El país tiene una deuda en materia de pensiones con las mujeres afro. La informalidad y la falta de oportunidades para empleo las tienen en desventaja respecto al resto de la población. ¿Las reformas que avanzan contemplan esta problemática?

El sistema general de pensiones no está diseñado para impulsar la inclusión de las mujeres afrodescendientes.

El álgido debate nacional sobre la futura reforma pensional ha dejado de lado a una población que, debido a condiciones históricas de desigualdad socioeconómica, presenta mayor dificultad para alcanzar puestos de trabajo bien remunerados o desarrollar trayectorias laborales estables, dos elementos clave para acceder a una pensión en Colombia.

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De acuerdo con un estudio reciente publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sólo dos de cada diez mujeres afrodescendientes mayores de 65 años reciben una pensión en el país. Para el 2019, la cobertura se ubicó nueve puntos porcentuales por debajo de la media nacional: 29,1%.

La brecha es innegable. Las trabajadoras afrodescendientes tienen una presencia desproporcionada en empleos informales y en aquellos que requieren un nivel bajo de cualificación, aunque esto no necesariamente coincide con los niveles educativos alcanzados. Según el DANE, el desempleo de las mujeres afrocolombianas siempre ha sido superior al de las mujeres sin etnicidad. Incluso antes de la pandemia por Covid-19, en 2019, la tasa de desempleo en este grupo poblacional era de 17,4 por ciento, 8,6 puntos porcentuales superior al que presentan en los hombres negros, y 3,8 puntos superior al que registran las mujeres del total nacional.

Para Carlos Viafara, doctor en sociología y profesor de la Universidad del Valle, el panorama es más preocupante en regiones como Antioquia, Valle del Cauca, el litoral Pacífico y Bogotá. En estos territorios, las mujeres afrocolombianas se encuentran inmersas en una brecha de desigualdad amplia, superando los porcentajes de pobreza en comparación a las mujeres sin etnicidad.

La Cepal advierte, además, que el porcentaje de mujeres pobres que lideran hogares monoparentales es siempre más alto que el de personas pobres, en promedio, por tipo de hogar. La cifra llega a ser mucho más elevada entre la población afrodescendiente, pues alcanza a más del 47% de las mujeres.

Ahora bien, a pesar de que en los últimos años han surgido algunas acciones afirmativas orientadas a la superación de la desigualdad étnico-racial en el acceso a la educación, los logros de las mujeres afrodescendientes en esta esfera siguen sin ser recompensados por el mercado laboral.  Lo anterior perpetúa el problema salarial de género, que persiste y se vincula con un racismo fuertemente arraigado en las estructuras socioeconómicas de un país como Colombia, puesto que la inversión tanto pública como privada dedicada a la formación educacional de esta población aún no se ve reflejada en su percepción de ingresos laborales.

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Para transformar esta realidad, el país debe avanzar hacia la implementación de políticas públicas inclusivas, antirracistas,  con un enfoque interseccional, que garanticen el acceso a derechos e impacten de forma positiva la cotidianidad de las mujeres afrodescendientes que a diario nos ayudan a construir nación. El debate sobre la reforma pensional tampoco puede seguir ignorando el factor étnico-racial a la hora de definir los parámetros que regulan la no discriminación salarial entre hombres y mujeres.

La justicia económica debe ser un elemento esencial de toda política pública que busque la justicia racial y la promoción de una vida digna en todos los ciclos de la vida.

Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.