El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, explicó que solo 10% de los productos colombianos incluídos en el TLC tienen acceso real al mercado estadounidense.
La visita del secretario de Estado, Antony Blinken, demostró que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos están llevando a cabo discusiones clave sobre el futuro de su relación como socios estratégicos. Tanto así, que los planteamientos llevados a cabo hasta ahora buscan llevar esta relación a un nuevo momento, e incluso, ambas administraciones coinciden en la necesidad de reinventársela de cara a sus nuevas prioridades.
En entrevista con Forbes Colombia, el embajador de Colombia en EE.UU., Luis Gilberto Murillo, explicó que después de dos siglos de relaciones diplomáticas, los gobiernos de Gustavo Petro y Joe Biden tienen claro que “hay que reinventarse las relaciones para estos nuevos 200 años que reflejen la nueva realidad global, así como la de Colombia y Estados Unidos“.
Para lograrlo, el diplomático citó tres enfoque clave planteados por el presidente Petro: el riesgo existencial que tiene la humanidad en cambio climático, la paz total y la migración en un contexto de inclusión.
En lo referente al cambio climático, Petro planteó en la asamblea general de la ONU un mecanismo de canje de alivio de deuda externa por acción climática y por naturaleza. Al respecto, Murillo detalló que el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ambiente están trabajando en esa en esa propuesta.
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La otra idea apunta a la creación de un fondo para proteger a la Amazonía cuya asignación sería cercana a los US$1.000 millones anuales por 20 años para pagarle a las comunidades “casi los mismos niveles de ingreso que tienen por por cultivar coca” para que puedan proteger esos ecosistemas estratégicos.
Una tercera línea ligada a la crisis climática apunta al planteamiento de de los mercados de bonos certificados de carbono, donde habría “una potencialidad muy grande” que puede aliviar la necesidad de recursos públicos o de cooperación.
Al respecto, Murillo reconoció que esto tiene sus desafíos, en el sentido de que muchos de los tenedores de deuda no son de los gobiernos, sino del sector privado, entonces allí tiene que existir un mecanismo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que pueda adquirir esa deuda y ponerla en un mecanismo de Justicia Climática.
Con respecto a la paz total, el embajador destacó que dicho lineamiento incluye la implementación del acuerdo de paz con la FARC y retomar las negociaciones con él con el ELN, anuncio que se hizo oficial ayer y que se espera que tome forma a comienzos de noviembre.
Lo anterior va unido a la intención del mandatario colombiano de poder utilizar un nuevo mecanismo de sometimiento a la justicia de redes criminales con el compromiso de que entreguen sus estructuras, rutas y recursos, además de garantías de no reincidir.
‘Hay que revisar el TLC’
“Casi todo el mundo coincide en que el TLC ya tuvo un proceso de maduración. Ya hay lecciones aprendidas de lo que ha sido su implementación, ya es hora de hacerle una evaluación seria y para ver realmente cuál ha sido su impacto”, aseguró Murillo.
En la actualidad, Estados Unidos es el mayor destino de los productos colombianos, representando el 28% de las exportaciones del país. A su vez, más de 3.500 empresas colombianas exportan a Estados Unidos, un 15% desde la entrada en vigor del TLC.
Por su parte, Estados Unidos es el mayor inversionista de Colombia, pues representa el 18,2% de la inversión extranjera directa con un total de US$7.800 millones. Al mismo tiempo, más de 500 empresas estadunidenses operan en Colombia, generando 107.000 empleos directos y 350.000 indirectos, así como una cifra superior al 7% del PIB anual.
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En los primeros meses del 2022, el comercio binacional ha aumentado más del 49% y las importaciones desde Colombia han crecido hasta 45% en lo que va corrido del año. Sin embargo, el embajador es consciente de la importancia de que Colombia “incremente la inversión extranjera y los flujos de capital como movilizador de la economía, la competitividad y el empleo formal”.
