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El nuevo gobierno tiene el reto de transformar las narrativas de pobreza y violencia en la Colombia afro

El nuevo gobierno tiene el reto de acabar con la cadena de desatenciones que anteriores líderes han mantenido a las comunidades afro. ¿Cómo hacerlo?

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El gran activo de las comunidades afrodescendientes de Colombia es  su acervo cultural. Sin embargo, en las últimas tres décadas las políticas públicas  de los gobiernos  se han caracterizado por ignorar lo establecido  en el artículo 7 de la Constitución Nacional, que ordena al Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural del país. 

El nuevo Gobierno tiene el reto de acabar con esta cadena de desatenciones y transformar los territorios mayoritariamente poblados por personas afrodescendientes que por muchos años han estado sumidos en el conflicto y la pobreza.

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El desconocimiento de la pluralidad y diversidad de las comunidades afrodescendientes ha implicado para esta población un mayor grado de desventaja y menores posibilidades de restablecer efectivamente sus derechos frente al resto de la sociedad.  Prueba de ello ha sido que sus derechos fundamentales han estado reducidos y sometidos a los poderes fácticos de turno: en la Constitución de 1991, por ejemplo, se equipararon las necesidades étnicas de las comunidades indígenas y negras. El agravio consistió en que, mientras a la población indígena se le otorgó un estatus constitucional especial, la población afro fue relegada a un estatus legal.

El reclamo por el respeto y la materialización de los derechos como personas afrodescendientes es difícil en Colombia, de hecho, se toma como una amenaza cuando se exigen en voz alta. Un ejemplo de ellos es el Pacífico colombiano, territorio que, a pesar de concentrar gran parte de la riqueza biodiversa de Colombia, está anclado a una historia relacionada con el conflicto, las economías ilegales y una presencia institucional débil que no garantiza ninguna clase de derechos fundamentales para los habitantes de la región. Esta situación también   ha servido de excusa para la no intervención integral de los gobiernos nacionales.

Entender los derechos culturales fundamentales de las comunidades afrodescendientes en Colombia implicará para todos,  pero en especial para el nuevo Gobierno Nacional,  un ejercicio de conciencia ciudadana, que tenga intenciones claras y puntuales  de  movilizar, transformar, unir y crear nuevos métodos de relacionamientos con estos grupos poblaciones, nuevas apuestas que generen narrativas  regionales, poblacionales  propias y efectivas a través de las formas de vida propia de las comunidades afrodescendientes.

De ahí que, en principio, cualquier intervención tendiente al cambio, debe respetar los marcos o lineamientos del uso sostenible de los territorios, las prácticas tradicionales, y garantizar los procesos de participación, coordinación, concertación, consulta y consentimiento en cualquier decisión que afecte el proyecto de vida individual o comunitario de las personas afrodescendientes.

En este sentido, son claves los acuerdos para el uso y aprovechamiento de los conocimientos ligados a la cultura, y para la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. También son necesarios proyectos de planeación incluyente y participativos que viabilicen la autonomía, y el gobierno propio de estas comunidades.

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Es preciso señalar que en las comunidades negras las economías locales no se basan en la acumulación de capital, sino en la obtención de recursos para la satisfacción de necesidades básicas y de consumo.  Incluso activos culturales como los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales desde su perspectiva, como recursos con valor de cambio, están más ligados al concepto de subsistencia, a lo que se necesita para vivir.  En resumen, toda propuesta de intervención debe nacer desde y con  los territorios, a partir de las propias lógicas y de las identidades culturales.

 Estado Colombiano tiene la tarea de impulsar políticas públicas antirracistas, que promuevan la eliminación de barreras históricas y  las  profundas desigualdades económicas y sociales que  afectan negativa y desproporcionadamente a la población étnica y racialmente diferenciada en el país.

La implementación de políticas públicas antirracistas efectivas, que generen un sentido claro de identidad y arraigo desde la cultura,  además de fortalecer la acción colectiva, ayudaría a prevenir y desarticular las formas sistemáticas de violencia que afectan a la población afrodescendiente, sobre todo a los jóvenes.

Las comunidades  afrodescendientes son actores estratégicos comprometidos con la consolidación del territorio-región, como garantía de su vida y su cultura, es por ello que el reconocimiento de sus derechos fundamentales, más que un privilegio, es una garantía para la continuidad de la vida misma del sujeto étnico colectivo en Colombia.

Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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