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Economía y Finanzas

¿Quién va a financiar el sistema de salud de Colombia?

Aunque el sistema de salud ha logrado cobertura universal, todavía tiene el reto de que sus fuentes de ingresos sean sostenibles en medio del envejecimiento de la población, el encarecimiento de medicamentos, los cambios tecnológicos y el incremento de la atención de enfermedades crónicas.

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El sistema de salud colombiano pudo, en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas del mundo, salir a flote durante la pandemia. Ahora, luego de superar los peores momentos de la tormenta, la calma vendrá de lograr que la entrada de recursos sea aún más sostenible para los próximos años. ¿Qué se viene? 

Para entender los desafíos que enfrenta el sistema de salud, primero hay que echarle un vistazo a las fuentes de ingresos de una estructura que logró una cobertura universal en el 2021, pero que todavía tiene problemas para cerrar la brecha que hay entre los ingresos y los gastos, que después de la crisis han seguido subiendo de manera significativa.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) es una de las principales fuentes de ingresos del sistema de salud y con la pandemia, estos números subieron aún más. Solo en 2021, la partida presupuestal de salud aumentó 16,6%, pasando de $30,9 billones en 2020 a $36,1 billones asignados, siendo el tercer sector con mayor asignación de recursos en el último presupuesto, descontando el rubro destinado al servicio de la deuda. Eso lo convierte en el sector que requiere más recursos para financiarse. 

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En ese punto, Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), explica que por la pandemia el sector tuvo una inyección adicional de recursos, pues durante la emergencia por el Covid-19, el Gobierno Nacional estableció una estrategia de financiamiento al Sistema General de Seguridad en Salud (SGSSS) para fortalecer los hospitales, clínicas, EPS, proveedores de servicios y mitigar los efectos económicos y de salud de los afiliados al sistema de salud.

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Con eso, a través de la Adres, a los diferentes actores del sistema le entraron recursos que ascendieron a los $123,87 billones por cuenta de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el aporte que hace el Estado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada uno de los afiliados al sistema, para que de esta manera las entidades puedan financiar los servicios de enfermedades generales. 

Adicionalmente, el Gobierno creó en su momento unos mecanismos excepcionales de financiamiento que fueron operados por la Adres, con recursos adicionales que provenían del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que alcanzaron los $8,42 billones con corte al 30 de junio de 2022.

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Además del PGN, el sistema de salud funciona a partir de las cotizaciones de salud; los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP); el recaudo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat); el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE); rendimientos financieros e intereses; el subsidio familiar de las cajas de compensación familiar; rentas cedidas, recuperación de cartera, excedentes financieros FOSYGA-ADRES; desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), regalías, esfuerzo propio (entidades territoriales) y los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

Aunque la lista de fuentes de financiación es larga, lo que dicen los expertos consultados por Forbes es que en los últimos años el déficit, aunque pequeño, es una alerta para reformar la manera en la que funciona. 

Un análisis, conocido por Forbes, del centro de estudios económicos de Anif y la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales (Andi)  indica que “las fuentes expuestas parecen ya no alcanzar para todos los gastos que tiene el país y diferentes fuerzas como el crecimiento y el envejecimiento de la población, la mayor participación del régimen subsidiado, la baja gestión frente a la prevención en salud, el cambio tecnológico y la mayor intervención del sistema judicial generarán mayores presiones en el gasto público en salud”. 

Asimismo, representantes de empresarios del sector salud –que prefirieron no ser citados en esta nota–, reconocieron que a los problemas propios de los sistemas de salud del mundo, como el cambio tecnológico y demográfico, también se le suman problemas de administración de recursos que han llevado a varias EPS al borde de la quiebra o ofrecer servicios que han sido calificados por los usuarios como malos. 

¿Qué se debe hacer? 

En medio de los retos que supone un sistema de salud que ha logrado cobertura, pero que tiene una brecha creciente, los empresarios y analistas señalan que se debe trabajar en reforzar el sistema actual, sin cambiar lo que ha funcionado hasta el momento. 

Para el director general de la Adres, uno de los desafíos es recuperar el nivel de ingresos de las cotizaciones previas a la pandemia, al igual que los ingresos derivados de las rentas territoriales. “Para eso, es necesario ampliar las opciones de cotización, para que los ciudadanos puedan realizar sus aportes a salud de forma total o parcial de acuerdo con su situación económica”, señala. 

Incluso, en el documento de Anif y la Andi, apuntan que se debería pensar en crear mecanismos para hacer más eficiente el proceso de contratación, de tal manera que se podrían hacer ahorros de al menos $125.600 millones. También plantean que se trabaje en la eficiencia del gasto hospitalario, con lo que Colombia podría ahorrarse unos $525.000 millones. 

Otro de los puntos que plantean los expertos y el mismo sector privado que está involucrado en el sistema, es que impulsar la prevención y el autocuidado podría generar ahorros de $366.000 millones, según los cálculos de la Andi y Anif. Y si las personas tienen la posibilidad de aportar a planes voluntarios de salud, el sistema se podría ahorrar unos $213.900 millones.

Todo esta hoja de ruta que trazó el centro de estudios estaría acompañado de un rediseño del Plan de Beneficios de Salud (PBS), que son los servicios que incluye el valor del UPC. Para Anif, eso permitiría distribuir los recursos de manera más eficiente en función del riesgo en salud y así generar incentivos para desarrollar esquemas de contratación que favorezcan la atención integral.

Mientras la discusión se resuelve con la llegada de una nueva administración a la Casa de Nariño, lo cierto es que el sistema actual tiene varios desafíos que, según los expertos, no se resolverán necesariamente con un cambio radical en el modelo. No es el momento de modificarlo todo. 

#NuestraRevista Este es un artículo publicado en nuestra edición de la revista Forbes Colombia de agosto.  Si desea recibir esta información de primera mano en nuestra revista física, ingrese a https://forbesdigital.publica.la/library para suscribirse.

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