La falta de reglamentación de la Ley del Viche tiene a las comunidades productoras al borde la quiebra

Las comunidades afrocolombianas del Pacífico han tenido en la producción, comercialización, y consumo del viche una acentuada práctica ancestral. Sin embargo, hoy en día dicha práctica se encuentra seriamente en riesgo por decomisos policiales y sanitarios, impactando así de forma negativa las economías locales de los territorios étnicos del Pacifico.

Hace nueve meses fue sancionada la ley 2158 de 2021, por medio de la cual se reconoce, impulsa y protege, el Viche y sus derivados como bebidas ancestrales y patrimonio colectivo de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.  En su momento fue un hecho celebrado por los medios de comunicación, la academia y los colectivos étnicos que se han dedicado a la producción  tradicional y transformación del viche. 

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Con la sanción de la Ley se pensó establecer una reglamentación jurídica que denotaba órdenes de gestión diferencial y especial en trámites y requisitos institucionales, dentro del ecosistema mercantil y sanitario de la comercialización de bebidas artesanales para el consumo humano en Colombia.  Esto con un doble objetivo, por un lado, estimular el impulso de economías locales sostenibles, desde este activo cultural étnico, y por otro, generar un reconocimiento integral de la práctica ancestral artesanal, como patrimonio inmaterial de las comunidades negras del pacífico.

Sin embargo,  en la actualidad  no se evidencian cambios en las formas de relacionamiento en materia de protección, ni en las dinámicas de poder desigual  frente al riesgo de generación de cargas operacionales innecesarias para los productores étnicos del viche. El desbalance en el mercado también ha propiciado actos de apropiación indebida por explotadores del viche a gran escala, quienes operan sin el control ni las reglamentaciones que hoy tienen de manos amarradas a los pequeños productores artesanales de viche del pacífico.  

En lugar del avance en el desarrollo  de  un modelo de gobernanza sostenible  y justo basado en los intereses de las  comunidades negras del pacífico Colombiano a través del viche,  por estos días hemos sido testigos de decomisos, pérdidas, y situaciones de violencia policial en contra de las poblaciones afrodescendientes que tienen en la producción y venta de viche una práctica tradicional y ancestral para usos como la medicina,  pero también  un medio de sustento económico para muchas familias.

Todo esto se ha originado porque,  entre otros escenarios,  por sus procesos y prácticas de producción ancestral y artesanal étnica, el viche no está en las categorías de destilados alcohólicos de consumo humano que determina el  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ( Invima),  quien es el encargado de asegurarse de que todos los productos que consumen los ciudadanos en Colombia se fabriquen de acuerdo a los estándares que el Estado considera dentro del marco de las buenas prácticas de manufactura, personal capacitado y materia prima de calidad.  

Irónicamente, dada la obligatoriedad del registro sanitario, el viche ha pasado de ser una bebida que reivindica la identidad cultural de un pueblo, a una bebida tradicional que debe ser decomisada por la fuerza pública y las secretarías de salud, lo que deja a sus productores étnicos en una situación de desventaja frente a las grandes estructuras  del mercado de la venta de licores destilados. 

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No obstante, la ley 2158 de 2021, ordenó al Invima la creación de un Registro Sanitario especial que considere y preserve las prácticas de producción ancestral, artesanal y étnica, la famosa categoría AE.  A la fecha, el Invima no ha creado la categoría, para lo cual es necesario entre otras instancias, el desarrollo de un plan de recolección y análisis de los componentes fisicoquímicos de los diferentes destilados étnicos del pacífico, pero el avance de este proceso ha sido poco o nulo. 

La tarea de facilitar las muestras del viche en el Pacifico ha estado sobre los hombros de las comunidades, lo que no es equilibrado, en la medida en que es el Estado quien tiene la estructura económica y técnica para lograr la recolección de un buen muestreo. Las secretarías de salud tampoco han acompañado como deberían a los productores en el proceso de mejoramiento de las fábricas artesanales de viche. 

Aunque recientemente se instaló el Comité Interinstitucional del Viche, con acompañamiento de líderes representantes de los productores de la bebida de los cuatro departamentos del Pacifico, aún no es clara esta instancia de participación y no se sabe si realmente será eficaz para emitir lineamientos técnicos a los diferentes actores de la cadena productiva de este activo cultural.   Las restricciones sanitarias y comerciales  que pesan sobre el viche,  dificultan la consolidación de cadenas productivas, registros sanitarios y acceso a mercados más estables y de mayor envergadura conforme a sus intereses.   Por lo pronto se acerca el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, una de las pocas plataformas comerciales en donde los productores de viche no infringen ninguna normatividad.   

Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.

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