La Procuraduría aseguró que los cambios acelerados en la contratación estatal podrían generar una "parálisis del Estado".
La idea de formalizar a casi 1 millón de trabajadores del Estado, que actualmente tienen un contrato por prestación de servicios, ha desatado en los últimos días una polémica sobre las implicaciones que tendría ejecutar este plan, tal y como lo prometió hace unos meses el presidente de la República, Gustavo Petro.
Aunque en los primeros meses el Gobierno Nacional reiteró la urgencia de adelantar un proyecto de formalización de empleo, hasta hace una semana se dio a conocer que dichos contratos por prestación tan solo se suscribirían hasta abril de cara a que se puedan ampliar las plantas de personal en las entidades y empresas del estado.
“La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro meses, plazo este durante el cual los órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran”, dice una circular emitida la semana pasada por Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente).
El documento, que está dirigido a los órganos, organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva, ha desatado todo tipo de críticas e incluso algunas divisiones dentro del Gobierno Nacional por parte del Ministerio de Trabajo y de Hacienda.
De hecho, la misma ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que dicho plan no se podría ejecutar en el tiempo que se estipuló inicialmente, ya que no existe viabilidad presupuestal por parte de la cartera económica.
Así se ve en una carta que envío Ramírez a la Secretaría Jurídica de Presidencia, en la que se lee que la “expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen”, por lo que no se puede dar por sentado que ya se tienen los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral.
Pese a que hasta el momento el presidente Petro no se ha pronunciado sobre las divisiones al interior de su administración, lo cierto es que en las últimas horas se ha sumado una alerta de la Procuraduría que advierte que estos pocos meses para la formalización del empleo podrían generar una parálisis del Estado, poniendo en riesgo el funcionamiento de las entidades.
De acuerdo con una circular emitida a los ministerios por la procuradora Margarita Cabello, los cuatro meses que fijó Función Pública y Compra Eficiente resultan escasos, por lo que se solicita agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una “parálisis del Estado” en todos sus niveles.
En dicha circular, la Procuraduría detalla que “no se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, por lo que indica que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.
Es de resaltar que esta discusión ha desatado críticas de algunos sectores políticos, pese a que el presidente del Senado, Roy Barreras, ya explicó que dicha formalización será una transición, que deberá desarrollarse con precisión en una eventual reforma laboral que tramite el Gobierno.