El Ministro de Educación, y exministro de Salud, presentó sus reparos sobre la actual reforma a la salud. Dijo que no hay un diagnóstico claro y recalcó que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades.

El ministro de Educación y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, entregó sus reparos sobre la reforma al sistema de salud colombiano que prepara la ministra Carolina Corcho. Para Gaviria, lo más importante es que el proyecto, que será radicado en las próximas semanas ante el Congreso de la República, tenga un diagnóstico claro sobre lo que necesita la salud en el país, algo que considera que no se ha hecho.

“Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales”, advirtió.

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Desde su perspectiva, el proyecto actual insinúa que los problemas del sistema se originan en la administración, cuando se relacionan más con la inequidad. Por eso, destaca que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales.

Además, señaló que el subsistema de salud del magisterio y el de las fuerzas armadas, que no son administrados por EPS, tienen grandes dificultades financieras y, en comparación con el régimen contributivo, se registran “tres veces más quejas por 1.000 afiliados”, lo que podría repetirse a mayor escala con el proyecto propuesto.

“La experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en 1996, con los recobros directos del Fosyga por la atención a al población desplazada en 2001 (…) El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos psiquiátricos, etc.”, dijo.

La reforma propuesta plantea una estrategia extraña: Gaviria

Para el Ministro, la reforma tal y como está planteada buscaría “destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales”, lo que sería un planteamiento extraño de la estrategia. “En Iugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña”, afirmó.

Al tiempo, dejó claro que el sistema actual es tiene muchas fortalezas, por lo que “destruirlo sería un suicidio” y cuestionó los cabos sueltos que deja la propuesta que avanza en el Gobierno: qué va a pasar con los pacientes, cómo va a ser el flujo de recursos, cómo va a ser la transición, pues aunque la reforma propone “un pagador único, la ADRES, que es hoy una tesorería y se convertiría en una gran EPS pública”, no se conocen los detalles.

Finalmente, cuestionó que no se ha hablado sobre quién prestará otros servicios de los que actualmente se ocupan las EPS, como la atención domiciliaria, la gestión farmacéutica, la coordinación y entrega de medicamentos, el control de pacientes crónicos, las licencias de maternidad e incapacidades, entre otros.

“Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas para estas tareas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas”, dijo.

“Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada (…) En el esquema propuesto, que no define el control de gasto y del recaudo, el impacto fiscal sería enorme. El gasto se multiplicaría y el recaudo podría caer de manera sustancial. Esta contingencia fiscal podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”, concluyó.