La ministra de Agricultura, Cecilia López, enfatizó en la necesidad de impulsar las cadenas productivas, teniendo en cuenta que el país tiene más demanda que oferta para el mercado internacional.
No cabe duda que 2023 será el año de las reformas. Además de las pensiones, la salud, el trabajo y hasta la educación, uno de los proyectos que se viene discutiendo, incluso desde la campaña presidencial, es el de la reforma agraria. Su importancia, consignada en el primer punto del acuerdo de paz firmado con las FARC, es vital para el gobierno de Gustavo Petro, que también busca convertir a Colombia en una despensa de alimentos con alcance global. Solo hay un gran problema: hace falta plata.
“El cálculo que tenemos es que 500.000 hectáreas, por ejemplo, que sería una meta muy ambiciosa, nos valen $10 billones de pesos, es decir la mitad de la reforma tributaria“, explicó la ministra de Agricultura, Cecilia López, en entrevista exclusiva con Forbes Colombia.
La jefa de la cartera agrícola reconoce que la compra de tierras debe llevarse a cabo con capital del gobierno, ya sea con recursos de presupuesto de ahora o del futuro. Asimismo, la cantidad de hectáreas que se adquieran dependerán de la dinámica que dé el mercado. “Lo que yo quisiera honestamente es que no importara tanto cuánto compramos y cuánto distribuimos, sino que lo hagamos muy bien, porque este es un proceso que seguramente va a ocupar dos o tres gobiernos”, aclaró.
Bajo esa perspectiva, recordó unas palabras clave del presidente Gustavo Petro durante el último Consejo Económico: la plata de la reforma tributaria es para los objetivos del gobierno, y uno de ellos es la reforma agraria. No obstante, tiene claro que el porcentaje que les corresponda de esos recursos dependerá de la agilidad que muestre su ministerio, así como del tipo de tierra que les ofrezcan. “Ahí el presidente tomará las decisiones de cuantos recursos nos asignan, pero eso quiere decir que va a haber más recursos de lo que pensamos”, sostuvo.
Convierta a Forbes Colombia en su fuente habitual de Economía y Finanzas
López es consciente de que lo realmente importante es que el proceso se haga bien ahora para que tenga un apoyo político y social tan grande que no se pueda interrumpir en el futuro. Sin embargo, reconoció que para un país que tiene una concentración de tierra tan alta, tres millones de hectáreas “es una tímida reforma agraria“. Para la ministra, la clave es distribuir la tierra, pues solamente en casos como el sector ganadero “pueden estar sobrando cinco veces más“.
Aquí entra a colación el acuerdo firmado con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) para efectuar la compra de tres millones de hectáreas que serán repartidas entre los trabajadores del campo. En este aspecto, se está definiendo una ruta entre ambos actores que debe tener el visto bueno del presidente para ver cómo se va a desarrollar la venta apenas llegue la tierra, que “creemos que serán ofertas individuales, aunque las entregas van a ser colectivas”, según explicó López.
Al mismo tiempo, y ante la complejidad del proceso, el ministerio hizo un acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Superintendencia de Notariado y Registro, la Registraduría, y la Fiscalía para que aquellos que quieren ofrecer tierra y los que quieren demandar tierra conozcan las especificaciones para hacer parte del proceso. “Antes se le ponía a la gente que probara que era campesino y que no era rico. Ahora, con unas condiciones básicas, nosotros somos los que vamos a probar eso”, comentó la ministra.
Un primer paso apunta a que no sea parte del mapa de restitución de tierras. Ese es el primer examen que se hace para asegurarse que dichas zonas no han sido parte del problema con el narcotráfico y que no es tierra de la que se le quitó a la gente. Luego de esto, se clarifica que dichas hectáreas sí pertenezcan a aquellos que las estén poniendo en oferta.
Posteriormente, entra en el esquema la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), entidad donde se evalua la productividad de las tierras y si no se inundan, para luego definir los precios mínimos y máximos tras la ejecución de pilotos de catastro. Después de todo este proceso, viene la negociación para asignar un valor de compra a los terrenos en cuestión.
Cadenas productivas
López tiene claro que la reforma agraria no saldrá adelante si no hay productividad. Y es que a pesar del alza del dólar, aspecto que se pudo haber aprovechado para aumentar las exportaciones, hubo otro escenario no tan positivo: el país tiene más demanda que oferta para el mercado internacional. De ahí que un objetivo clave en aras de lograr una reforma sólida consiste en impulsar aún más estos sectores, incluso aunque las exportaciones no tradicionales estén creciendo 25%.
Para dar un ejemplo, mencionó casos como el maíz, y destacó que en este periodo de gobierno se deben producir 400.000 nuevas hectáreas del producto. Al mismo tiempo, resaltó que el reto apunta a que no sea solamente con grandes productores, sino también con pequeños y medianos.
Adicionalmente, el país necesita mejorar la calidad del aguacate hass, que si bien se está vendiendo muy bien en invierno en Europa y en Estados Unidos, no es un competidor fuerte cuando es verano, época en la que hay mayor dominio de mercados como México y Brasil. “Una mejora de la calidad de nuestro aguacate y una mejora de la productividad puede hacer que no solamente exportemos en invierno, sino que época de verano”, apuntó.
