Las decisiones del Banco de la República sobre la tasa de interés genera, entre otras, un impacto en el costo del crédito, que se incrementará con fuerza especialmente en el segundo semestre del año.

El apretón monetario del 2022 en Colombia ya empezó. El viernes pasado, la Junta Directiva del Banco de la República subió la tasa de interés de intervención en 100 puntos básicos, como no lo hacía desde el 2003. Como en diciembre pasado la Junta ya había elevado la tasa de interés en 50 puntos básicos, ahora quedó en 4,0%. Sin embargo, sigue por debajo de la inflación, así que se trata de una tasa de interés real negativa, lo que significa que es apenas el primero de los incrementos que vienen. ¿Cuáles son las implicaciones?

En primer lugar, la Junta Directiva del Banco de la República consideró que el crecimiento del 2021 -que se espera cercano al 10%- fue muy bueno, así que la economía Colombia está cerca de estar trabajando a su potencial. Por tanto, no se necesitarían estímulos adicionales para mantener el ritmo, ya que la inflación está por encima de la meta del Banco y alcanza actualmente el 5,62%.

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Además, como las estimaciones sugieren que la inflación podría llegar al 7% durante este primer trimestre del año, la decisión de la Junta Directiva busca proteger el poder adquisitivo de la moneda y frenar el efecto nocivo que la inflación tiene, especialmente en las personas de más bajos ingresos.

Precisamente por lo anterior, lo cierto es que la Junta del Banco de la República elevará la tasa de interés de intervención al menos un par de veces más a lo largo de éste mismo semestre. El consenso de los analistas es que la subida de tasas de interés de la semana pasada es apenas el primer escalón para llegar a una tasa de interés cercana al 6% a mediados de éste mismo año. De ser así, en las próximas reuniones deberíamos ver nuevas alzas de entre 50 y 75 puntos básicos en cada una.

En este panorama, el costo del crédito se incrementará con fuerza, especialmente en el segundo semestre del año, dado que las intervenciones de política monetaria como esta suelen tomar alrededor de 7 meses en tener efectos completos. Como resultado, el inicio del próximo gobierno estará acompañado de un menor dinamismo del crédito, el cual fue la clave de la buena reactivación económica del 2021, como vimos hace un par de semanas.

Esto, a su vez, significará que el repunte del consumo tendrá una velocidad menor a partir del segundo semestre de este año, y, como el consumo explica 85% de la producción interna colombiana en un año típico, veremos cifras de crecimiento económico más bajas. Hoy la perspectiva es que el crecimiento nacional del 2022 esté por los lados del 4,3%, y que para 2023 sea del 3,8%.

Simultáneamente, con un freno sobre la actividad económica, es posible prever que se resentirá la velocidad de recuperación del empleo. Este es un elemento crucial pues, infortunadamente, a pesar del impulso monetario y de los esfuerzos nacionales, en el 2021 solamente se recuperó el 35% de los empleos que se perdieron durante el 2020. La perspectiva monetaria del país hará que esté sea un reto más complicado durante el año que viene por delante.

En cualquier caso, la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República también puede convertirse en un mayor incentivo a la inversión extranjera. El alza local podría compensar las próximas subidas de tasas de interés internacional y contribuir a financiar el enorme déficit del sector externo colombiano, que se espera que haya cerrado 2021 cerca del 5.7% del PIB. De ser así, se podría moderar el comportamiento del dólar hasta pasada la incertidumbre electoral.

El mensaje de la Junta Directiva del Banco de la República fue claro sobre su independencia y sobre la prioridad que le da al control de la inflación. En los próximos meses se irán materializando los efectos y, por lo pronto, la primera conclusión es no dejar para mañana el crédito que se puede tomar hoy.

Por: Germán Darío Machado Rodríguez* 
Twitter: @gmachrod 
*El autor es economista con opción en Gobierno, Magíster en Economía y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes. Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y del Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA. Ha sido miembro de Juntas Directivas de empresas del sector energético y del sector financiero colombiano y se ha desempeñado como Asesor del Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

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