Este es el panorama que deja el proceso de empalme del nuevo gobierno

El equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro, presentó los resultados de sus cinco semanas de trabajo en los que, por primera vez, se presentan las alertas críticas que se encontraron dentro del desempeño del gobierno anterior, así como un semáforo de políticas públicas según el plan de gobierno del nuevo mandatario.

Al mismo tiempo, el documento, que será público para todo el país, cuenta con recomendaciones estratégicas para el primer semestre, propuestas para los primeros 100 días de gobierno y propuestas de reformas legales para llevar al Congreso.

“Este es un empalme sin precedentes, donde participaron las juventudes, poblaciones y movimiento social, indígenas, afros y campesinos. No solo se recogieron sus voluntades, sino que fueron contrastadas con la visión del país que gobierna hasta el 7 de agosto y que gobernará desde entonces”, dijo el coordinador del empalme de Gustavo Petro, Daniel Rojas.

Por su parte, Mauricio Lizcano, otro de los integrantes del equipo de empalme de Gustavo Petro, destacó que participaron más de 300 indígenas, afro y sectores protegidos por la Corte Constitucional. A su vez, es la primera vez que las regiones participan en un proceso de empalme con 45 asambleas

En cifras, el proceso de empalme involucró 2.853 personas, cinco semanas, 53.250 horas y 1.315 formatos de información. Además de un diagnóstico cualitativo de políticas públicas que se necesitan, lo que debe continuar y lo que no, así como lo que se debe construir, el equipo diseñó hasta 20 KPI que permiten establecer alertas de como funciona el estado.

Las alertas

En primer lugar, el equipo llamó la atención frente a la realidad fiscal del país, que fue calificada como preocupante. De ahí que la reforma tributaria se convierta en un proyecto imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno. Según Rojas, tendrá que reflejar un acuerdo nacional para revisar el nivel de recaudación, que se ubica por debajo del promedio de Latam y la Ocde.

Frente al desarrollo del catastro multipropósito, los miembros del equipo de empalme coinciden en que ha habido falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque para la no ejecución de recursos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que provoca que se reduzca la calificación crediticia del país, sabiendo que es necesario para avanzar en equidad fiscal y generar transformaciones del país rural.

Con respecto al déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc), aseguraron que es clave proteger el poder adquisitivo de trabajadores, y añadieron que un aumento gradual de $100 mensual en el valor de la gasolina no solo se siente en el bolsillo, sino que desconoce la realidad de los trabajadores.

El equipo también se refirió a la toma de la junta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), detallando su preocupación de que quede amarrada en momentos clave para la transición energética.

Otros temas delicados apuntan a frenar venta de Invercolsa y la entrega de licencias a las multinacionales para cultivos de cannabis, además de la firma del TLC con Emiratos Árabes Unidos y la auditoría a obras del deporte.

Panorama de políticas públicas

Una de la labores clave del equipo de empalme se centró en ubicar políticas públicas del gobierno de Iván Duque para dar continuidad en el nuevo gobierno o que deban revisarse al no corresponder con el programa de gobierno de Gustavo Petro, según explicó la ministra designada de Salud, Carolina Corcho.

En primer lugar, la ministra aseguró que la cartera de Hacienda debe mantener la política de transferencias monetarias en la pandemia, pero llamó la atención acerca de la desfinanciación que padece en estos momentos al no ser incluida en el Presupuesto General de la Nación para 2023.

Dicha desfinanciación se evidencia en el recorte de $10 billones en el área de Prosperidad Social, clave para garantizar los recursos que mantienen las ayudas. Al respecto, Corcho apuntó a dos vías para mantener estos subsidios: recaudar los recursos en la reforma tributaria o modificar el esquema de transferencias.

Además del ingreso solidario y subsidios del gobierno, las conclusiones del empalme apuntan a que se debe continuar con el programa de matrícula cero. No obstante, el nuevo gobierno se centrará en la propuesta de una reforma educativa para generar una política de gratuidad en educación superior.

Frente al plan de vacunación, Corcho destacó que debe fortalecerse aún más, sabiendo que 400 municipios no han llegado a 70% de vacunados. En paralelo, dicho esfuerzo demanda especial atención a los programas de atención primaria y búsqueda activa.

No obstante, el agro fue el primer sector que el equipo de empalme calificó como preocupante, asegurando que el pequeño campesino compite en desigualdad con los TLC de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que obliga a aumentar la protección al productos local.

Unido a ello, los resultados apuntaron al incumplimiento con los acuerdos del paro agrario de 2013, entr los que está pendiente el pago de compensaciones de la UE por la importación de lactosuero por $98.000 millones.

Al mismo tiempo, se habló de una contradicción en cuanto a la descapitalización Banco Agrario y promover desarrollo agropecuario. Al respecto, se hizo un llamado para que la institción sea un “banco público de primer piso de gran envergadura”, de acuerdo con Rojas.

Esto apunta a buscar vías para fondear la transmisión de recursos con crédito barato, tanto a economía agraria como popular y desarrollo de mipymes. Incluso, se resaltó que puede haber dos bancos públicos en ese propósito con desarrollo de banca Fintech y billeteras digitales.

Frente a la economía naranja, Corcho sostuvo que el nuevo gobierno reemplazará el proyecto teniendo en cuenta que “no lo terminamos de entender. Tenemos plena conciencia de que cualquier tipo de industria cultural requiere de la democratización de condiciones para crear valor, y son un lugar para generar riqueza y crédito barato y de fácil acceso”, añadió.

¿Reforma a la salud?

Durante la presentación del informe, Corcho mencionó algunos aspectos preocupantes en la cartera de salud que liderará desde el 7 de agosto, y sostuvo que los $20 billones de deuda de las EPS dejan al sector con una situación financiera crítica.

Incluso, se refirió al déficit presupuestal del sector, que llega a $4,5 billones para 2023. Al respecto, detalló que tiene que ver con decisiones de política pública para que las EPS tuvieran presupuestos máximos con las unidades de pago por capitación (UPC) y el NO pos, engrosando los giros hacia las mismas.

A su vez, la ministra designada recalcó que, de 30 EPS, 17 no cumplen condiciones financieras para manejar recursos, representando 10 millones de usuarios que se van a trasladar. De ahí que la reforma a la salud sea, bajo su concepto, “la manera de enfrentar la realidad de un sistema que empezó con 200 intermediarios, dejando endeudadas a las clínicas”.

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