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Las liquidaciones en salud: arma de doble filo

¿La liquidación de una EPS es una muestra de trabajo contra la corrupción? Lo cierto es que no. ¿Qué ocurre entonces con este tipo de decisiones?

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Las recientes liquidaciones ordenadas por el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, respecto de Coomeva EPS y Medimás, han sido celebradas como un ejemplo más de los éxitos de este gobierno en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud. Esa mirada admite algunas reflexiones, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de empresas enormes, que mueren de un día para otro por decisión burocrática.

El tema, desde el punto de vista del tejido empresarial, no es menor. Volveré enseguida sobre las bondades o riesgos de este tipo de medidas, pero antes debe aclararse que las liquidaciones de EPS no son invento ni exclusividad del gobierno Duque. A principios de siglo existían más de 250 EPS; ahora hay 33 y buena parte de esa reducción se debe al esfuerzo continuado de sucesivos gobiernos por liquidar las que no cumplían los requisitos de habilitación. 

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Aristizábal llegó a decir hace algunas semanas en El Espectador, a propósito de la liquidación de Coomeva EPS, que “la pregunta del millón es por qué el gobierno anterior en ocho años no liquidó ninguna EPS…”, sabiendo perfectamente que durante el mandato de Santos, entre 2010 y 2018,  se liquidaron por lo menos ocho, entre ellas, Saludcoop, la joya de la corona para los críticos del sistema. Las 13 liquidaciones de EPS de las que se precia este gobierno son prueba de que ese esfuerzo se ha continuado y acelerado, pero no es necesario acudir a la mentira para subrayar el punto.

Tampoco es cierto que las liquidaciones sean una medida contra la corrupción. Sirven quizá para otra cosa, pero ningún bandido termina en la cárcel o sancionado o despojado de su patrimonio a raíz de una liquidación ordenada por la SuperSalud. Las muchas o pocas liquidaciones en un período determinado nada dicen ni a favor ni en contra de la pureza o el celo fiscalizador del Superintendente de turno contra los ladrones. Para esos efectos, ese funcionario cuenta con otros mecanismos poderosos, como las multas, las suspensiones y las revocatorias de las licencias y habilitaciones, y es con base en ellos que hay que medir su eficacia contra los ladrones.

Una liquidación de EPS es otra cosa. Se trata de un instrumento técnico-jurídico para intentar proteger a los acreedores de una entidad cuando ésta no logra pagar sus deudas; para que la empresa no siga incurriendo en gastos operativos que le impidan cumplir sus obligaciones, la autoridad competente (la SuperSalud, en este caso), procede a frenar en seco su funcionamiento, y la consecuencia es que cesa la obligación de cumplir todos los contratos, y la única tarea, después de decretada la  medida, es inventariar los activos y pagar con su venta las deudas, priorizadas según la ley. Todos los expertos coinciden en que a una liquidación solo se debe acudir cuando no hay más alternativas.

Lo primero que sucede con una liquidación es que muchas personas pierden su empleo súbitamente; en el caso de Medimás, 8.000 empleados de esa entidad se quedaron sin puesto. Y muchas más lo pierden de manera indirecta, especialmente los trabajadores de la salud que prestan sus servicios a entidades prestadoras que tenían contrato de exclusividad con la EPS liquidada, o que dependían de ésta en grado sumo. Podría pensarse que las EPS que reciben a los afiliados trasladados desde de la liquidada podrían eventualmente contratar con esas clínicas y hospitales, lo que les permitiría entonces sobrevivir, pero en la práctica eso casi nunca sucede: la EPS receptora prefiere seguir con su propia red, propia o contratada, no con la del competidor quebrado. Las redes de cada EPS son en el fondo un tejido de confianza construido durante años. No tiene sentido que Sanitas contrate a una clínica ortopédica que solo trabajaba con Medimás, para poner un ejemplo con nombres propios.

Además de lo laboral, una liquidación pone en aprietos, y con frecuencia arruina, a muchas entidades prestadoras de salud, usualmente medianas o pequeñas, que tenían un vínculo histórico y preponderante -a veces, exclusivo-, con la EPS liquidada. En los medios poco se habla, por ejemplo, de las muchas clínicas y centros especializados que tuvieron que cerrar en Cali y el Vallle a raíz de la liquidación de Coomeva, una organización insertada como pocas en el tejido social, emocional y empresarial de la región. Para ese tipo de entidades de salud, es preferible tener relaciones continuadas con una EPS, aunque pague tarde y mal y poco, que no tener relación alguna, y por tanto no recibir nada, que es justamente lo que sucede con una liquidación.

