La inflación “va a estabilizarse y bajar gradualmente” durante 2022, según la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que prevé que ese movimiento descendente “va a continuar en 2023 y 2024”.

En una entrevista este jueves a la emisora France Inter, Lagarde reconoció que no puede avanzar una previsión de inflación para este año, y se limitó a recordar que el 16 de diciembre el BCE dio una estimación del 3,2 %.

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Recordó que la inflación actual está generada en alrededor del 50 % por el encarecimiento de la energía y la otra mitad por los “embotellamientos” que se han generado con la fuerte recuperación económica en la producción, en los puertos o más generalmente en el transporte.

“Creemos que esos dos fenómenos van a estabilizarse poco a poco y a bajar”, aunque -admitió- “menos de lo que todos los economistas habíamos anticipado”.

Sobre el hecho de que el BCE no haya dado los mismos pasos que la Reserva Federal de Estados Unidos de cara a eventuales subidas de tipos de interés para contener la inflación, Lagarde subrayó que la situación es “muy diferente”.

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En primer lugar porque la inflación es dos puntos inferior en la zona euro que en Estados Unidos (la brecha es mayor si se compara la inflación subyacente). También porque Estados Unidos está en una fase más avanzada de la recuperación económica.

Por esos motivos -razonó- “tenemos todas las razones para no reaccionar tan rápida y tan brutalmente”. Añadió que si se aumentaran ahora los tipos de interés, las consecuencias llegarían en un plazo de 6 a 9 meses y podría ser un freno a la actividad económica que se quiere evitar.

Sobre el Pacto de Estabilidad, a presidenta del BCE explicó que tendrán que restablecerse las reglas para controlar el déficit público y la deuda en la eurozona pero “no serán seguramente las mismas” que había antes de la crisis causada por la pandemia.

A la pregunta de si está caduco el criterio de no superar un déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB), respondió que no porque está en un texto que tendría que renegociarse y obtenerse un acuerdo unánime de los países miembros, algo que a su juicio no es posible en 2023 cuando se supone que volverán a aplicarse las reglas del Pacto de Estabilidad.

Pero añadió que hay margen para actuar sobre “las modalidades de interpretación” de esas reglas.

EFE

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Con el fin de seguir impulsando la venta de vivienda en el país, que también sirve para dinamizar la economía, este miércoles el presidente Iván Duque anunció que extenderá los subsidios de Mi Casa Ya por este año.

En una transmisión, el presidente Iván Duque; el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón y la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero dieron la noticia y aseguraron que los resultados del cierre de 2021 fueron muy positivos.

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Este programa le da subsidios de entre $30 y $40 millones a familias que tengan ingresos de hasta $4 millones mensuales. Asimismo, hace coberturas de las tasas de interés de los préstamos de la vivienda.

Precisamente, cabe recordar, que el año pasado el país logró récord en ventas de vivienda nueva. Según Galería Inmobiliaria se comercializaron 227.600 viviendas nuevas, lo que representó un crecimiento de 28,6% frente a 2020.

Asimismo, Camacol informó que en 2021 se iniciaron 169.000 construcción de inmuebles en todo el país y, en 2022, la proyección es que esto ascienda a 215.000.

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Lima, la capital de Perú, está viviendo en este momento el “peor desastre ecológico de los últimos tiempos”. Así calificó la Cancillería peruana al derramede 6.000 barriles de petróleo en el mar del distrito de Ventanilla (al norte de la ciudad de Lima). Este hecho ocurrió el sábado pasado durante una operación de carga y descarga de combustible en la refinería La Pampilla, cuya dueña y operadora es la empresa de capitales españoles Repsol. 

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Según informó el Ministerio del Ambiente, el derrame abarcaba hasta hoy 18.000 kilómetros cuadrados en Ventanilla. Además, afectó dos reservas naturales protegidas: la Reserva Nacional del Sistema de Islas, islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón. Un primer informe oficial reveló la afectación de un total de 512 hectáreas (equivalentes a 474 canchas de fútbol profesional) de la primera, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernamp). 

Se trata de mediciones de impacto iniciales que se tornan limitadas ante la falta de información precisa y oportuna, opinó Percy Grandez, especialista legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). 

“No hay transparencia en el manejo de la información y tampoco sobre el área marina que ha sido afectada”, consideró Grandez. 

El experto exhortó a las autoridades que reporten sobre los avances en la remediación a cargo de la empresa, una labor que, a su juicio, debería efectuarse lo antes posible, considerando que debido a las corrientes marinas la mancha de petróleo podría expandirse. 

