Aunque expertos y banqueros dicen que es una medida que habría que desmontar, también señalan que primero hay que buscar las alternativas para sustituir sus ingresos, que puede recaudar hasta $10 billones al año, según el Minhacienda.
Durante tres días los banqueros y autoridades en materia económica se reunieron en Cartagena para hablar del futuro del sector financiero en el país y la discusión que se armó en el Congreso de la República con el posible desmonte del impuesto 4×1.000 también llegó a los pasillos del Centro de Convenciones de la Ciudad Amurallada.
Cabe recordar que el proyecto de ley que impulsó la representante Katherine Miranda del partido Alianza Verde, y fue aprobado en primer debate, busca desmontar de manera gradual el Gravamen de los Movimientos Financieros (GMF) que consiste en cobrar 4 pesos por cada 1.000 pesos que se mueven en el sistema financiero, una figura que se implementó en la crisis de los 90.
Aunque el desmonte del impuesto puede beneficiar a todos los usuarios del sistema financiero que tienen que pagar este monto y puede recaudar, según el Minhacienda, hasta $10 billones al año que van a las arcas de la Nación, representantes del sector bancario, algunos expertos y el mismo Gobierno se oponen a que la medida avance.
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El argumento de los congresistas que apoyan la medida está en que este impuesto desincentiva el acceso a sistemas financieros y es, además, un tributo que se iba a implementar de manera temporal y ya lleva más de 20 años.
Para sustituir los ingresos que le entran al país por ese impuesto, el proyecto de ley propone implementar un impuesto a los salarios más altos que empiecen desde $25 millones al mes y también a las megainversiones, explicó la representante Katherine Miranda.
Ante la propuesta, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto negativo y el argumento es que puede que este nuevo impuesto que se propone no sea suficiente para atender las necesidades de un país que va a cerrar el año con un déficit fiscal de 8,6% del PIB.
“Este monto equivale cerca de la mitad del recaudo promedio estimado con la Ley de Inversión Social (0,9 % del PIB). En este sentido, lo propuesto pondría nuevamente en riesgo la senda de estabilización de las finanzas públicas”, dice el documento que envió el Minhacienda al Congreso.
Con ese panorama, la pregunta que queda sobre la mesa es si esto daría pie a otra “mini” reforma tributaria luego del estallido social que desencadenó una primera propuesta, que también incluía impuestos a los salarios más altos.
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¿Qué se puede hacer?
Ante la iniciativa, Forbes Colombia consultó a varios representantes del sector bancario y a expertos y coinciden en que ese es un impuesto antitécnico, pero desmontarlo en este momento puede traer problemas fiscales para el país.
Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, dijo que “yo estoy convencido de que el 4×1.000 ha afectado el proceso de bancarización y nosotros estaríamos de acuerdo con que el país elimine esto en algún momento porque además fomenta la informalidad. Aún así, buscar las fuentes para sustituir esos recursos tiene que ser algo gradual y estoy seguro que eso le tocará al próximo gobierno”.
El superintendente financiero, Jorge Castaño, también apuntó que desde el punto de vista técnico, la eliminación del 4 x 1.000 puede ayudar a eliminar algunas barreras de acceso a más personas a productos financieros. Sin embargo, habrá que buscar unas fuentes para sustituir los ingresos y que sean sostenibles en el tiempo.
En ese sentido, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana también apuntó que esta iniciativa debería ser un trabajo que resuelva problemas estructurales y no en un proyecto de ley aislado.
“Pese a que es un impuesto antitécnico, la situación fiscal es muy apremiante. Esto debería ser parte de una discusión muy estructural. Lo clave es que el siguiente Gobierno tenga una conversación más estructural y que no siga estos retazos de reforma para que la discusión sea más integral”, dijo López.
Mientras tanto, el proyecto de ley ya tuvo su primer debate en el Congreso y podría seguir avanzando en el Legislativo para convertirse en Ley. Eso sí, el Minhacienda se ha opuesto a la medida y ha pedido que la iniciativa se archive.
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