Además de sustituir importaciones en productos como maíz, soya y papa, la ministra hizo un llamado para lograr autonomía en el mercado de la leche y de impulsar actividades como la apicultura. Esto podría beneficiar a productos como el arándano, pues la fertilización que produce la polinización aumenta la calidad de la fruta.
Lea también: Emprendedoras que están haciendo volar sus negocios en las redes sociales
En otros productos clave, como el limón tahiti, hay otros retos estructurales. Al respecto, López subrayó la necesidad de que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se vuelva mucho más ágil en la certificación de fincas, más aún si se tiene en cuenta que departamentos como Nariño, para sorpresa del sector, se están revelando como areas de gran potencial de exportación que puede verse frenado ante la coyuntura ya mencionada.
A esto hay que sumarle que el fenómeno de la deforestación va a poner límites a la entrada de productos. Por ello, López reconoció que el gobierno debe hacer una estrategia muy clara de parar la deforestación en el país y elaborar esquemas de trazabilidad “para demostrar en qué etapas nuestros producto no están pasando por procesos de deforestación”.
Sin embargo, uno de los casos más delicados apunta al sector cafetero, que actualmente proyecta tener su propia reforma agraria. Y es que en este proceso son los mismos cafeteros quienes tienen que ver como ayudan al final, porque lo que ha pasado es que a través del tiempo se ha dividido la propiedad, según explicó López.
“No hay derecho que un producto que genera casi 4.000 millones de divisas al año tenga una población muy importante con transferencias condicionadas por debajo de la línea pobreza. Lo que estamos diciendo es que, si la causa fundamental es que se redujeron por las herencias, cómo no se dieron cuenta si hay mucha gente que tiene media hectárea que no le da los ingresos suficientes (…) Tienen que hacer un esfuerzo de Reforma Agraria, además de canalizar todos los apoyos a los sectores más pobres”, dijo.
Incluso, el café ha sido el producto agropecuario más afectado por la ola invernal, pues hasta 12% de las áreas de siembre se han perdido por las inundaciones registradas en los últimos meses. Otros cultivos transitorios apuntan a maíz, arroz y hortalizas, que han perdido 7,2%, 6% y 5% respectivamente. En general, el promedio de pérdida de los cultivos en Colombia ronda el 4%.
El papel de la banca
Uno de los principales apoyos para impulsar las cadenas productivas a nivel nacional está en la banca, segmento en el que existen dos actores clave para el desarrollo del agro en Colombia: el Banco Agrario y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
En el primer caso, cabe destacar que entre agosto y octubre, el Banco Agrario desembolsó $2,5 billones en crédito, aumentando en 27,9% frente a los $2,01 que había desembolsado en el mismo periodo del año pasado. A su vez, los pagos a pequeños productores, jóvenes y mujeres crecieron 17% en comparación con 2021, al pasar de $1,2 billones a $1,4 billones entre un año y otro. La institución también ha otorgado créditos por $930.000 millones a pequeños productores, revelando un incremento de 11,3% frente a 2021.
“El gran problema que había con el Banco Agrario era que lo habían sacado del área rural y se había vuelto un banco comercial. Aquí les trajimos otra vez al agro y están soltando recursos muy impresionantes para los pequeños productores”, destacó la ministra.
En el caso de Finagro, López lo describió como una institución absolutamente clave para el sector, por lo que la misión del ministerio se ha centrado en su fortalecimiento y reorientación. Esto teniendo en cuenta la necesidad de colocar créditos de fomento para pequeños agricultores, ayudándoles a crear historia crediticia como instrumento clave para la inclusión financiera.
Lea también: Cómo la pospandemia configuró una nueva era para la banca nacional de desarrollo
“Lo importante es que ellos demandan crédito. Una cosa que estamos viendo no solamente en Colombia sino en el mundo es que los pobres, los indígenas y los que han estado excluidos han producido sin apoyo, entonces no demandan insumos, no demandan crédito, no demandan asistencia técnica, y aún así nosotros estamos comiendo todo lo que producen. Si les damos estas herramientas, imagínense el potencial que ellos tienen”, señaló.
Bajo esta perspectiva, las metas de Finagro para los próximos cuatro años apuntan a incluir 200.000 nuevos pequeños agricultores con crédito de fomento y acceso a la garantía, además de introducir hasta 50.000 nuevos pequeños productores de bajos ingresos de la economía, popular y comunitaria. En paralelo, se está haciendo un plan que involucra hasta $20,4 billones de recursos para impulsar la transformación del sector agropecuario.
En materia de gestión de riesgos, se habla de recursos de subsidio a la prima de seguros por $100.000 millones, cifra que nunca se había registrado en este apartado. Asimismo, se espera emitir hasta 664.000 garantías y movilizar $6,3 billones en crédito de fomento para 2023. De ese total, hasta 82% será para pequeños productores.
“Aquí estamos poniendo unas metas muy ambiciosas para Finagro, y que así logre adoptar una estructura financiera que asegure la sostenibilidad, establecer instrumentos que fomenten la productividad de la actividad agropecuaria y rural, democratizar el crédito de fomento para fortalecer la economía rural, y asegurar que las actividades financiables rurales cumplan criterios de sostenibilidad”, concluyó.