“La empresa tiene cinco días hábiles para realizar la limpieza en el medio marino y diez días hábiles, en la zona de orilla. Lo ideal hubiera sido [que fueran] días naturales porque estas son medidas de urgencia: cada día cuenta, cada hora cuenta. Pero lo que tiene que hacer la empresa es cumplir las medidas, realizar las acciones de limpieza”, exigió. Grandez se refiere a las medidas administrativas impuestas por el Organismo Estatal de Fiscalización Ambiental (OEFA) a Repsol ayer, tres días después de ocurrido el desastre ecológico. 

¿Se podrá remediar el daño ambiental sobre el área afectada? “La remediación es un proceso muy complejo. Hay que iniciar acciones inmediatas”, dijo la presidenta interina de la OEFA, Miriam Alegría, en declaraciones a la prensa. 

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Para Grandez, el impacto ambiental podría prolongarse “semanas o meses”. 

Pesca artesanal y turismo en vilo

El desastre ecológico ocurre mientras el país enfrenta la tercera ola por covid-19 y en plena temporada de verano, cuando miles de personas suelen visitar las playas de Ventanilla.

Fuentes consultadas por Forbes coincidieron en señalar que después del daño ambiental de corto, mediano y largo plazo en los ecosistemas, desde el punto de vista económico, el derrame afecta directamente a la pesca artesanal, cuyas capturas abastecen a restaurantes y mercados; así como a la actividad turística local de las playas contaminadas. 

En materia de pesca, Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y afines del Perú (ARMAP), que agrupa a 467 socios, indicó que el derrame afectará la disponibilidad de pescados y mariscos (al contaminar las zonas de peña donde estos se reproducen), como también la preferencia de consumo. “Los pescados que se extraen de esta zona afectada salen con los olores del petróleo y en consecuencia los cocineros no [los] compramos por su olor”, dijo y reconoció que la decisión afectará los ingresos de pescadores artesanales. 

De su lado, Franco Aguilar, encargado del área de turismo de la Municipalidad de Ancón, comentó a Forbes que el derrame impedirá que unas 25.000 personas asistan a 8 playas del distrito cada fin de semana. Aguilar apuntó que el ticket promedio por persona en los balnearios es de S/50. De esa cifra, se deduce una pérdida promedio de S/ 1.250.000 (US$323.000) cada fin de semana (entre viernes y domingo). 

Además, antes del inicio de la pandemia por covid-19, unas 500 personas vinculadas a 10 asociaciones (de heladeros, sombrilleros, etc) trabajaban en la temporada de verano en las playas de Ancón, por lo que, según estimó Aguilar, 400 familias verían disminuidos sus ingresos por el derrame esta temporada.

“Las personas se estaban recuperando después de dos años por pandemia”, dijo Aguilar y comentó que antes del derrame estaban elaborando un plan de reactivación turística junto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que deberán adecuar al cierre de playas.

“El impacto para ellos [los trabajadores de temporada de verano] sí va a ser largo, mientras que para otros negociantes podrían surgir de a poco”, sostuvo. 

Salud pública y financiera

Un tercer impacto podría darse, eventualmente, en materia de salud pública, advirtieron los economistas Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y Joanna Kámiche, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

“La pesca artesanal está acostumbrada a salir y pescar lo que encuentra. Si es de negro o de apariencia normal el pescado, es irrelevante para mucha gente que tiene ingresos de subsistencia. Parte del análisis de impacto, [debería considerar] no solo el daño al turismo o el daño productivo, sino, sobre todo, el daño a la salud pública del derrame que se da en el medio de la capital”, advirtió Adrianzén. 

En ese sentido, Kámiche subrayó la importancia de que el Estado fiscalice las capturas de pescado para consumo humano a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). “Si el agua está contaminada, probablemente los mariscos lo estén, y no estén aptos para consumo humano”, comentó, tras apuntar que el derrame hará que los pescadores pierdan sus fuentes de ingresos por varios días. 

Adrianzén llamó la atención, asimismo, sobre el impacto financiero que tendrá el derrame de petróleo de Repsol para el Perú como para la propia empresa. 

Para el Perú, el economista explicó que el derrame podría afectar su calificación de deuda. 

“Lo que ha sucedido en [Refinería] La Pampilla no es un evento aislado. Es business as usual en materia de defensa del medio ambiente en el Perú. Eso también va a tener efectos en la calificación de la deuda peruana”, dijo y subrayó que los estándares ambientales exigidos por un país son contemplados por los expertos en sus análisis de costos financieros. 

En tanto, para Repsol –que además de multas de hasta S/138 millones (US$35,5 millones), podría tener que asumir multas coercitivas por hasta S/460.000 (US$119.000) hasta que cumpla con los trabajos de remediación–, el derrame podría perjudicar su negocio en otros mercados, analiza Adriánzen. “Cualquier país sólido institucionalmente no va a aceptar a Repsol”, sentenció. 

