¿Cómo recuperar el empleo en plena pandemia, según la Misión de expertos?

El mercado laboral colombiano funciona mal; o al menos así lo resumió Santiago Levy, uno de los directores de la Misión de Empleo, quien a principios de enero presentó los resultados de más de un año de investigaciones sobre uno de los problemas más viejos de Colombia y que todavía sigue sin resolver: el acceso al empleo.

“Su mal funcionamiento se refleja en las dos dimensiones mencionadas: en la de bienestar social, ya que la mayoría de los trabajadores tienen condiciones laborales precarias, con pocas oportunidades de mejora, con ingresos bajos e inestables; y con cobertura errática o incompleta contra riesgos”, dice el informe ejecutivo de la Misión.

El informe que presentaron está compuesto por cinco documentos y un resumen ejecutivo en los que se exploran diferentes aristas del complejo mercado laboral colombiano y en el que se destaca, sobre todo, que el país lleva al menos 30 años haciendo cambios desarticulados en el mercado laboral que le han puesto aún más difícil la tarea a los gobiernos que llegan con la intención de reducir la informalidad o fomentar el acceso a protección social.

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“El hecho de que uno de cada diez integrantes de la fuerza de trabajo esté desempleado, que seis de cada diez ocupados estén en la informalidad –entendida como la ausencia de contribución a la seguridad social—, y que ocho de cada diez empresas tengan entre uno y tres trabajadores, y no observen las regulaciones sobre salario mínimo y aportes a la seguridad social, es reflejo de un mercado laboral disfuncional”, dice la Misión en su informe.

De hecho, además de que la mitad de los ocupados en Colombia está en la informalidad –subraya la Misión de Empleo–, el 97% de las empresas colombianas tienen de uno a tres trabajadores y el 81% de ellas son informales.

Eso se traduce en que de los cerca de 20 millones de personas que tiene Colombia ocupadas en el mercado laboral, una buena parte de ellos no aportan a la seguridad social, especialmente a pensión, lo que de entrada deja desamparados a empleados a la hora de ahorrar para su vejez y al mismo tiempo le pone una carga importante a la Nación.

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Ese desequilibrio en el mercado laboral se explica porque desde 1991 y hasta 2019, el país ha hecho 93 cambios a través de leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional, lo que hace aún más compleja la situación para empresas y trabajadores. En promedio, se hacen 3,2 cambios al año o uno cada 4 meses, apunta la Misión.

Entre las consecuencias de esos cambios y de los pocos incentivos que tienen las empresas para formalizar a sus empleados, está que en 2019, el 10% de la población en edad de trabajar estaba desempleada. De los ocupados, 62% eran informales, 51% ganó menos de un salario mínimo y los formales se concentraron en los deciles de ingresos altos.

Asimismo, se ve que entre el 2009 y 2020, el tiempo en el que permanecen los colombianos en la formalidad fue de menos del 50% del tiempo posible a partir de su primera entrada, pero fueron mayores para trabajadores de más altos ingresos.

Las salidas

¿Pero qué se puede hacer? Con ese panorama, los expertos plantearon una serie de cambios que debería hacer el mercado laboral de forma gradual que incluyen ajustes en la forma en la que se concibe el sistema de protección social, el tributario y el marco regulatorio.

Como lo explicó el colombiano Darío Maldonado, profesor de la Universidad de los Andes y quien también dirigió la Misión de Empleo, los documentos que se le entregaron al Gobierno trazan un camino por el que se puede andar y con el que se vislumbran cambios que pueden tardar décadas.

“No se trata de ver solamentemedidas a corto, mediano y largo plazo, sino ver que podemos empezar a solucionar el problema del mercado laboral con propuestas mucho más integrales”, dijo Maldonado durante la presentación de resultados a la que asistieron periodistas y asesores del Gobierno.

Por eso es que los expertos insistieron tanto en la presentación de resultados, así como en los informes que entregaron, que los problemas del mercado laboral son estructurales, profundos y vienen de raíz, por lo que una sola reforma no es suficiente.

Eso sí, plantearon que las prioridades son resolver dos principales problemas: que todos los trabajadores colombianos tengan acceso a seguridad social y que se reduzcan los obstáculos que vienen de la regulación laboral y la protección social que obstaculizan la generación de empleos más estables y mejor remunerados.

Estas son algunas de las principales ideas que dejó la Misión de Empleo.

Un marco regulatorio más simple

Colombia tiene un marco regulatorio sumamente complejo que ha lleva- do a que haya desincentivos para la formalidad y la permanencia en el mercado laboral formal.

Por eso plantean que los ajustes que se hagan del mercado laboral se hagan desde una visión más universal. Es decir, que se tenga una hoja de ruta más global que articule no solo al Gobierno sino también a las ramas judicial y legislativa, así como a los trabajadores y a los empleadores.

