La última vez que el país llegó a un consenso para definir ese incremento fue en 2019, pero sin la aprobación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y la Confederación de Pensionados de Colombia.

Este miércoles, el presidente Iván Duque, acompañado de empresarios y representantes de trabajadores, firmó el decreto que le da vía libre al incremento del salario mínimo para el próximo año y con eso se convierte en la octava vez en 24 años que se llega a un acuerdo para ese incremento.

Si se mira en detalle, la última vez que Colombia llegó a un acuerdo con el salario mínimo fue en el 2018 y el 2019, cuando buena parte de los miembros se pusieron de acuerdo a excepción de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CDP).

Con eso, en los últimos 24 años Colombia llegó a un acuerdo con respecto al aumento del salario mínimo en 1997, 2003, 2005, 2011, 2013 (sin la CUT), 2018 y en 2019, estos últimos dos sin la luz verde de la CUT y la CDP.

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Para este año en particular, los empresarios y las centrales obreras se pusieron de acuerdo para que el aumento fuera de 10,07% para el salario mínimo y también el auxilio de transporte, por lo que en total ese monto quedaría en $1’117.172, que empezaría a regir a partir del próximo año.

El debate

Aunque los trabajadores, los empresarios y el Gobierno celebraron el acuerdo del incremento del salario mínimo, algunos expertos se han manifestado en contra del incremento que podría tener un efecto en la inflación y abriría más la brecha entre los empleados formales e informales.

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Uno de los contradictores fue Fedesarrollo que manifestó que un incremento por encima del 7,5% podría ir en contravía del empleo. En ese sentido, Luis Fernando Mejía, director de ese centro de estudios dijo en días pasados que “eso pondrá en riesgo la recuperación del empleo formal, especialmente en aquellos sectores económicos que aún no han retornado a sus niveles prepandemia, como el de la construcción, y en aquellos municipios de ingresos bajos y medios, especialmente los rurales, en donde la incidencia de la informalidad laboral supera ampliamente la ya excesiva tasa del 63% en el total nacional“, dijo.

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Por su parte, el centro de estudios de Anif también apuntó que la carga para los empleadores podría afectar la recuperación de la economía. Según un documento que publicó recientemente, por cada punto por encima del 7% que se suba el salario mínimo la carga para los empleadores privados sería de $527.000 millones.

Sin embargo, Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario apunta que ese incremento “es una compensación de los sacrificios de derechos laborales para la protección del empleo en la crisis económica y sanitaria de 2020, aunado a la productividad positiva y la necesaria recuperación de la demanda agregada y el poder adquisitivo de los trabajadores en la reactivación económica”.

Asimismo, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) dijo que este es un momento clave para la recuperación, por lo que acuden a la solidaridad de los empleadores, teniendo en cuenta también la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

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