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¿Quiénes se podrán pensionar en Colombia?

La necesidad de un revolcón al sistema pensional ha sido el tema favorito en los últimos meses, sobre todo en temporada de elecciones. Algunos plantean una mesada mínima para los adultos mayores, otros unos cambios en Colpensiones o los fondos privados. ¿Cuál debería ser la salida? Forbes presenta algunas pistas.

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Decir que apenas 1,7 millones de adultos mayores logran pensionarse en un país de seis millones de personas que ya tienen la edad para jubilarse es cuento viejo. Aún así, el sentido de urgencia de reformar este modelo se ha vuelto uno de los temas favoritos de la campaña presidencial y el camino que se debería seguir es todavía incierto.

Garantizar una cobertura universal, eliminar Colpensiones o los fondos privados de pensiones, y hasta otorgar una mesada mínima para todos los colombianos han sido algunas de las propuestas que han agitado la palestra pública y que se han planteado como una salida a una crisis que viene desde hace varios años y que se repite en otros países del mundo.

Pero para entender la hoja de ruta que algunos han trazado, hay que dimensionar qué es lo que tanto le preocupa a expertos, políticos, e incluso al mismo Gobierno.
En Colombia hay principalmente dos regímenes con los que las personas se pueden pensionar: el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en donde están los fondos privados de pensiones. A eso se le suman otros modelos especiales que dejaron de funcionar, pero donde aún quedan algunos pensionados como profesores y miembros de la fuerza pública, entre otros.

Para el Régimen de Prima Media las personas se deben pensionar con 1.300 semanas trabajadas y una edad de jubilación de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Y en el RAIS son necesarias 1.150 semanas y un ahorro con el que se pueda financiar el pago de una mesada equivalente al 110% de un salario mínimo.

¿Cuál es el problema?

Lo que muestran las cifras y lo que apuntan los expertos es que los dos sistemas compiten entre sí, hay muy pocas personas que logran pensionarse y se están subsidiando pensiones altas que, entre otras cosas, abren un hueco fiscal que agrava la situación de las cuentas nacionales.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), actualmente hay seis millones de personas en edad de pensión en Colombia, pero solo 1,7 millones logran pensionarse por vejez, invalidez o sobrevivencia.

Además de eso hay otros 1,7 millones de adultos mayores que logran acceder al programa de Colombia Mayor, el cual le gira $85.000 al mes a aquellas personas que no pudieron acceder a una mesada pensional.

Con ese panorama, los cálculos de Asofondos apuntan a que, si no se hace nada para cambiar el sistema de pensiones, para 2055 habrá 7,5 millones de adultos mayores que no tendrán cobertura de jubilación.

Lea también: ¿Qué se puede hacer con las pensiones? Esto propone Fedesarrollo

Otra de las preocupaciones, que explica parte de la falta de cobertura del sistema pensional, es que alrededor de la mitad de la población colombiana ocupada es informal, es decir que no aporta a la seguridad social, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Para Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores, exviceministro de empleo y pensiones y expresidente de Colpensiones, el gran problema de ese sistema es que hay muy baja cobertura a la vejez en la actualidad.

Eso se traduce en que pensionarse en Colombia es un privilegio al que pocos tienen acceso y el panorama puede empeorar en los próximos años.

Para Guillermo Arthur, presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), si bien los fondos privados de pensión tienen buena rentabilidad, “si se revisa la pensión que van a recibir, no es tan buena por razones de informalidad, porque la gente no cotiza todos los meses. Y a eso se le suma que las expectativas de vida han crecido, y eso que ahorró se debe dividir en más años de vida”, apunta.

Teniendo en cuenta que el país ha mostrado esas malas señales del mercado laboral y el sistema pensional, el Gobierno impulsó la creación de una Misión de Empleo para encontrar salidas a un segmento que tiene problemas estructurales de informalidad, desempleo y brechas para mujeres y jóvenes.

De acuerdo con un análisis de los investigadores Marcela Meléndez, Francisco Alvarado y Marcela Pantoja para esa Misión, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hay un problema de diseño de los dos regímenes.

“Bajo sus parámetros actuales –tasa de aportes, tiempo de cotización, Ingreso Base de Cotización y tasas de reemplazo– las pensiones del RPM requieren grandes subsidios del Presupuesto General de la Nación (PGN): los ahorros de los trabajadores bajo una rentabilidad razonable no son suficientes para generar las mesadas pensionales que prevé el sistema. Las pensiones iguales a un salario mínimo reciben un subsidio que equivale a cuatro veces el ahorro realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral. Como proporción de la mesada pensional, estas son las pensiones que reciben el subsidio más alto. Las pensiones más altas reciben un subsidio que equivale aproximadamente a dos veces el ahorro realizado”, revela el documento de la Misión de Empleo.

En ese sentido, el centro de estudios económicos Anif también llamó la atención sobre la desigualdad que se ve en el sistema. Según cálculos de estos analistas, el aporte actual de los afiliados al RPM no es suficiente para financiar las mesadas pensionales que reciben, razón por la cual terminan siendo subsidiadas y financiadas con los recursos del PGN.

