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El desafío de garantizar la educación superior de calidad en los territorios afros del país

Las universidades públicas que dan cobertura a personas afro están lejos de llegar a los rankings de los mejores del país o del mundo. En este punto el país tiene una deuda con miles de jóvenes afro que no están recibiendo educación de calidad. ¿Cómo solucionarlo?

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Hace varias semanas fue noticia nacional la categorización de la universidad ICESI  como  la mejor de las quince universidades colombianas que lograron entrar en THE World University Rankings 2023, liderado por La firma Times Higher Education (THE).  Aunque para muchas personas fue sorpresivo no encontrar a las universidades tradicionales de élite en el país liderando esta lista, la alta calidad educativa y el nivel académico de los egresados de esta institución evidencian por qué fueron merecedores de esta distinción.

Lamentablemente, las universidades públicas que dan cobertura a las personas afrodescendientes e indígenas ubicadas en el andén o Litoral del Pacífico colombiano aún están lejos de clasificar en los listados internacionales que premian la calidad educativa en el mundo.  De acuerdo con los resultados de la prueba Saber Pro2021, los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad del Pacifico, en Buenaventura, recibieron las peores calificaciones en todo el territorio colombiano. Esto, pese a que estos entes académicos tienen un gran potencial para ser líderes en materia de investigación científica, debido a la riqueza biodiversa de los territorios que cubren. 

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Ciertamente, el acceso a la educación superior determina en muchos casos los referentes de competitividad y movilidad social de una persona, así como el desarrollo de los territorios. Estos resultados de baja calidad  educativa,  sumados a factores externos como los grandes vacíos de escolaridad y de necesidades básicas insatisfechas, impactan de manera negativa a la niñez en estos territorios, y se reflejan en gran parte de los jóvenes; cimentan las barreras históricas que enfrentan los profesionales egresados de estas instituciones para acceder a oportunidades y escenarios de competencia laboral en un mercado que aún está atravesado por altas cargas de clasismo y racismo.

Lo realmente importante aquí, es que las brechas en el campo educativo no sólo deben explicarse desde el acceso desigual a condiciones materiales, que en general en países como Colombia es alta. La importancia de entes de educación superior como la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad del Pacífico radica en la singularidad de la población que cubren, que en este caso requiere de un análisis directo sobre las barreras que genera en sí mismo el acceso a educación superior de calidad en los negros, afrocolombianos e indígenas como grupos racializados y empobrecidos en el país.

En Colombia, la educación es un derecho fundamental, por lo que es inherente, inalienable, esencial a la persona humana, que materializa el principio de igualdad consagrado en los artículos 5 y 13 de la Carta Política.  La desigualdad en materia de acceso a educación superior de calidad es una situación que genera desigualdad de capacidades y oportunidades y al mismo tiempo, baja productividad para el desarrollo y avance de los territorios. 

Por eso, además de la voluntad política, se hace urgente adaptar los sistemas educativos de las universidades en el andén del Pacífico en departamentos como el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a las nuevas demandas sociales, económicas políticas y culturales, que está trayendo incluso la agenda global, como una plataforma para impulsar el desarrollo en la región.

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A nivel de agenda política, hablar de transformaciones desde estas perspectivas en un país como Colombia, implica estructurar acciones contundentes que permitan impulsar el progreso en el conocimiento en las personas afros e indígenas que por años han sido excluidas y marginalizadas de todo escenario de desarrollo y calidad de vida en el país, y que deseen manifestar su autonomía, igualdad e individualidad étnico cultural, desde el acceso a una carrera universitaria.

Finalmente,  siguiendo las recomendaciones del documento de Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina, y a propósito del avance en  el Congreso de  la  reforma de la Ley 30 de 1992 que organiza el sistema de educación superior en Colombia, para responder a las necesidades de formación de calidad que demanda la sociedad en su búsqueda de mayor equidad, bienestar y desarrollo, es importante que se piensen en fuentes de financiación que complementen de manera integral lo que el Estado hace a través de sus carteras políticas.  Los territorios necesitan profesionales de calidad, especializados en las áreas que demanden regiones tan ricas y biodiversas como el andén del Pacifico. 

Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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