De materializarse esta idea, la alta volatilidad de divisas como bitcoin o Ethereum provocarían una inestabilidad financiera profunda debido a su falta de regulación, comprometiendo la política macroeconómica de una nación, así como la legalidad del uso de dichas monedas.
El mundo observa con especial atención el desarrollo del bitcoin en El Salvador. Desde que su presidente, Nayib Bukele, anunció el pasado 8 de junio que legalizaría la criptomoneda como divisa oficial de su país, la viabilidad de esta moneda ha sido objeto de debate. No obstante, la respuesta no es tan sencilla como aparenta.
Para no hacer el cuento largo, basta con escuchar a la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien comentó a Forbes que “las criptomonedas no son monedas y punto”. En vez de ello, se les debe considerar como activos “altamente especulativos” que, si bien reclaman su fama de moneda, no lo son.
Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea en temas de banca y servicios financieros, Daniel Sheridan Ferrie, explicó a Forbes que los criptoactivos difieren en gran medida de las posibles monedas digitales oficiales, o monedas digitales de los bancos centrales (CBDC por sus siglas en inglés), pues son totalmente diferentes si no se tiene en cuenta la tecnología utilizada.
Cabe recordar que el bitcoin no tiene ningún tipo de emisor, así como tampoco hay ninguna entidad privada o pública que monitoree el estado de la divisa. Esto implica que no está emitida ni garantizada por nadie y no representa una responsabilidad que recaiga en un tercero. Por lo tanto, el valor de Bitcoin “depende únicamente de que alguien crea que mañana tendrá algún valor”.
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Por el contrario, una moneda digital, que reciba el aval de una nación o una institución oficial, sí tendría el potencial de ser una nueva forma de dinero público y representar un pasivo para cualquier sistema financiero, como los billetes y las monedas. Del mismo modo, “no supondría ningún riesgo crediticio para los usuarios y proporcionaría una forma de pago segura para los hogares y las empresas”, agregó Ferrie.
Lo cierto es que asumir que una criptomoneda puede cargar con el peso de la estabilidad monetaria de un país implicaría fijar los precios de bienes y servicios tanto en moneda real como en criptoactivos. Teniendo en cuenta la alta volatilidad de divisas como el bitcoin, cuyo valor de mercado ha llegado a desplomarse más de 80% tanto en 2013 como en 2018, la medida pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica de una nación.
Asimismo, la política monetaria de un país también perdería fuerza, pues los bancos centrales serían incapaces de fijar una tasa de interés sólida para cualquier moneda extranjera.
“Normalmente, cuando un país adopta una moneda extranjera como propia, ‘importa’ la credibilidad de la política monetaria extranjera y espera que su economía —y sus tasas de interés— se ajusten al ciclo económico extranjero. Nada de esto es posible en el caso de la adopción generalizada de criptoactivos”, destacó la consejera jurídica y directora del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rhoda Weeks Brown.
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Incluso en el caso de que los criptoactivos logren posicionarse como alternativa de pago para aquellas personas que no estén bancarizadas, cualquier divisa catalogada dentro de esta categoría no tiene el potencial de convertirse en una reserva de valor. De acuerdo con Weeks Brown, esto llevaría a todo aquel que posea una criptomoneda a cambiarla por dinero real una vez recibida.
Como resultado, todo lo anterior causaría no solo que los precios domésticos se contagien de la inestabilidad derivada del valor de las cripto, sino que su integridad financiera se vería comprometida ante la falta de regulación existente para estas divisas electrónicas, lo que facilitaría su uso para prácticas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según dijo la ejecutiva en una investigación realizada en julio de este año.
Un detalle que tampoco se puede ignorar es que los bancos centrales están impulsados principalmente por la demanda de los clientes a producir algo que se adentre a las herramientas y tecnologías actuales. La pandemia de Covid-19 obligó a dejar de lado el dinero en efectivo e incrementó la migración del público a los canales digitales, por lo que ahora se ha intensificado la búsqueda de CBDCs (monedas digitales del banco central).
“Debemos estar preparados y tener la tecnología disponible para responder a las demandas de los clientes. Si los clientes prefieren utilizar la moneda digital, tenemos que responder a esa demanda”, aseguró Lagarde.
A esto hay que añadirle la aparición de las stablecoins, que están empezando a proliferar en el mercado y que algunas grandes tecnológicas están tratando de promover. Frente a este elemento, Lagarde aclaró que son un actor diferente que también necesita ser regulado. “Debe haber una supervisión que se corresponda con el negocio que están llevando a cabo, independientemente de cómo se denominen“, dijo.
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La diferencia entre este tipo de moneda y una criptodivisa es que las stablecoins son ‘tokens’ asociados tanto al valor de una moneda oficial, como el dólar o el euro, como a otros bienes que incluyen metales preciosos e inmuebles. Incluso, pueden contar con algoritmos que controlen su precio con el fin de darle estabilidad. Las cripto carecen de todo lo anterior.
El problema más grave es que al requerir una conexión a internet para tener accesibilidad a las mismas, las criptomonedas comprometerían la inclusión financiera. Nada más basta con analizar el caso de El Salvador, el ejemplo más cercano de una nación que legalizó las cripto como moneda oficial.
De acuerdo con datos de Statista a comienzos de 2021, solo 50,5% de la población contaba con acceso a internet. Esto implica que solo la mitad de salvadoreños serán capaces de usar bitcoin, por lo que el resto tendrá que seguir recurriendo al dinero físico para realizar transacciones financieras.
Es verdad que no se puede desconocer la revolución de las cripto, pero también es claro que aún deben sortearse muchos obstáculos para democratizarlas e incluso pensar en convertirla en moneda de cambio oficial una nación. Dicha posibilidad es un riesgo que ningún país, por más estable que sea en términos financieros, puede darse el lujo de tomar.