“Es decir, con recursos que pagamos todos los colombianos en impuestos, que hoy bordean los $40 billones. Según cálculos de ANIF con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2020, el 74% de esos subsidios, que son del RPM, beneficia al 20% más rico de la población, mientras que tan solo el 0,5% de los subsidios se dirigen al 20% más pobre de la población”, dice un análisis.
Con estas cifras preocupantes sobre la mesa, lo que apuntan varias voces académicas y también políticas es que la reforma al sistema pensional es un tema urgente, casi que en la misma línea de una tributaria, pues representa un problema social, económico y también fiscal. Así que al país le llegó la hora de buscar salidas a esta situación, antes de que no haya reversa.

¿Qué se puede hacer?

El sistema pensional colombiano se cambió hace casi tres décadas y, aunque desde ese momento hubo varias alertas sobre los efectos que podría traer al largo plazo, las proyecciones y diagnósticos que hacen desde varios centros de estudios es que el sistema es insostenible a mediano y largo plazo.

Solo basta mirar las proyecciones del Dane para ver que en 2050 habrá más personas que están al cuidado de otros, como niños o personas mayores que trabajadores en la fuerza laboral.

El problema con eso es que habrá más personas que necesitan una mesada pensional que los que estén cotizando. Y para el caso del RPM, eso se traduce en que lo que tiene que subsidiar el Gobierno con cargo al PGN será mucho mayor que los 40 billones de pesos anuales que se pagan actualmente.

Una de las propuestas más sonadas en medio de esta agitada discusión es la de la Misión de Empleo. A grandes rasgos, estos expertos proponen que haya una pensión universal.

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Lo primero que proponen es unificar la edad de pensión de hombres y mujeres. “Como se ha discutido, la edad más temprana de pensión realmente no beneficia a las mujeres”. Por eso plantean que se eleve para que esté en línea con la esperanza de vida del colombiano promedio.

Con eso ajustado, la Misión dice que se puede crear una pensión para todos los que trabajaron antes de su edad de retiro, que sin importar si trabajan menos o más años, tiene derecho a una pensión universal que se podría gestionar a través del programa de Colombia Mayor; esto implicaría aumentar el monto de esas transferencias.
Para financiar esto, la Misión calcula que el esfuerzo fiscal adicional es de máximo 7% del PIB si se otorga una pensión de igual al salario mínimo para los adultos mayores de 57 años o más. Eso podría bajar al 0,6% del PIB si solo aplica a cubrir el 25% de una pensión para personas que tengan más de 65 años. “Estos parecen números viables y permitirían trazar una ruta de mediano o largo plazo”, subraya la Misión.

Para los expertos, esta propuesta puede sacar de la vulnerabilidad a algunas personas que llegan a la vejez y actualmente no tienen una pensión porque no cumplen con los requisitos, los ahorros y las semanas cotizadas. Y para los que quieren tener una pensión más alta de la que otorga ese programa universal pueden acceder a varias alternativas como un ahorro sistemático voluntario que se traduzca en una renta vitalicia, como propuso Fedesarrollo el año pasado.

“El tránsito a un sistema contributivo de pensiones en el cual no haya contribuciones obligatorias requerirá, por supuesto, un esfuerzo de pedagogía inmenso, de manera que las personas sepan decidir cuánto ahorrar teniendo en cuenta el tamaño de la renta vitalicia deseada y la rentabilidad que es razonable esperar de ese ahorro. Es el tránsito a un mundo en el cual las pensiones contributivas no irían acompañadas de enormes subsidios para nadie. Los subsidios a las pensiones serían transparentes, iguales para todos, y se entregarían a través de la pensión universal ciudadana”, advirtió la Misión de Empleo.

Los centros de estudios de Anif y Fedesarrollo han planteado algunas propuestas que apuntan, igualmente, a garantizar unos ingresos mínimos para los adultos mayores con el fin de disminuir la vulnerabilidad y la pobreza de las personas en este rango de edad.

A su vez, Fedesarrollo propone que haya un pilar universal para las personas mayores de 65 años que no pudieron pensionarse y que reciban al menos $412.000 al mes. Y para los que tienen más posibilidades de ahorrar, que exista un esquema contributivo más flexible para que las personas ahorren para su vejez.

Por su parte, Anif coincide con los planteamientos de Fedesarrollo, y agregó en un informe recientemente que la financiación de un programa más robusto de protección a la vejez, como lo sería aumentar los montos de Colombia Mayor, así como hacer varios ajustes a ese programa, debe ser con impuestos generales a través del PGN y no “de recursos de las cuentas de ahorro individual de los trabajadores”, como se está planteando durante los debates presidenciales.

En ese sentido, los expertos consultados por Forbes Colombia coincidieron en que si bien se debe ajustar el sistema pensional por ser inequitativo e insostenible, este proceso debe pasar por un debate público para lograr que más personas entren al mercado laboral, accedan a un mínimo de pensión y se reduzca la vulnerabilidad y pobreza de algunos adultos mayores.

A este debate todavía le queda tela por cortar, pero lo cierto es que debe ser una conversación de todos. La situación es compleja y no se puede seguir dilatando la decisión sobre el futuro pensional del país.

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