Los artículos relacionados con los hidrocarburos, el impuesto al carbono, la modificación del régimen simple y las plataformas digitales protagonizaron el debate de hoy.
Como en un partido de fútbol, la reforma tributaria de Gustavo Petro se hizo esperar hasta el segundo tiempo para ser aprobada casi en su totalidad, luego de que el Senado lediera su visto bueno. Tras varias horas de deliberación en la Cámara de Representantes, el proyecto recibió el aval de los dos recintos del Congreso, dejando el proyecto practicamente preparado para sanción presidencial.
No obstante, aún queda el tiempo extra, y es que el texto será sometido a conciliación entre Senado y Cámara el martes 8 de noviembre para revisar temáticas divergentes en las decisiones resultantes de cada debate. Entre ellas, destacan los beneficios a las megapensiones del extranjeros y el impuesto a las iglesias, que fueron aprobados en Cámara, pero no en Senado.
A pesar de ese pequeño impasse, el ambiente era positivo a la medianoche de hoy, cuando se levantó la sesión del Senado tras la aprobación de la reforma tributaria en dicho recinto. Y es que era evidente que el equipo de gobierno salía con buenas sensaciones del primer tiempo y con altas expectativas para el segundo.
Así lo expresó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien sostuvo que el país gana con los recursos que se obtienen de la tributaria para los programas sociales del gobierno, haciendo que el presupuesto del año entrante “logre un crecimiento sustancial” en asuntos prioritarios como la reforma agraria, la expansión de la educación y la salud, la vivienda social y los programas asociados a la paz y de economía popular.
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Asimismo, celebró el hecho de que hay muchas medidas redistributivas que convierten a esta reforma en “la más progresiva de la historia. Hay algunos sectores que van a pagar más, pero son todos de altos ingresos, y esperamos que se comprometan con esta contribución por su aporte al desarrollo social de Colombia“.
Ocampo también se refirió al tema de las pensiones, y aseguró que quedan con el mismo gravámen que tenían anteriormente, que apunta a aquellas con montos verdaderamente altos. En este apartado, comentó que está a la espera de la decisión de la Cámara de Representantes, donde puede haber algunos avances antes de la conciliación del martes.
Por su parte, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, dedicó algunos minutos para hacer claridades frente al tema de cárcel para evasores, y manifestó que solo deben pagar los intereses de la deuda aquellos que cometan el delito dos veces. No obstante, las personas que evadan de manera sistemática (tres veces o más) se enfrentarán a penas entre tres y nueve años de cárcel, decisión que calificó como un logro para el recaudo, que puede ser de hasta $80 billones anuales.
En este caso, el funcionario sostuvo que hay dos delitos sometidos a consideración: uno es ocultar activos o declarar pasivos inexistentes, y el otro es la defraudación, cuando los impuestos que no se pagan superan los $100 millones.
Con respecto a los nuevos puestos de trabajo para la DIAN, Reyes comentó que en lo aprobado en el Senado se busca ampliar la planta con modelos internacionales. “Cuando el ministro de Hacienda evalúe programa habrá una cuota detallada, porque se debe ver primero lo que ocurre en evasión en el país y entrenar funcionarios”, añadió.
Temas de mayor debate
Si bien la sesión en Cámara de Representantes fue mucho más ágil que la de ayer, hubo algunos puntos que requirieron un debate amplio, principalmente en temas donde varios sectores económicos han levantado fuertes alertas debido a las afectaciones que pueden llegar a generar.
Uno de ellos fue el artículo 48, referente a las plataformas digitales. En este punto, el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, propuso eliminar los apartados 2,9 y 2,10, referentes a los servicios de educación online y el suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia, con el propósito de que quedaran exentos de gravámenes.
“Se habla de la necesidad de apoyar la educación pública, entonces estamos pidiendo que, dentro de esas plataformas, queden excluidas las de servicios de educación online y las de entrenamiento o educación a distancia. Con este artículo ya le estan haciendo un daño grandisimo a los emprendedores del pais al pagar una pauta digital muy costosa“, aseguró.
Otra modificación tiene que ver con el cambio en la tasa de tributación en este apartado, que pasó de 5% a 3%. Además, se debe tener en cuenta que ya no entra el otro año, sino que su vigencia iniciará en 2024.
Luego de que el ministro Ocampo sostuviera que el artículo quedaba avalado para votación con las dos proposiciones adicionales, apuntó que este es un tema central en las negociaciones internacionales de tributación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y se materializa en acuerdos suscritos por Colombia para evitar que haya empresas que venden servicios desde el exterior que no son objeto de tributación en el país.
