La reforma tributaria, aprobada en el Congreso, abrió la puerta para acelerar la disposición de bienes que aportarían casi un punto del PIB en nuevos recursos. ¿Lo lograrán?
Obras de arte, empresas, medios de transporte y hasta muebles son algunos de los bienes que le ha dejado a Colombia la lucha contra el crimen organizado, que están valorados en al menos $9 billones y que se configuran como una fuente importante de ingresos en medio de una de las peores crisis económicas para el país.
Cabe recordar que Colombia tiene una bolsa de bienes que provienen de incautaciones y extinción de dominio de activos que son parte sobre todo del narcotráfico, el crimen organizado, el enriquecimiento ilícito y la minería ilegal, entre otros.
Solo para dimensionar, el monto en el que están valorizados esos bienes equivale al 62,9% de lo que se busca recaudar con la recién aprobada reforma tributaria, que son $14,3 billones al año, en promedio.
Con esa posibilidad de ingresos sobre la mesa se ha suscitado un debate sobre la posibilidad de acelerar la venta o disposición de estos bienes para que a Colombia le entren más recursos, que son más urgentes en una época en las que el déficit fiscal y la deuda pública han subido a niveles históricos. Solo en 2021 se espera que el déficit fiscal cierre en 8,6% del PIB y la deuda, como porcentaje del producto interno bruto, sería de al menos 65,1% este año.
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Precisamente, en el debate exprés de la reforma tributaria en el Congreso de la República parlamentarios de diversos partidos políticos coincidieron en proponer que en el proyecto de Inversión social se abriera la puerta a que estos bienes se pudieran disponer de una manera más fácil y rápida.
En concreto, la tributaria 4.0 o la Ley 2155 que fue sancionada el pasado 14 de septiembre, señala que para facilitar la valorización de esos bienes inmuebles, que actualmente administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) se encargarán de revisar el avalúo para acelerar los procesos de comercialización.
Con eso, a partir del 1 de noviembre de este año el Dane y el Igac tendrán cinco meses para realizar y publicar un informe en el que darán detalle de las valorizaciones de estos recursos y así puedan acelerar los procesos de venta. Y a eso se le suman otras herramientas para facilitar algunos de esos procesos.
En conversación con Forbes, Andrés Alberto Ávila, presidente de la SAE, explicó que si bien hoy el valor del inventario puede estar en una cifra cercana a los $9 billones, “es importante señalar que la SAE no puede disponer inmediatamente del 100% del inventario para su comercialización. El 87% del portafolio está en proceso de extinción de dominio, es decir que no se puede vender de manera inmediata y solamente hasta cuando un juez declare que es un activo del Estado o se apruebe una enajenación temprana de acuerdo con las condiciones que indica la Ley”.
Aún con esas demoras, que dependen de los procesos legales, la SAE le ha girado al país $106.000 millones en el transcurso de este año y desde el 2015 ha transferido un total de $651.000 millones.
El inventario de bienes
Como lo explica la SAE, estos bienes son parte de varios procesos judiciales, con los que esas propiedades pasan a ser parte de las arcas del Estado. Para dimensionarlo, Forbes Colombia consultó con la entidad cuál es el inventario actual de ese patrimonio.
“En términos de cifras, en SAE contamos con 27.750 inmuebles, 1.759 sociedades y establecimientos de comercio, 5.516 medios de transporte, 9.345 semovientes y 7.361 obras de arte, divisas, sustancias y muebles enseres que pertenecen al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Lo anterior con corte al 31 de agosto de este año”, detalló el presidente de esa organización.
Si se mira en dónde están ubicados esos bienes, el grueso está concentrado en el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Meta, Atlántico y Córdoba. Eso se explica, entre otras cosas, por la presencia de carteles de la mafia en esas zonas del país, a quienes se les incautaron las propiedades a través de extinción de dominio.
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De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales, solo en el suroccidente del país, que comprende Valle del Cauca, Cauca y Nariño, la entidad tiene más de 8.400 inmuebles, de los cuales 6.380 son urbanos y más de 2.000 son rurales. “En vitrina para venta en ese sector del país tenemos alrededor de 945 inmuebles, incluyendo vivienda y comercio”, apuntó Ávila.
La otra región en donde se encuentra una buena parte de esos activos es la zona centro oriental, en donde hay 7.193 bienes, de los cuales más de 6.000 son urbanos. De esos, se pueden comercializar en este momento 1.356 propiedades.
En tercer lugar, en Chocó, Antioquia y el Eje Cafetero hay más de 6.500 propiedades provenientes de actividades ilícitas. La mayoría de esos bienes, unas 4.500 están en zonas urbanas y el resto en el campo. De ese inventario, los colombianos podrían comprar o arrendar unas 315 propiedades, que pueden ser casas, lotes, oficinas o apartamentos.
Así quedaría el panorama
Aunque, como lo explicó el presidente de la SAE, no se pueden disponer de las propiedades incautadas del narcotráfico de inmediato, sí configuran una salida clave para el país con la aceleración de la disposición de estos activos.
Expertos advierten que el país debe seguir buscando fuentes permanentes de financiación, más allá de los activos con los que cuente y así asegurar una estabilidad de las cuentas nacionales.
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, apuntó que puede ser “peligroso” ver a los bienes del narcotráfico como la única fuente de financiación del Estado.
“No hay una cantidad infinita de activos y son fuentes que en algún momento se van a acabar. Por otro lado, no hay una política de Estado que se articule de manera coherente para ver qué activos se deben considerar estratégicos. Hay que buscar fuentes permanentes de ingresos”.
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Por su parte, el presidente de la SAE destacó que “en Colombia hemos entendido muy bien que estos activos que alguna vez sirvieron al delito hoy deben cumplir un rol fundamental en la reactivación económica y la inversión social, no solo por medio de la generación de recursos sino apoyando proyectos en las regiones que permitan alcanzar el objetivo del presidente Iván Duque de dinamizar la economía nacional.
Hay una gran expectativa para que estos predios generen grandes recursos y para ello es necesario superar el reto más grande que es el tiempo de los procesos judiciales; la Ley indica que se puede disponer de estas propiedades para venta una vez tengan declaración de extinción de dominio o aprobación para enajenación temprana”, subraya Ávila.
El plan es que a partir de este año entren más recursos a través de esos bienes, que no solamente provienen de su venta, sino también de arrendamientos, por ejemplo.
“En el 2021 esperamos generar un billón de pesos en productividad de los bienes que tenemos bajo administración y nos proyectamos para que esta cifra se convierta en el mínimo que debemos generar cada año para la Nación y así cumplir con la expectativa de los colombianos que en SAE se encuentren parte de los recursos que se necesitan para que el país salga adelante de esta pandemia”, finalizó el funcionario.