Néstor Osuna, jefe de la cartera de Justicia, habló por la polémica desatada tras la noticia de que los integrantes de la primera línea serán liberados y designados gestores de paz
Luego de varias semanas de especulación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la liberación de los integrantes de la primera línea que se desempeñarían como gestores de paz, y destacó que la ley le otorgó al presidente la facultad de designar voceros en organizaciones comunitarias y sociales.
En este caso, como medida de autorregulación, el jefe de la cartera comentó que el objetivo clave fue crear una comisión del gobierno para asesorar al presidente en ese tema, esquema que a su vez tendrá controles judiciales. “Cuando se expide esta resolución, la decisión la toma el presidente (…) Con el alcance que tiene la ley para nombrar voceros a organizaciones humanitarias, permite que el presidente pueda hacerlo por iniciativa propia”, explicó Osuna en diálogo con Forbes.
Si bien aquellas personas designadas salen de la cárcel con tareas de la vocería, que agrupan labores humanitarias, de reconciliación y trabajo social, no quedan exentas de seguir respondiendo a sus respectivos procesos, como sentencias e interrogatorios. “El efecto de la figura sí saca a la persona de la cárcel pero no del expediente”, aclaró el ministro.
Las tareas de los voceros de paz, para aquellos que no pertenecen a grupos armados ilegales, también tendrán funciones que contribuyan a disminuir la tensión que ha existido entre distintos sectores de la sociedad, además de tareas humanitarias y reconstrucción de tejido social, como borrar fronteras invisibles entre pandillas. Esto incluye considerar a miembros de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos donde haya fricción social.
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En el esquema de separación de poderes, el presidente está encargado de guardar y recuperar el orden público de acuerdo a la división de poderes vigente desde 1998, facultad mediante la que puede nombrar voceros o gestores de paz. De acuerdo con Osuna, si algo resulta excesivo, el poder judicial podrá controlarlo “como siempre lo ha hecho”.
A modo de contexto, Osuna mencionó que los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe también designaron voceros del ELN o de las FARC para los procesos de paz que desempeñaron durante sus administraciones. La única diferencia en este caso es que aquellos detenidos en las protestas sociales quedaron incluidos en una vieja figura, pese a que no son parte de los grupos armados.
No obstante, el ministro recomendó que no haya ningún condenado en las hojas de vida, y anunció que dichos perfiles ya han sido excluido en la práctica. A su vez, comentó que la comisión se reunió lunes, martes y volverá a hacerlo hoy para diseñar lineamientos.
Osuna también recordó que el censo de personas detenidas por protesta social cambia todos los días y puede tener margen de error. En la depuración más reciente se detectaron hasta 100 personas, y de ese total, si el presidente lo quiere, expedirá no más de 20 resoluciones de vocerías en un primer momento, aunque sin incluir perfiles de sujetos ya condenados. “En caso de que se designe a alguien sindicado como vocero, y en el ejercicio de vocería se impute una condena, se levanta su rol”, aclaró el ministro.
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Ante dicho escenario, el jefe de la cartera hizo aclaraciones sobre dos casos en particular. Con respecto a alias ’19’, detenido por ser el presunto autor intelectual ataques y torturas en medio de las protestas del paro nacional, cabe destacar que la gravedad de su expediente ha hecho que Osuna sugiera al presidente no incluirlo en esta estrategia. En cuanto a alias ‘Violeta’, una de las implicadas en el atentado al Centro Comercial Andino, el ministro aseguró que puede servir como mediadora para facilitar el proceso entre ELN y el estado.
“La atribución no está dirigida a delitos leves o graves, sino que busca favorecer reconciliación y garantizar el orden público (…) Los procesos judiciales siguen, y esta atribución ya existía desde el 2000. El único elemento nuevo es la ley de hace menos de un mes que amplia las vocerías a miembros de organizaciones sociales”, recalcó.
En caso de que alguien demande la resolución, la jurisdicción puede ser revisada e incluso anulada. No obstante, Osuna detalló que esto nunca ha ocurrido con el nombramiento de gestores, y agregó que se han nombrado más de 1.000 desde que la figura ha existido.
Si bien la oposición, liderada por el Centro Democrático, ya anunció que demandará esta figura, el ministro sostuvo que, si la autoridad judicial toma una decisión que tome el camino señalado en el párrafo anterior, “será acatada por el gobierno”.