saldrían ganando serían aquellos que decidan trasladarse. No obstante, hay que tener en cuenta que dicha ganancia se pagaría con los impuestos que recauda el país, debido a que Colpensiones no cuenta con reservas y/o ahorros desde hace varios años.

Es justo aquí donde viene uno de los puntos clave de la discusión, y que involucra directamente a la ciudadanía, pues aquellos que no se trasladan a Colpensiones argumentan falta de asesoría de los fondos privados al respecto. Al conocer que pueden ganar más en este último, deciden demandar su derecho al cambio, donde tienen todas las de ganar.

“Aquí ganarían las personas que legítimamente están peleando por su derecho, pues porque si los hubieran asesorado bien los fondos privados, estarían en Colpensiones y ese gasto ya tocaría hacerlo”, señaló Olivera, por lo que no es de extrañar que más de 90% de las demandas al respecto se están ganando.

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Frente a ese tema, el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, explicó a través de su cuenta de Twitter que Colpensiones ha sido notificada de más de 10.000 sentencias donde 91,6% de los casos son a favor del demandante. A su vez, 38% de los casos están relacionados con personas que ya podrían soliciar la pensión de vejez en el régimen de prima media.

“Si seguimos ese recorrido, las personas van a trasladarse de todas maneras, pero poniendo demanda, pagando abogado, congestionando la justicia y desconfiando del sistema pensional. Esto es señal de que tenemos que hacer una reforma donde se quiten esos subsidios altos a las pensiones y que las reglas sean mucho más claras para que los ciudadanos no terminen estas peleas con el sistema”, destacó Olivera.

En contrapunto con lo anterior, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, apuntó a las consecuencias de dicha iniciativa en la población más pobre. “Realmente, las iniciativas, ambas, ahondan la desigualdad en el país, ilustran además la ineficiencia en la asignación de los subsidios estatales, pues en las dos propuestas dichos beneficios van a manos de quienes más tienen. Además, amplían el hueco fiscal, con extra costos que en todo caso terminaremos pagando todos los colombianos a través de mayores impuestos”.

Camino a la reforma pensional

Para hacer una reforma de este estilo, hay que analizar primero los retos financieros. En el caso de Colombia, tienen que ver con que se está poniendo plata de los impuestos. No obstante, cabe resaltar que a Colpensiones se le da apenas el 1% del Producto Interno Bruto, cifra muy inferior al 12% de Brasil y el 15% o 16% de países como España o Italia.

Otro reto financiero que ver con la desigualdad subsidios. En el caso de un salario mínimo, una pensión vale más o menos unos $180 millones. Una persona que cotiza las 1300 semanas los 25 años sobre salario mínimo llega a $60 millones listo, dejando su subsidio en $120 millones. Por el contrario, una mujer que haya cotizado sobre 25 salarios mínimos, podría llegar a tener un subsidio cercano de los $1.000 millones.

Ante esa perspectiva, una eventual reforma pensional llegaría a atacar el problema de la regresividad actual, donde los subsidios se concentran en las personas que más plata tienen. Al mismo tiempo, según Olivera, tendría que concentrarse en otros parámetros como la tasa de cotización o la tasa de reemplazo.

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En el primer caso, las posibilidades apuntan a no cotizar el 16% sino 20% o 25%, impulsando el ahorro y acercandose al promedio mundial, que actualmente llega a 28%.

Con respecto al segundo, el promedio salarial de los últimos años empieza en 65%, pero podría pasar a 50% o 40%, ayudando a aliviar un reto financiero que reduzca los costos de las mismas.

Sin embargo, el reto más grande es aumentar la cobertura, aspecto donde, a juicio de los expertos, debe centrarse la discusión, pues según datos de la Superfinanciera, los no cotizantes rondan 60% de los afiliados a algún esquema pensional, mientras que los inactivos alcanzan 55%.

Por esto mismo, Olivera fue enfático al asegurar que una eventual migración masiva a Colpensiones no provocaría una bomba fiscal en el país, pues el reto principal del sistema no se enfoca tanto en el tema financiero, sino en la cobertura como tal.

Por su parte, el presidente de Protección, Juan David Correa, manifestó a Forbes que Colombia tiene un modelo pensional con grandes retos donde coexisten dos regímenes y al cual no se le han realizado los ajustes necesarios acordes con las condiciones demográficas, laborales y sociales del país.

En ese sentido, subrayó que iniciativas como las que hoy están en discusión en el Congreso, y que se debe esperar a que surjan el proceso completo, evidencian la necesidad de no tomar decisiones apresuradas, sino de “hacer ajustes estructurales al sistema de protección a la vejez con criterios de cobertura, sostenibilidad y equidad”.

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