Uno de los puntos que resaltan que se debe ajustar es la forma en la que se categorizan a los trabajadores. “Se acostumbra a utilizar las expresiones trabajador dependiente, por un lado, y trabajador independiente, o por cuenta propia, por el otro, como si fuesen caracterizaciones permanentes de un individuo durante toda su vida laboral. No es así; se trata de ocupaciones y estatus transitorios, y por ello es mejor referirse a trabajadores que a veces se ocupan en empresas, a veces trabajan solos, y a veces están desempleados; y, en paralelo, a trabajadores que a veces están en la formalidad y a veces en la informalidad”.

Para la Misión, se debe pensar en unas leyes que sean más flexibles y más inclusivas, con el fin de que las personas de más bajos ingresos y que muchas veces no alcanzan a conseguir el mínimo para entrar al sistema de protección social, estén más protegidos.

Protección social más universal

En línea con eso, uno de los principales planteamientos de los expertos es que Colombia piense un sistema de protección social en el que todos puedan entrar. “Para avanzar hacia la universalidad, la Misión considera necesario separar los programas de protección social que están inherentemente asociados a la relación de dependencia y subordinación entre empresas y trabajadores, de los que son ajenos a esa relación”.

Eso en la práctica implicaría que las personas con mayores ingresos ayuden solidariamente a subsidiar un sistema más universal de protección para atender a los más desfavorecidos, lo que se haría a través de una reforma tributaria. “Los subsidios se canalizarían durante la vida activa de los trabajadores y estarían expresamente contenidos en el presupuesto público, sin generar pasivos contingentes para el Estado”, dice el documento.

Para eso proponen que haya una sobretasa al impuesto sobre la renta personal mientras las personas tienen, por ejemplo, entre 18 y 65 años; “en el entendido que los recursos recaudados no formarían parte de la recaudación general, sino tendrían como destino especifico la pensión de retiro de cada aportante; de hecho, esto establecería un incentivo para cumplir con ese impuesto”.

La Misión también plantea que se eliminen los cuatro sistemas de pensiones que tiene actualmente el país y se haga uno nuevo que funcione de forma más eficiente y simple. Esa es una de los principales fuentes de inequidad en Colombia.

“Es altamente conveniente pensar en un solo sistema de pensiones de retiro para todos, constituido por dos elementos: una pensión universal ciudadana financiada de la tributación general y una pensión complementaria para aquellos que trabajaron antes de su retiro financiada con sus propias contribuciones (con subsidios cuando los trabajadores tienen bajos ingresos)”, dicen.

El seguro de desempleo

Ahora, como parte de la idea general en la que todos deberían caber en
el sistema de protección social, los expertos también proponen que haya unos ajustes a todos los mecanismos que tiene el mercado laboral para proteger a las personas cuando se quedan sin empleo o están en condi- ciones de vulnerabilidad.

Para eso proponen que se cree un seguro de desempleo de mayor cobertura y generosidad que el actual Mecanismo de Protección al Cesante; también que las cesantías se destinen a su propósito original y que haya compensaciones automáticas de entre uno o dos meses de salario en caso de separaciones originadas por la empresa por causas justas con la importante salvedad de que los shocks de demanda y los cambios tecnológicos sean incluidos dentro de esas causas.

Para el caso del seguro de desempleo, la Misión sugiere que una mayor parte de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar sean utilizados en las personas que se queden sin empleo. “Aquellas actividades ajenas a la relación entre empresas y trabajadores se deben financiar a través de la tributación general o, en algunos casos, con tarifas por prestación de servicios”.

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El salario mínimo

Ahora bien, si el salario mínimo se tiene en cuenta como umbral para que las personas aporten a seguridad social, especialmente a pensión, la Misión de empleo dice que esto debe cambiar si se quiere pensar en un sistema de protección más universal.

“La pensión ciudadana sería la pensión mínima, no habría contribuciones para la salud; y las que se hacen para la pensión de retiro complementaria, y para los seguros de vida e incapacidad, serían proporcionales a los ingresos, con independencia de su fuente, nivel o volatilidad”, propone la Misión.

La idea es que el salario mínimo se vea solo como un piso de ingreso de trabajadores a una empresa, por lo que el incremento anual sea definido durante algunos años por la inflación y no como se hace actualmente, en el que también se tienen otros factores como la productividad.

Con algunas ideas sobre la mesa, en las que la prioridad es equilibrar la cancha para que más personas ingresen a la formalidad laboral y también estén cobijadas por un sistema de protección más robusto, el camino que queda es que se empiecen las conversaciones sobre el mercado laboral desde este y los próximos gobiernos.

Por lo pronto, Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, convocó algunas mesas de discusiones en las que empezará a explorar algunas de las recomendaciones para ver salidas.

Y, por supuesto, este informe les queda de tarea a los partidos políticos, congresistas y para el o la que llegue al poder el próximo 7 de agosto en Colombia.

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