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“Hay dos problemas: las empresas colombianas que compiten con ellas están en desventaja, y esas compañías extranjeras pagan impuestos en el exterior, pero no en Colombia. Se trata de equilibrar el tema, y si se llega a un acuerdo final en la OCDE, este mecanismo desaparece. Es un problema de equidad en donde se capturan los impuestos de renta sobre las utilidades de esas empresas”, aclaró.
El jefe de la cartera económica también destacó que en el Senado se avalo la exención de este gravamen para la compra de libros online y a mipymes, mostrándose abierto a que esas mismas conclusiones se incluyeran en el texto que se trabajaba en Cámara. Esto llevó a que el artículo 48 fuera aprobado con estos cambios con 130 votos afirmativos, mismos que avalaron el artículo 49 tal como se expuso en la ponencia.
Frente a los artículos 39 y 40, relacionados con el impuesto al carbono, el argumento de la oposición detalla que estos apartados desestimulan la labor de personas que quieren llegar a carbono neurtralidad y no tener que pagar este gravamen. Además, se asegura que obligaría a las empresas a pagar 50% del impuesto al carbono.
En el caso del artículo 40, el representante del Centro Democrático, Carlos Cuenca, pidió una adición al texto en relación con que la tarifa de impuesto al carbono sea de cero pesos por unidad de combustible en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Vichada, Guaviare, Putumayo, Vaupés y algunos municipios del Chocó.
“Los municipios que desarrollan actividades de explotación y refinamento de combustibles perderán beneficios si se aplicara la tarifa plana de impuesto al carbono. No es justo que la Orinoquía, la Amazonía y los bosques sean gravados por contaminacion, cuando vienen siendo el pulmón del país“, dijo Cuenca, cuyos argumentos ayudaron a que el artículo 39 fuera aprobado como se redactó en ponencia y el 40 con su proposición avalada, dejando un saldo de 128 votos a favor.
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Otro tema de debate se centró en el artículo 36 sobre la modificación de régimen simple, para el que se pidió modificar la tabla de la cantidad de UVT y la tarifa simple consolidada, propuesta presentada por los representantes del Partido Conservador Luis Eduardo Díaz, Andrés Jiménez y Mauricio Cuellar.
Bajo esa perspectiva, Diaz explicó que dicha proposición busca que la tarifa de impuesto unificado de los ingresos brutos anuales y actividad empresarial de tiendas, minimercados y peluquerías, inicie de cero a 6.000 UVT. Esto para que la tarifa de tributación sea de $1,2 millones anuales.
“Queremos que ese ranking para esas tiendas, que venden $200 millones al año, se reduzca por lo menos a la mitad. Teniendo en cuenta que les queda 10% o 15%, pagan $2,4 millones al año en ese tributo, cifra muy alta para esta clase de negocios. Más aún si se tiene en cuenta que hay 450.000 tiendas pequeñas en Colombia”, dijo. No obstante, la propuesta fue rechazada con 105 votos en contra, pero el artículo fue aprobado con 128 votos.
En el caso del artículo 10, referente a las tarifas diferenciales, la representante del Pacto Histórico, Jennifer Pedraza, expuso una proposición no avalada buscando que la tarifa de tributación para mipymes se ubique en 20%. Esto teniendo en cuenta que la tasa del impuesto de renta para las empresas con renta liquida anual inferior a 4.100 UVT (unos $180 millones) llega a 30% en la actualidad.
Si bien la carga sigue siendo alta, “es un mensaje que debe darse a microempresarios para avanzar en la diferenciación del impuesto”, de acuerdo con la parlamentaria. Tras la exposición de su propuesta, la votación de la Cámara arrojó 87 a favor de la misma, mientras que el artículo como tal fue aprobado con 122 votos, teniendo en consideración sus proposiciones avaladas.
Hidrocarburos: protagonistas una vez más
El punto más algido del debate llegó casi al final, y nuevamente tuvo como protagonista al artículo 17 sobre el impuesto a los hidrocarburos. En relación a él, la petición principal se centró en la eliminación del parágrafo 1, donde se explica que, para efectos del impuesto sobre la renta, el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie será al costo total de producción de los recursos naturales no renovables.
Cabe destacar que las comisiones económicas del Congreso aprobaron ayer el presupuesto de regalias por $31,3 billones. Al respecto, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, detalló que dicho monto proviene principalmente del sector minero energético.
“Este parágrafo pone en riesgo la actividad económica, y hay que decir esta norma es inconstitucional. Además, compromete la estabilidad jurídica en las empresas del sector minero y de hidrocarburos, que año a año transfieren y generan recursos económicos para el fisco nacional”, señaló.
Por su parte, el representante del Partido Liberal, Carlos Ardila, destacó que “estamos hablando de un sector que genera un millón de empleos y significa $54 billones a la economía nacional“.
