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Red Forbes

¿Es conveniente eliminar la Procuraduría General de la Nación?

Opinión: “La mayor autonomía del juez y el fortalecimiento de la Fiscalía General en la causa anti-corrupción, va a permitir que los procesos en que se investigan estos hechos delictivos, no sean politizados por quien ostente la jefatura de dicho órgano de control”.

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Foto: Gobierno de Colombia.

Por: Juan Sebastián Villamil Rodríguez*

El presidente electo, Gustavo Petro, propuso suprimir a la Procuraduría General de la Nación para convertirla en una fiscalía especializada contra la corrupción, y a la par, designar más jueces de control de garantías y de conocimiento, para investigar los delitos que se cometan contra la administración pública. Dicha propuesta, no supone limitar la capacidad del Estado para investigar las conductas ilícitas de los funcionarios, por el contrario, pretende impulsar y fortalecer esta lucha, pues las autoridades judiciales, a diferencia de los procuradores, estarían libres de cualquier injerencia o presión política. La mayor autonomía del juez y el fortalecimiento de la Fiscalía General en la causa anti-corrupción, va a permitir que los procesos en que se investigan estos hechos delictivos, no sean politizados por quien ostente la jefatura de dicho órgano de control.

En una dirección opuesta, a través del decreto presidencial 1851 de 2021, el gobierno Duque creó 1200 cargos en la procuraduría, para nombramientos a dedo con una asignación salarial que oscila entre los 10 y los 30 millones de pesos; entre estos, 20 nuevos asesores directamente adscritos al despacho de la procuradora Margarita Cabello; esto, en medio de la crisis económica y social generada por la pandemia, y los respectivos efectos económicos que generó el obligado confinamiento, y que indicarían la necesidad de un estado más austero y enfocado a lo social; por el contrario, la reforma impulsada por Duque a la procuraduría, causó un gravoso costo fiscal y una mayor burocratización del Estado, así como la destinación de miles de millones para soportar las altas remuneraciones de estos nuevos puestos de trabajo, una tentación irresistible para aquellos corruptos que ven las entidades del estado como un botín burocrático para el pago de favores políticos.

Es importante recordar que el Consejo de Estado- —máximo tribunal de lo contencioso administrativo y juez natural de autoridades administrativas como la Procuraduría —, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos — Tribunal Internacional encargado de salvaguardar los derechos fundamentales en nuestro hemisferio—, resolvieron sobre la legalidad de las sanciones emitidas por el entonces Procurador General contra el exalcalde de Bogotá, hoy presidente electo, y reconocieron que ciertos derechos, como aquellos políticos y de libertad, sólo pueden ser restringidos a través del fallo de un juez, una vez estén garantizados los derechos de naturaleza procesal como la doble instancia, el derecho a un juez imparcial e independiente, el derecho a ser escuchado en juicio público, y el derecho a aportar pruebas, entre otros.

Dichas sentencias, emitidas por órganos judiciales independientes, evidenciaron la incompatibilidad intrínseca que existe entre algunas de las funciones del Procurador General de la Nación, con las obligaciones internacionales suscritas por Colombia. Así las cosas, ante el riesgo que supone la politización del poder sancionatorio del Estado, el derecho internacional ha impuesto algunos límites para que al ser ejercido se haga sujeto a ciertas reglas mínimas que eviten la arbitrariedad y abuso por parte de quienes ostentan poder. La regla más relevante impide que las autoridades que deciden sobre el destino de ciertos derechos considerados superiores dentro de la jerarquía de la constitución y el derecho internacional sean de carácter judicial y no administrativo.

Es así como la propuesta del presidente electo se circunscribe a un debate más amplio que, en nuestro contexto, inició cuando sus propios derechos políticos fueron arbitrariamente restringidos en 2013 por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; en un debate judicial que le daría reiteradamente la razón a quien pronto ocupará la máxima jefatura del Estado; y quien, siguiendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso denominado Caso Petro Urrego Vs. Colombia, pretende reformar el Estado para crear más jueces, y suprimir aquellas entidades administrativas que pecan por exceso de politiquería y por haber sido totalmente cooptadas por el poder político.

*El autor es experto en Derecho Constitucional y Juez de la República. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido conferencista invitado en la Corte Constitucional de Indonesia y el ministerio de justicia de Corea del Sur, y en universidades de Chile, Perú, España, México y la India.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes.

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