En la norma también se establecerán las funciones que cumplirán los beneficiados en su rol de gestores de paz, así como los compromisos que acogen de no violar nuevamente la ley.
El anuncio del Gobierno nacional de suspender las capturas de más de 200 jóvenes de la primera línea y nombrarlos gestores de paz ha suscitado reacciones a favor y en contra en el espectro político y entre la ciudadanía.
Ante las críticas que ha despertado la medida, Alfonso Prada, ministro del Interior, explicó que se revisará caso por caso y que quienes sean liberados continuarán vinculados a los procesos judiciales, “no es una amnistía, no es un indulto”, sentenció.
“Reitero que no es un perdón judicial (…) quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que, finalmente, definan los jueces en sentencia judicial. Los procesos, por ende, no se suspenden”, aclaró el portavoz del Gobierno.
Para ello se formó una Comisión de Alto Nivel, integrada por el Ministro de Justicia, Néstor Osuna; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el Ministro del Interior, Alfonso Prada, que tendrá la tarea de asesorar al presidente Gustavo Petro en la utilización de la facultad que le otorgó el Congreso al Presidente de la República para solicitar la suspensión de las capturas.
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“El Presidente, una vez se expida el análisis de cada caso en particular en forma individual e independiente, adoptará la decisión, que va a ser básicamente una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”, añadió.
En la norma también se establecerán las funciones que cumplirán los beneficiados en su rol de gestores de paz, así como los compromisos que acogen de no violar nuevamente la ley. La medida cobijará además a los líderes sociales jóvenes, campesinos, afrocolombianos e indígenas.