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Los parlamentarios de la oposición también destacaron que Colombia será el primer país de Latinoamérica que impide regalías provenientes de hidrocarburos. A su vez, sostuvieron que el tema de la deducibilidad, la renta de 35% y las sobretasas ponen a Colombia en último lugar en materia de competitividad, lo que significa que habrá menos recursos para exploracion y menos barriles.
Ocampo señaló que este tema tiene dos fundamentos: al ser la compra de un activo del Estado, no se trata de un impuesto. De ahí que el tratamiento como costo de producción no tiene el mismo sentido que tiene el ICA, que se deduce del gravamen nacional.
Con la norma que permite la deducibilidad, el 35% de las regalías que se reciben por parte de departamentos y municipios son menos impuestos nacionales, y califican como recursos del país. El sobrecosto que generan es pequeño, y según estimaciones del ministerio, la extracción del petróleo es poco mas de 2% del impuesto efectivo, mientras que en empresas petroleras es poco menos de 5%.
Tras estos argumentos, se procedió a votar sobre las proposiciones no avaladas, que fueron rechazadas con 107 votos. Acto seguido, se debatió el artículo como se redactó en la ponencia, lo que dejó como resultado su aprobación con 114 votos.
Otros puntos de la discusión
La Cámara llegó con un listado amplio de hasta 26 artículos pendientes por aprobar frente a los 90 que componen la ponencia de la reforma tributaria. Además de los ya mencionados, el resto de los puntos que se debatieron en la jornada fueron aprobados con mayor normalidad.
No obstante, uno de los que tuvo varias opiniones encontradas, aunque no ocupó mucho debate, fue el artículo 2. Al respecto, algunas proposiciones apuntaban a modificar apartados donde las pensiones de jubilación se gravarían solo en parte de pago anual cuando excedieran las 5.000 UVT. Ese mismo tratamiento para indemnizaciones sustitutivas de pensiones, con un valor exonerado para las 5.000 UVT al momento de recibirlas.
La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, explicó que esta es una proposición que se está colocando a consideración de todos los partidos, en completa libertad de aceptarla o negarla. Excluir este artículo del bloque para poder dar la discusión, teniendo en cuenta que hay argumentos de revivir pensiones altas, con valores mayores a $16 millones. No obstante, la parlamentaria retiró este apunte para que el artículo fuera votado como se redactó en la ponencia.
Por su parte, el representante del Partido Conservador, Wadith Manzur, comentó en referencia al artículo 2 que las personas que tienen la fortuna de ganarse una pensión de poco mas de $10 milones no se convierten en multimillonarios y ricos. Finalmente, fue aprobado tal como estaban escrito en la ponencia, al haberse tramitado todas las proposiciones. El resultado arrojó 120 votos a favor.
Con respecto a los artículos 3 y 4, referentes a los dividendos, la representante del Partido Liberal, Piedad Correal, radicó una proposición para cada uno. En el primer caso, solicitó que la retención en la fuente sobre dividendos aplicara solo para más de 1.090 UVT, además de que la tasa de 20% se redujera a 15%.
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En cuanto a la proposición del artículo 4, se buscaba que la tarifa especial para dividendos por sociedades extranjeras y personas naturales no residentes bajara a 15%. Ambos artículos se votaron con dichas proposiciones avaladas, dejando como resultado su aprobación con 113 votos favorables.
Frente a los artículos 42 y 43, referentes al impuesto a los plásticos de un solo uso, ambos fueron aprobados con proposiciones avaladas con 113 votos a favor. Mientras que en el primero quedaron exceptuados la comida y los productos que deben empacarse en plástico, como el pollo y las verduras que para conservarse lo requieran, el segundo resaltó que el cobro de este impuesto iniciará a partir de julio de 2023.
Un aspecto cuya proposición no pasó al debate de la Cámara fueron las modificaciones al mecanismo de registro único de beneficiarios finales para favorecer la transparencia de las sociedades anónimas, fiducias, fondos de inversión, entre otras estructuras contratantes.
La iniciativa, liderada por los representantes del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, José Alberto Tejada, Jorge Hernán Bastidas y Etna Tamara Argote, hacía hincapié en la importancia del uso de esta herramienta para combatir la corrupción y prevenir el lavado de dinero. Por ello, se resaltó la importancia de que este registro pueda transitar hacia uno parcialmente público para quienes contratan con el estado.
Cabe destacar que el registro existe y se aprobó mediante la reforma tributaria pasada, pero el aspecto que no se logró en este debate fue aumentar las sanciones que existen hoy en día para quienes incumplan y que permitirían avanzar en estándares internacionales de la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).