Prioridad: remediar

Las fuentes consideran que, actualmente, el foco debería estar en la remediación ambiental del derrame. “La limpieza inmediata es fundamental para reducir el impacto económico en la pesca y el turismo”, dijo Kámiche. 

En esa línea, Grandez opina que de no acelerarse dicho proceso, el Estado debería tercerizar el servicio de remediación y transferir los costos a Refinería La Pampilla. “Es una acción urgente. Tanto el Estado como la empresa tienen que abocarse con exclusividad a reparar este desastre ambiental en el que estamos viviendo”, enfatizó. 

Según declaró hoy la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, “al parecer” Repsol no tendría un plan de contingencia para remediar un derrame de esta dimensión. Sin embargo, la jefa de gabinete de ministros no explicó por qué, de ser ese el caso, las entidades fiscalizadoras y reguladoras no informaron antes sobre esa situación. 

Por lo pronto, la empresa ha comunicado que el derrame se debió a mareas inusitadas y que ha desplegado más de 1.500 barreras de contención en las zonas afectada. También señaló que ha dispuesto seis lanchas con brigadas de 50 personas para recuperar hidrocarburos con desnatadores tipo skimmer y material absorbente especial. Además, dijo que más de 200 personas efectúan labores de remediación en las playas Cavero, Bahía Blanca y Santa Rosa.

Con la noticia de que la inflación en Colombia cerró el año de 5,62%, las preguntas que han quedado en el tintero es hasta cuándo seguirá ese fenómeno en el país y si debe ser una preocupación para la recuperación económica.

En su último informe, el centro de estudios económicos de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif) apuntó que esto estará en la agenda económica en 2022 por cuenta de los efectos de la recuperación económica y, en el caso de Colombia, las elecciones.

Asimismo, Anif destacó en un informe que el comportamiento el alza de los precios se ve reflejado en mayor magnitud en los hogares más pobres, lo que traería también efectos preocupantes en los niveles de pobreza en el país, como lo contó en días pasados Forbes Colombia.

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“En efecto, puesto que el peso de los alimentos y bebidas es más alto en las canastas de los hogares de más bajos ingresos, su tasa de inflación, en este caso, es más alta que el promedio nacional. Así, tanto los hogares pobres como los vulnerables tuvieron una inflación anual de 6.85%, 1.23pp por encima del resultado nacional. En contraste, los hogares de clase media reportaron una tasa anual de 5.78% y los de altos de ingresos de 4.39%”, apuntaron.

¿Qué va a pasar?

En medio de este panorama, lo que pronostica Anif con respecto al comportamiento de la inflación es que el país cerrará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 3,87%.

Según Anif, los factores como los efectos de la recuperación económica en Colombia, que todavía no se ha notado en todas las actividades de la economía, así como el contexto internacional de crisis de suministros, pueden mantener alta la inflación en el transcurso del año.

“Hay factores adicionales para tener en cuenta que de alguna manera repercutirán en el nivel de precios a los consumidores como lo es la elección presidencial en Colombia que, para esta ocasión, se ha caracterizado por su alto grado de incertidumbre, así como también la continuación en la recuperación de los demás indicadores económicos”, dice el documento.

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A menos de dos meses de que concluya el plazo para arrancar el plan piloto de criptomonedas, cuatro de las nueve iniciativas incluidas en el mismo ya están andando. Precisamente la última de ellas anunció el inicio de operaciones hoy: se trata de la alianza entre Binance, el exchange de cripto más grande del mundo, y Davivienda.

“Esto representa una gran oportunidad para demostrar que vamos por el camino correcto, siguiendo lo que dijo nuestro CEO, CZ, que iremos por todas las oportunidades que tengamos de obtener licencias alrededor del mundo. Colombia significa la primera de este tipo en Latam, y representa un gran avance y precedente en la región”, señaló el director de operaciones de Binance para Latinoamérica, Maximiliano Hinz.

La alianza entre Binance y Davivienda, que apribada hace un año, inició sus operaciones el pasado diciembre y espera captar a cerca de 7,000 usuarios quienes podrán realizar actividades de cash in y cash out (depósito y retiro de recursos) utilizando las cuatro criptomonedas autorizadas por la Superfinanciera: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Bitcoin Cash (BCH).

Una vez terminado el periodo de prueba, las expectativas de Binance apuntan a llegar al máximo posible de usuarios en Colombia hasta lograr la cobertura del 100% de existentes. Al miso tiempo, esperan captar a nuevas personas interesadas en conocer el mundo crypto, pues el país es “uno de los más fuertes en la región de Latinoamérica en cuanto a uso de criptomonedas y número de personas activas”.

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