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La reforma tributaria debe ser antirracista

La  falta de acceso a vivienda, las limitadas oportunidades de empleo, la falta de acceso a educación de calidad, son problemáticas que afectan aún más a la población afro. En ese punto, es clave que el nuevo Gobierno piense en políticas enfocadas con atender a esta población.

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Una política pública antirracista es aquella que puede, por un lado, identificar el racismo estructurado en las dinámicas institucionales y sociales que impactan las formas de vida de un grupo poblacional racializado y, por otro, contrarrestar activamente este racismo con nuevas prácticas, nuevos sistemas, estructuras institucionales y  acciones direccionadas hacía la generación de un cambio en las relaciones de poder desde la equidad.

Sin equidad tributaria no se puede alcanzar la justicia social en Colombia. Los instrumentos para la distribución del ingreso y la riqueza, la forma de recolección y, en general, la capacidad para la inversión en políticas públicas, deben entenderse como un instrumento de desarrollo y garantía de derechos para aquellos grupos poblacionales que históricamente han estado en una condición de vulnerabilidad y desventajas económicas, sociales y políticas, como es el caso de las personas afrodescendientes. 

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De acuerdo con datos consignados en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), los niveles de pobreza e insatisfacción de derechos de esta población  son desproporcionados en comparación con las personas no afros. Este contrasentido estaría ligado a la falta de políticas fiscales o tributarias que atiendan las necesidades de este grupo que representa el 30% de la población total de la región. 

La  falta de acceso a vivienda, las limitadas oportunidades de empleo, la falta de acceso a educación de calidad, la excesiva exposición a escenarios de violencia, sumado a la construcción de imaginarios que acentúan  estereotipos y prejuicios en contra de las  personas afrodescendientes en Colombia, son una evidencia clara de cómo las  desigualdades sistémicas, específicamente las que resultan de la discriminación racial, tienen un impacto profundo en los territorios donde habitan estos grupos poblacionales.

Ante este preocupante panorama de desigualdades, es urgente que el Estado ejecute políticas fiscales que garanticen una mayor progresividad, con mejor redistribución de los recursos, contribuyendo así a la reducción de las brechas en ingresos económicos que impactan diferencialmente a la población afrodescendiente.

Si la política tributaria y fiscal de un Estado diverso como Colombia no le apunta a atender estas problemáticas estructurales desde un enfoque diferencial, étnico, interseccional y antirracista, corremos el grave riesgo de que perpetúen las condiciones de desigualdad y se sostengan dinámicas discriminatorias como es el caso de la imposición de impuestos que no hacen distinción entre pobres y no pobres.

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Lo cierto es que cuanto mayor sean los estímulos fiscales desde el gasto público a la población afrodescendiente en aspectos transversales a su desarrollo personal (educación, por ejemplo) mayor serían las posibilidades de que esta población concentre sus actividades laborales en aspectos de mayor calidad y mejores ingresos. Es vital la inversión en sistemas estadísticos robustos y confiables con enfoque diferencial, destinar recursos a programas de investigación e innovación que fomenten el desarrollo, e impulsar incentivos tributarios para garantizar el derecho al trabajo, al territorio y a la reparación simbólica, económica y memorial de esta población.

En síntesis, para hablar de equidad tributaria, es necesario incluir presupuestos con enfoques étnicos raciales, que tengan como objetivo la planeación, programación y ejecución de recursos para cerrar las profundas brechas históricas que sobre las que se erigió Colombia.

Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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