Otro de los temas que preocupa a algunos sectores es la falta de acceso al mercado estadounidense. “Yo estoy hablando con algunos empresarios que me daban el ejemplo de un conjunto de hasta 112 productos incluidos en el TLC de los cuales solo ocho o 10 productos tienen acceso real, es decir casi un 8% o 10% del potencial que se tiene el tratado”, dijo Murillo.
Murillo no dejó de lado el hecho de que el país ha evolucionado en su lucha contra el tráfico de estupefacientes, pero es consciente de que esta estrategia requiere innovación y el TLC “debe permitir eso”. Igualmente, llamó la atención sobre la necesidad de responder a los desafíos de inclusión de muchas comunidades en términos comerciales para dar más espacio a temas que tienen que ver con equidad de género y grupos étnicos.
Para dar un ejemplo, el 50% de los bosques naturales del país están en territorios que pertenecen legalmente a comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y a pueblos indígenas, por lo que se debe dar un espacio para responder al desafío de cambio climático, implementar medidas de mitigación e instrumentos de financiación que, inclusive, permitan que las mismas empresas puedan cumplir sus metas de descarbonización.
Política de drogas
El embajador reconoció en diálogo con Forbes que se debe revisar de fondo lo que ha sido la política de drogas. “La mal llamada lucha contra las drogas fracasó, se reconoce allá y acá; el Plan Colombia en ese sentido tampoco dio buenos resultados, y si bien ayudó en otras áreas de lograr la paz y profundizar la democracia, en esto no”.
Todo lo anterior, abordado en el discurso del presidente Petro en la asamblea general de la ONU, se percibió de manera “muy positiva” de acuerdo con Murillo, pues fue una oportunidad en la que el mandatario “le contó la verdad al poder, porque en el contexto internacional ya casi nadie dice nada de manera directa”
Lo que sí encontró el embajador en el ambiente político es que hubo algunos sectores en Washington que manifestaron su preferencia por un pronunciamiento más balanceado, pues reconocen que sí hay algunas lecciones aprendidas y cosas positivas, aunque la política de drogas haya sido un fracaso en algunos temas.
No obstante, Murillo señaló que el presidente Petro también reconoce que hay una cuota de culpa en Colombia, teniendo en cuenta que se han abandonado muchas regiones y comunidades a su suerte, por lo que no tiene otra opción aparte de caer en manos de redes criminales.
A diferencia de lo que venía sucediendo, el embajador resaltó que el gobierno busca hacer propuestas muy concretas e innovar. Por ello, se busca que el nuevo enfoque de la política de drogas permita una respuesta a un problema de salud pública. En eso coincide con el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE.UU., Rahul Gupta, destacado por ser el primer médico que ocupa el cargo.
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Bajo esta perspectiva, el presidente ha fijado dos líneas de discusión: una global, que busca otorgar más a flexibilidad y espacio de maniobra a los países para que puedan innovar en su respuesta al desafío del tráfico de drogas, sobre todo lo que tiene que ver con cocaína y otros narcóticos.
“Debemos avanzar en esa discusión hacia llegar, en algún momento, a revisar como se sale de un esquema prohibicionista, que es una discusión global que demorará muchos años, pero hay que darla”, aseguró Murillo.
En el tema bilateral, el diplomático recalcó que “aquí nadie ha hablado de despenalizar la cocaína“, por lo que cerró la puerta a dicha idea. Sin embargo, lo que sí ha dicho es que hay que hay que descriminalizar a los campesinos que siembran coca porque no tienen otra oportunidad.
Inclusive, señaló que el problema en ese caso no es sustitución de cultivos, sino de ingresos . Así las cosas, está planteando un abordaje que apunta a la erradicación voluntaria y acordada con las comunidades, aunque puede pasar a ser un mecanismo de erradicación forzosa si lo anterior no da resultado.
Hay que tener en cuenta que la ayuda de Estados Unidos para el presupuesto de Colombia asciende a US$475 millones aproximadamente. Gran parte de la misma va a proyectos que tienen que ver con la política antinarcóticos, mientras que lo demás se destina a programas de desarrollo rural, profundización de la democracia, cumplimiento de la ley, fortalecimiento del sistema judicial, apoyo a comunidades y derechos humanos.