Por otra parte, las liquidaciones no garantizan que a los acreedores se les pague. Aunque se han hecho enormes esfuerzos para fortalecer financieramente a las EPS, aún hoy y con frecuencia sus activos (que es lo único que les queda cuando, por la decisión de liquidarlas, dejan de percibir ingresos) no alcanzan para pagar un porcentaje al menos digno de las deudas.

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Entonces, ¿Si una liquidación produce todos estos efectos negativos, en qué casos se justifica? Pues se justifica cuando está claro que a los pacientes les va a ir mejor en otro lado. Esa es una razón válida y poderosa, pero siempre incierta. Va a ser necesario hacer esa evaluación con el paso del tiempo, pero los indicios existentes señalan que en algunos casos ese objetivo se logra, y en otros no.

El caso de Saludcoop es un buen ejemplo de esto último: su liquidación se celebró en 2015 como un gran hito positivo y necesario, pero sus pacientes desde aquel entonces fueron trasladados a Medimás (tras un breve y accidentado paso por CaféSalud), la empresa que se creó a las volandas para recibirlos; precisamente ahora se liquida Medimás con el argumento oficial de que la atención era  pésima. De ser cierto ese argumento, queda claro que a los pacientes de Saludcoop no se les mejoró la situación con la liquidación de su EPS original.

El Superintendente Aristizábal ha defendido con argumentos sólidos sus recientes decisiones. Pero también es cierto que le fue fácil ordenar las liquidaciones porque durante años impidió que estas EPS, ahora liquidadas, pudieran competir en condiciones de igualdad con las demás EPS, pues les mantuvo, sin claro sustento, una prohibición para que pudieran afiliar nuevos usuarios. Es decir, las fue secando gradualmente, en una especie de muerte lenta, que facilitaba la estocada final. En otras palabras, si la liquidación es la eutanasia de una EPS, a esa situación se llegó, no solo por los errores propios de los administradores, que lucen evidentes, sino también por errores en el tratamiento ordenado por el médico.

Lo cierto es que con las liquidaciones, también alguien gana: ganan, en el caso de que ello suceda, los pacientes que quedan en manos de una mejor EPS, ganan las EPS receptoras que, sin invertir un peso en gestión comercial, reciben como maná del cielo y por virtud del bolígrafo cientos de miles de afiliados, y eventualmente ganan los prestadores afiliados a la red de esas receptoras, que tendrán más pacientes y más contratos. No es, pues, una decisión neutra ni para perdedores ni para ganadores.

Finalmente, al menos en el caso de Coomeva y Medimás, queda el sinsabor del sentido de la oportunidad en la toma de la decisión: a pocas semanas o días de las elecciones, y cuando la medida de intervención administrativa con la cual se aspiraba a salvarlas aún no culminaba su vigencia.

Con todas esas luces y sombras, cabe preguntarse si existen alternativas mejores. Estoy ahora convencido de que una inyección de buena gerencia y capital fresco puede ser mejor que una liquidación, pero esa posibilidad es hoy más remota, porque al inicio del gobierno Duque se promovieron en diversas leyes una serie de medidas hostiles y amenazantes contra quienes quisieran apostarle al sistema de salud: una maraña de normas sancionatorias ambiguas y discrecionales que ponen intranquilo al más arriesgado empresario o a la más sólida y transparente organización experta en salud, que prefiere irse con su capital y su experticia a otro sector o a otro país, antes que someterse al riesgo de interpretaciones amañadas en un sector en el que todos los organismos quieren lucirse en la prensa a costa de la reputación de otros.

El futuro del sistema está ahora en manos de las pocas EPS que van quedando, para las cuales es más costoso irse que seguir corriendo este riesgo. Pero lo están corriendo, y por eso, se merecen nuestro agradecimiento.

Por: Gustavo Morales*
*El autor es abogado. Fue Superintendente de Salud, se ha desempeñado como presidente de Acemi y de Afidro, además como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y de la Federación de Aseguradores Fasecolda.

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