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Economía y Finanzas

Tributaria, presupuesto y adición: el galimatías que le tocó al gobierno Petro

Para hacer efectiva la reforma tributaria, el Gobierno deberá presentar una adición presupuestal el próximo año. ¿Por qué tanto enredo en la discusión fiscal?

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José Antonio Ocampo en Congreso

Todo indica que el debate generado a propósito del Presupuesto General de la Nación y la Reforma Tributaria, se va a extender hasta el próximo año. La razón es sencilla: para que se puedan aplicar los recursos recaudados por los nuevos impuestos, va a ser necesario presentar en marzo del próximo año una adición presupuestal para la vigencia de 2023.

Vale la pena preguntarse, por qué es necesaria una adición para un presupuesto que ni siquiera ha sido aprobado. No se trata solo de un problema de sumas y restas, sino de un asunto estrictamente jurídico.

La cosa va a así. Primero, el gobierno va a pedir un aumento de $10 billones en el Presupuesto General de la Nación que la administración Duque dejó radicado con un monto $391 billones; esta no es la adición presupuestal sino un margen adicional que tiene la administración del Presidente Petro para que haya más plata en el proyecto que dejó el gobierno Duque.

Segundo, es necesario aprobar la reforma tributaria para aumentar los recursos disponibles para inversión: el gobierno ha ratificado que se necesitan $25 billones, aunque se ha especulado sobre un eventual recorte hasta $16 billones.

Tercero es necesario presentar una adición presupuestal a comienzos de 2023 para poder incluir estos recursos en la bitácora de inversión y gastos del gobierno de ese año.

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La necesidad de esta “larga vuelta” de trámites legislativos es producto del entreverado esquema jurídico con que cuenta el país para estos temas.

Presupuesto financiado

La cosa empieza con que el Gobierno de turno tiene que presentar completamente financiado el presupuesto de la siguiente vigencia; esto es, decir con claridad cuántos recursos se van a gastar y de dónde van a salir. Por el cambio entre Duque y Petro, la administración anterior tenía que cumplir con la radicación del proyecto de Presupuesto y el panorama fiscal de entonces era más incierto, justamente por la transición de gobierno, pues no era posible decir cuál sería la estrategia en materia de impuestos del nuevo Presidente.

Entonces, lo que tenía a la mano el expresidente Duque y su ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, era un Presupuesto con un incremento considerable en gastos de funcionamiento (cerca del 20%) por cuenta de la alta inflación que afecta los aumentos de salarios y pensiones, lo que se debía compensar con un recorte a la inversión que el ahora ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estimó en cerca del 10%. Ese presupuesto valía $391 billones.

Pero eso le generó una camisa de fuerza al Gobierno Petro: con el Presupuesto radicado, no había forma de aumentar el monto sin desfinanciarlo, porque había demasiadas restricciones: inflación, aumento en los precios de los combustibles, aumento en tasas de interés que encarecen la deuda, etc. Y el nuevo gobierno venía con una serie de promesas por cumplir que exigen básicamente más gasto.

Si quisieran aumentar el monto en los $25 billones que esperan recaudar con los cambios en impuestos, tendría que presentar no una reforma tributaria sino una ley de financiamiento. El problema con esta clase de leyes es que solo puede contener modificaciones que ayuden en el recaudo del próximo año. Recuerden el antecedente que ya existe: al presidente Santos se le cayó la ley de financiamiento de 2014, porque en esa ley incluyó medidas estructurales como la creación (nuevamente) del impuesto al patrimonio. La Corte Constitucional tumbó la norma e hizo énfasis en la diferencia entre ley de financiamiento y reforma tributaria.

Así que ese camino era impensable para el Gobierno Petro, que quiere tener ingresos estructurales que le garanticen mayores ingresos en los próximos cuatro años.

Entonces empezó el galimatías: como no es posible modificar el monto del presupuesto en las dimensiones que quiere el Presidente Petro, hay que aprobarlo con lo que venía de la anterior administración y un poquito más: el ministro Ocampo señaló que es posible aumentarlo en $10 billones sin desfinanciarlo. Así las cosas, quedaría aprobado un monto de cerca de $400 billones.

Ahora toca resolver cómo aplicar los nuevos recursos que dejará la tributaria.

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El Ministro Ocampo anunció hoy que en marzo presentarán una adición para aumentar el presupuesto en aquellos recursos que finalmente se logren recoger con la tributaria que hoy está en discusión. Así las cosas, el debate fiscal se extenderá hasta el segundo trimestre del próximo año.

El país necesita un marco de discusión de impuestos y presupuesto más flexible, tal como lo ha pedido el propio ministro Ocampo. Así nos evitaríamos estas largas vueltas para garantizar la estabilidad fiscal a través de la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación.

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