Censo electoral y programas sociales: ¿hay descuadre presupuestal?

Esta semana las conversaciones giran alrededor de las elecciones del domingo pasado. Los resultados ya empiezan a definir el rumbo futuro y a marcar las probabilidades de mayo y junio, incluso, a pesar de la baja participación electoral. Esta vez, de acuerdo con la Registraduría, la abstención superó el 53%, lo que significa que, frente a las elecciones del 2018, la proporción de la votación disminuyó.

Este domingo la votación alcanzó 18 millones de personas de un censo electoral de 38.8 millones, que incluye a cerca de 900 mil colombianos habilitados para votar en el exterior. Sin embargo, la verdad es que el censo poblacional es significativamente diferente al electoral. Según el Dane, Colombia tiene solamente 35.8 millones de edad, dado que la población total es de 49.8 millones. Esta notoria diferencia, que es de al menos 2.1 millones de personas, incluso más allá de las elecciones tiene efectos económicos muy importantes sobre el Presupuesto Nacional y los indicadores nacionales. ¿Qué implica ese descuadre?

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Para empezar, es necesario tener claro que la población reportada por el Dane es la que, en general, se considera oficial para todos los efectos en el Gobierno Nacional. Utilizando esa información se calculan, por ejemplo, las necesidades de cobertura de los programas sociales y el presupuesto necesario para sacarlos adelante. Además, es con la población del Dane con la que se estiman indicadores como el nivel de pobreza, el ingreso per cápita y la tasa de desempleo, por ejemplo. Por tanto, las diferencias que existan en los reportes población adquieren enorme relevancia.

Sin embargo, en ocasiones hay diferencias llamativas que se hacen notorias en los instrumentos que toman la cifra población como base de los cálculos. Por ejemplo, el presupuesto del Sistema General de Regalías y su distribución consideran una población de más de 51 millones de personas, sobreestimando las necesidades de algunos Departamentos.

Lo mismo sucede en el Sistema General de Participaciones, en el que se realizan pagos y giros que dependen directamente de la población de cada uno de los municipios del país. Según las cifras oficiales, el año pasado se distribuyeron $47.6 billones, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, a partir de una cifra de población que hace 2 semanas el Dane reconoció equivocada y que hoy se considera que ha estado sobreestimada durante, al menos, los últimos 14 años.

Esta misma dinámica se observa en la programación del Presupuesto General de la Nación en el que las necesidades de cobertura de programas sociales y de brechas de servicios públicos, por ejemplo, se ha realizado en los últimos años sobreestimando la población colombiana. Así, por ejemplo, oficialmente el Ministerio de Salud y Protección Social reportó que la cobertura del aseguramiento en el sistema de salud cerró el año pasado con 50.8 millones de afiliados certificados, es decir, 1 millón de personas más que la población total de Colombia, incluso sin tener cobertura total. Solamente esto último implicaría una diferencia anual de más de $1 billón de gasto adicional, contabilizando únicamente los pagos realizados a las EPS.

Así, en caso de que la reciente cifra divulgada por el Dane sea correcta, que es lo más probable dado su extraordinario nivel técnico, es claro que las ejecuciones presupuestales del pasado deben revisarse pues se habría realizado un gasto contabilizando personas que no existieron. Además, implicaría que son equivocados los números del censo electoral y las últimas proyecciones de los presupuestos en el país. Conocer cuál es la verdadera población colombiana es un elemento crucial, que va mucho más allá de las elecciones.

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Por: Germán Darío Machado Rodríguez* 
Twitter: @gmachrod 
*El autor es economista con opción en Gobierno, Magíster en Economía y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes. Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y del Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA. Ha sido miembro de Juntas Directivas de empresas del sector energético y del sector financiero colombiano y se ha desempeñado como Asesor del Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

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