La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó a Forbes que el reto de Colombia es generar una economía forestal y de la biodiversidad.
Mientras que en 1990, Colombia contaba con 90% de su matriz energética basada en hidroeléctricas, la cifra bajó a 63% tres décadas más tarde debido a que la energía hidráulica por sí sola ya no puede abastecer al país por los cambios del clima. El problema es que ese 37% restante proviene de termoeléctricas a carbón, gas o diésel en medio de un escenario donde el calentamiento global demanda fuentes de abastecimiento 100% verdes.
“Lo que nosotros hemos hecho en 20 años no es descarbonizar, sino carbonizar la matriz energética (…) En un país con más alto potencial energético diversificado del mundo, tenemos unas condiciones extraordinarias para generar una matriz energética diversificada con recursos propios y altamente renovable, pero hay muy poco desarrollo”, advirtió la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en entrevista con Forbes.
Además de las hidroeléctricas, el hidrógeno, la energía solar y eólica, la geotermia, el biogás y la energía mareomotriz apuntan como fuentes sostenibles y seguras para que el país abandone por completo las alternativas provenientes de hidrocarburos. No obstante, la jefe de la cartera ambiental fue enfática en que el país debe empezar a hacer el desarrollo técnico, económico trabajo social y ambiental para desarrollar estas opciones a futuro.
“La transición energética no vendrá si no desarrollamos las alternativas, y hay que empezar ya (…) Significa que incluye una diversificación de fuentes energéticas para tener más resiliencia, que sean producidas localmente y bajas en carbono, cosa que también aumente la soberanía energética del país con toda esta crisis mundial. Es una elección que hay que tomar de inmediato”, afirmó.
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Para lograrlo, sostuvo que las alternativas energéticas de las que disponga el país no solo sea producida por grandes empresas, sino que también incluya a ciudadanos en asociaciones o comunidades energéticas, lo que también generaría una democratización de la producción que, eventualmente, ayude a bajar los precios de la energía.
Todo esto va ligado a compromisos como el de cerrar la puerta al fracking, idea en la que el actual gobierno ha insistido desde la campaña a la presidencia. Ahora, Muhamad es consciente de que hacerlo realidad implica aprobar un proyecto de ley que ya se presentó en el Congreso de la República como parte de una estrategia jurídica para materializarlo.
Un punto importante en este caso son los pilotos de fracking ‘Platero’ y ‘Kalé’, adjudicados a Ecopetrol en el municipio de Puerto Wilches (Santander). Mientras que uno de ellos contaba con licencia ambiental, el otro que no la tenía y tampoco había empezado operación.
De ahí que, a mediados de septiembre, Ecopetrol decidiera solicitar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una suspensión del contrato durante tres meses en espera de lo que suceda con la ley de fracking en el Congreso. “Eso se está trabajando en el Consejo Directivo de la ANH para encontrar una ruta que nos permita darnos un tiempo mientras hay decisiones claras de política pública”, agregó Muhamad.
El problema de la minería
A partir del código minero de 2003, se empezó a generar una política indiscriminada de otorgamiento de títulos mineros por todo el territorio nacional. Tanto así, que hasta se llegó a una declarar la minería en general como actividad de utilidad pública, lo que significaba que “podía pasar por encima de lo que fuere”, según explicó la ministra.
Otro aspecto importante de esa polémica es que los consejos municipales y el gobierno nacional son los dueño del subsuelo, lo que les permite decidir dónde se hace minería y donde no.
Todo esto llevó a una sentencia del Consejo Estado que salió hace un mes en donde se ordena frenar la ventanilla minera, que es ese “otorgamiento de títulos fácil”. “Es casi como sacar hoy un carro o una moto que usted paga, así básicamente le iban dando el título minero. Nos piden frenar ese mecanismo y ordenar dónde se puede hacer minería y dónde no, de acuerdo a la realidad ecosistémicas”, añadió Muhamad.
Eso puede implicar la revocatoria de títulos que hayan sido entregados de forma que afecten gravemente a los ecosistemas del país. Al respecto, la ministra recalcó que dicha sentencia les da un soporte jurídico mucho más amplio, lo que les ha llevado a identificar esos ecosistemas estratégicos donde no debe haber minería, y aseguró que “pronto sacaremos decisiones administrativas con base en la sentencia”.
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Frente a las licencias ambientales, lo que pide el ministerio es una licencia de exploración para minería, que no cuenta con dicha herramienta a pesar de que implica el uso de dinamita y genera impactos ambientales que entran en conflicto con las comunidades. Esto se está tramitando a través de un proyecto de ley radicado por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta.
No obstante, hay un gran problema que apunta al Código de Minas, que “fue hecho para grandes multinacionales y excluyó la realidad del país“, según Muhamad. Para entender esto, se debe tener en cuenta que en Colombia se hace minería a pequeña escala por parte de mineros artesanales o tradicionales que quedaron, a partir del condominas, en la ilegalidad.
Es por ello que la política del gobierno apunta a trabajar con los pequeños mineros en procesos de formalización para que mejoren sus prácticas ambientales, así como tener a la gran minería como un recurso estratégico y no como un negocio de particulares para extraer estos recursos y exportarlos.
“A Colombia le queda un gran desastre ambiental, pero después quién paga eso o quién responde por eso (…) Hay que mejorar obviamente los beneficios para el estado de la minería bien hecha y estratégica, porque sí se necesitan minerales para la industrialización, pero es clave que sea para un proceso de encadenamiento del país”, comentó Muhamad.
La deforestación
A pesar de los daños que representan la minería ilegal y los hidrocarburos en materia de emisiones, la deforestación es nuestra principal fuente de emisiones y el principal reto de adaptación para el país. Mientras que a nivel global representa 11% de las emisiones de CO2, en Colombia abarca hasta 31%.
Bajo esta perspectiva, Muhamad sostuvo que el gobierno trabaja en una estrategia integral que no solamente involucre la contención por la fuerza pública, sino que esté muy atado al proceso de paz. Este último punto demanda un diálogo con las comunidades que están en los núcleos de deforestación del país.
“Vamos a empezar con un plan de contención de la Amazonía que ya está en curso y donde ya hemos identificado 22 núcleos donde queremos trabajar con esas comunidades para que, en vez de deforestar, entren a la economía forestal”, dijo la ministra.
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Y es que el reto de Colombia es generar una economía forestal y de la biodiversidad que no solo genere bienestar a las comunidades, sino que les permita superar retos de seguridad, ya que pueden ser mano de obra de la mafia o ciudadanos colombianos parte del Estado Social de Derecho. “Lo que queremos es lo segundo. Eso le quita fuerza a esas economías ilícitas e incluye la restauración ecológica y la gobernanza para detener la deforestación”, subrayó Muhamad.
Un segundo aspecto de la estrategia tiene que ver con la estrategia de paz total del presidente Gustavo Petro. Para la ministra, si se logra que haya acuerdo y acogimiento a la justicia, se desactivan muchas de las fuentes de la economía ilícita y mayor gobernanza sobre los territorios, reduciendo el impacto de la deforestación.
Lo tercero apunta a una nueva estrategia de control territorial, que debe estar más encaminada hacia lo social mediante estrategia de prevención y de contención, además del avance en las investigaciones judiciales, que deben llegar más a fondo hacia los hechos de corrupción.
Por último, Muhamad concluyó que la estrategia del gobierno también debe fortalecer a las instituciones locales “porque mucho de la deforestación se está legalizando a través de mecanismos de los gobiernos locales. Creo que a eso hay que ponerle un ojo”.