¿Cuál va a ser el futuro de la Procuraduría en la era Petro?

El pasado 5 de julio, el presidente Gustavo Petro dejó entrever que una de sus primeras decisiones contemplaría la radicación de un proyecto de ley para eliminar la Procuraduría General de la Nación, para pasar las funciones de esta institución directamente a la rama judicial. Sin embargo, el nuevo mandatario matizó la dureza de sus declaraciones dos días después, afirmando que su propósito no es eliminar la institución, sino empoderarla.

“No echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligados a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”, explicó Petro en su momento, añadiendo que será un tema gradual y que irá en cumplimiento con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data del 8 de julio de 2020 y que se refiere a la facultad de imponer sanciones y destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular, como ocurrió con el mismo presidente electo en diciembre de 2013, cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá.

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A pesar de la contundencia de las declaraciones de Petro, la procuradora Margarita Cabello se ha mostrado tranquila y cauta con respecto al tema. De hecho, en una entrevista exclusiva que concedió a Forbes Colombia, comentó que aún no ha hablado con el nuevo mandatario, y simplemente está esperando a que haya un documento específico en donde esté bien plasmada la idea que se quiere desarrollar respecto al futuro del Ministerio Público.

“Luego de eso, yo emitiría un concepto, porque creo que todavía son opiniones respetables, pero que hasta que no tengamos una información jurídica y un documento concreto, no debo, por la importancia de esta institución, emitir conceptos en ese sentido”, sostuvo.

Cabe recordar que Cabello se ha destacado por su larga trayectoria en la rama judicial colombiana. Empezó su carrera como juez promiscua municipal en el municipio de Sabanalarga, ubicado en el centro del Atlántico. Posteriormente, fue juez de menores y más adelante, a los 29 años, se convirtió en la magistrada más joven del Tribunal de Barranquilla, cargo al que aplicó por concurso.

Tras esta experiencia, se trasladó a Bogotá para trabajar en la Sala Disciplinaria de la Procuraduría durante tres años, experiencia que describió como una “gran oportunidad” para conocer la institución. Después fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la que llegó a ser presidenta en. 2016. Tres años después, en 2019, fue nombrada ministra de Justicia y del Derecho por el presidente Iván Duque, cargo que ocupó hasta agosto de 2020.

Dada su vasta experiencia, Cabello conoce con claridad los deberes que debe cumplir la institución que lidera, así como la forma de darles cumplimiento. En este punto, entra nuevamente a colación el fallo de la Corte Interamericana de DD.HH.

La problemática de fondo

La sentencia de la CIDH dice que el Estado colombiano incumplió o violó los principios de imparcialidad y de garantía procesal al haber investigado al hoy presidente electo. La Corte IDH consideró que el proceso disciplinario que derivó en la sanción no cumplió con estándares de imparcialidad ni respetó la presunción de inocencia, en la medida en que una misma instancia investigó y juzgó al exalcalde.

Para mejorar los estándares y superar las problemáticas identificadas en la sentencia, el Congreso aprobó la Ley 2094 de 2021; dirigida a incrementar y fortalecer las garantías procesales según la orden de la Corte. Además el Presidente promulgó el decreto 1851, que autorizó la ampliación de planta, luego de un estudio que hizo el Departamento Administrativo de la Función Pública para crear 1.208 cargos nuevos para el fortalecimiento del eje misional disciplinario, de acuerdo con los requerimientos de la Corte para separar las funciones de investigación y juzgamiento en diferentes servidores.

El gran problema fue que a la Procuraduría no se le aumentó el presupuesto para hacer esos nombramientos. Por lo tanto, se tuvo que apelar a recortes para viabilizar la creación de estos empleos. Todo esto en medio de un proceso que arrancó después de las elecciones de segunda vuelta, que tuvieron lugar el 19 de junio.

Cuando Cabello tomó posesión de su cargo el pasado 16 de enero de 2021, estaban suspendidos todos los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular (alrededor de 12.000), en razón de la sentencia de la Corte, que también ordenó que las sanciones de destitución e inhabilidad a un funcionario de elección popular solo podían ser impuestas por juez competente en proceso penal, lo que estaba originando impunidad.

Cabe señalar que la competencia para investigar, sancionar y destituir a los funcionarios de elección popular es una facultad que requiere de reformas constitucionales para eliminar o trasformar el sistema de controles que diseñó el Constituyente de 1991.

Una interpretación literal de la sentencia de la Corte implica, por ejemplo, que se elimine una figura como la pérdida de investidura; o que el juicio que desarrolla el Congreso contra el Presidente de la República quede sin sustento, de acuerdo con el artículo 23,2 del Pacto de San José de Costa Rica, por cuanto no son jueces penales en el marco de un proceso penal.

“Al asumir el cargo, entendí que, el gran reto que tenía era hacer compatible la decisión de la Corte con las funciones constitucionales de la Procuraduría. Al analizar el asunto, se concluyó que una aplicación literal del fallo contra el Estado colombiano debía pasar por una reforma constitucional que podía tocar elementos esenciales del diseño estructural del Estado, por lo que decidimos estudiar las fórmulas posibles”, añadió.

Al respecto, destacó que la Constitución Política autoriza que el Legislador atribuya, excepcionalmente, funciones jurisdiccionales a diferentes autoridades, entre las que están los entes de control. Esas facultades ya existen en la Procuraduría.

Incluso, Cabello explicó que la misma Corte IDH y la Corte Constitucional han dicho que las decisiones disciplinarias de la Procuraduría, desde el punto de vista material del contenido, son jurisdiccionales, pero al no tener esa potestad formalmente, el Congreso de la República les dio esas facultades mediante la Ley 2094.

Aquí viene otra variable a tener en cuenta, y es que fue la misma procuradora quien, después de su posesión, presentó el proyecto que se convertiría en la Ley 2094. Por ello, cuando la institución fue requerida para emitir conceptos a la Corte Constitucional, como suele hacerse con cada ley, Cabello tuvo que declararse impedida para conceptuar sobre el tema.

Sobre la presentación del concepto, la Procuradora indicó: “No lo haré yo, lo hará otro funcionario de la Procuraduría. Será la Corte Constitucional la que determine si la reforma se ajustó a los parámetros de la Carta Política y definirá si la Procuraduría puede investigar y sancionar a los servidores de elección popular. Sea cualquiera que sea el sentido del fallo, lo acataremos”.

Claves de la Procuraduría

“La Procuraduría ejerce múltiples y variadas funciones, está vigilante de que cualquiera de los 1,3 millones de servidores públicos del país no se salga del cumplimiento de su deber”. Así describe Cabello, en breves palabras, la labor central de la institución, para la que cuenta con 45 delegadas pendientes de todas las problemáticas del país.

En su promoción de acciones que buscan fortalecer y defender el Estado Social de Derecho, se incluye la atención de asuntos ligados al acceso al sistema de salud, la protección del medio ambiente, el control electoral, la atención a víctimas del conflicto y la lucha contra la corrupción, entre otros.

Una de las actuaciones más recientes tiene que ver con la indagación frente a presuntas irregularidades en la ejecución de más de $500.000 millones destinados a desarrollar el Acuerdo de Paz en los municipios más golpeados por la guerra. Dichos recursos son aprobados por el Ocad Paz, órgano del Sistema General de Regalías (SGR), responsable de avalar proyectos especiales orientados a los municipios Pdet.

Sobre este caso, la Procuradora señaló que la institución tiene hasta 17 indagaciones e investigaciones disciplinarias sobre esos proyectos. A su vez, cuenta con un equipo encargado de revisar los programas de regalías en el país, sobre todo, en los 170 municipios que hace parte de las zonas Pdet.

Sin embargo, el trabajo de la Procuraduría no se detiene en las actuaciones disciplinaria. Gracias a que Cabello es la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora General, el enfoque de género es uno de los más importantes legados que quiere dejar como capacidad instalada en el Ministerio Público, tanto en la gestión interna como en las acciones de cara a la ciudadanía.

Esto incluye una perspectiva de intervención judicial, donde la Procuraduría cuenta con equipos especializados para atender a las mujeres dentro del proceso penal. Lo anterior hace parte de la estrategia “Promujeres: una Procuraduría comprometida con las mujeres”, que arrancó a comienzos de marzo de 2021 y que busca fortalecer las acciones de vigilancia y control dela gestión a la protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

“La Procuraduría está en todo, vigilante de que cualquiera de los 1,3 millones de servidores públicos del país no se salga del cumplimiento del deber”.

Margarita cabello.

“Tenemos un grupo especial de atención a los casos de violencia por razones de sexo y género en la jurisdicción penal. Nuestro equipo de procuradores ha estudiado en el país qué procesos penales se llevan por feminicidio, violencia sexual, etc…”, dijo la
Procuradora.

Gracias a la separación y clasificación de esos casos, el Ministerio Público ha priorizado más de 40 de ellos y constituido 101 agencias especiales para que la orientación del proceso penal se desarrolle con perspectiva de género. Esto los ha llevado a vigilar 64 procesos por feminicidio que están en etapa de juicio para verificar riesgos por vencimiento de términos.

A este enfoque se suman otros tres ejes dirigidos a contribuir a la construcción de paz, a fortalecer la misión preventiva de la Procuraduría y a mantener el compromiso institucional con los derechos humanos. En relación con el primero, Cabello aseveró que, como representante de la sociedad, el ente de control debe estar “muy metido” en los temas de víctimas.

Al respecto, se ha concentrado en apoyar a organizaciones de víctimas y, por insistencia de la Procuraduría, la JEP priorizó un macrocaso para investigar nuevos crímenes cometidospor las FARC-EP, que incluyen desaparición, desplazamiento y violencia basada en género, entre otros.

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Esto va ligado a la labor de promoción y defensa de los derechos humanos para evitar vulneraciones en todos los rincones del país y atendiendo cualquier denuncia de la población.

En lo relativo al fortalecimiento preventivo, este implica “estar muy encima del buen desarrollo de la gestión pública, porque lo que tenemos que hacer es evitar que ocurra la infracción. Cuando ocurre, viene la sanción y la destitución, pero lo importante es prevenir para defender los derechos de la ciudadanía y ahorrarle al Estado billones de pesos”, según Cabello.

En perspectiva

No hay que dejar de lado que, según explicó la Procuradora, la misión disciplinaria de la institución que dirige representa menos del 30% de las labores que está habilitada para desempeñar, siendo la función preventiva, con el control de gestión, la parte más importante de su misionalidad.

Gracias a su bandera anticorrupción, Cabello reveló que la misma ciudadanía solicita apoyo y acompañamiento, además de presentar quejas a la institución. “Solo en Bogotá, atendemos más de 2.000 peticiones diarias de la ciudadanía, solicitándonos ayuda, vigilancia, gestión y acompañamiento.

A pesar de que Cabello ha reiterado que el Ministerio Público “no se puede borrar de un plumazo”, también es consciente de que el desconocimiento frente a lo que hace la institución es un factor que les juega en contra. Sin embargo, la funcionaria aseguró estar abierta al diálogo frente a lo que venga en el futuro, sin mostrar dudas sobre la importancia e idoneidad de la institución que dirige.