Costo fiscal de la reforma a la salud supera los $23 billones

La reforma a la salud ya llegó al Congreso de la República y a partir de ahora iniciará su trámite en la Comisión Séptima del Senado y la Cámara. Aunque por ahora no se han explicado en detalle los principales puntos que contiene el texto, lo cierto es que una de las principales preguntas es cuánto le cuesta al país el proyecto, así como está la viabilidad fiscal para hacerlo realidad.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no se ha pronunciado al respecto, pese a que sí conoce por completo el proyecto, pues en la construcción general tuvo que dar el visto bueno. Al revisar el documento de 152 artículos y 291 páginas se ve que costo fiscal podría ascender a los $23 billones, unos costos adicionales que tendrían que asumir todos los colombianos.

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La reforma, por ejemplo, tiene una estimación general de costos de infraestructura sobre los Centros de Atención Primaria y la infraestructura hospitalaria nivel 1,2, 3 y nacional. Dice el documento que la construcción de estos Centros de Atención y las mejoras en infraestructura tendrían un costo adicional que asciende a los $11.3 billones.

“Los recursos proyectados para inversión de infraestructura parten de sostener los $1.5 billones aprobados para 2023 con destino al desarrollo de los Centros de Atención Primaria, a lo largo de los 10 años del ejercicio financiero, con un pequeño crecimiento del 1.1% anual”, detalla el texto.

Y agregan: “Por otro parte, para el desarrollo del Sistema Hospitalario en el país se asignan los recursos de la contribución del 52% sobre la prima SOAT, contribución que fue creada con este propósito, más los recursos del impuesto de armas y municiones pensado en desarrollar las redes de urgencias”.

Con el régimen especial laboral que se proyecta, el texto contempla un costo fiscal neto de formalización de $3.39 billones adicionales. En este momento, dice el documento, el costo de la contratación por prestación de servicios es de $5,61 billones. Por eso, para la formalización laboral de estos trabajadores alcanzarían los $9 billones.

El Ministerio de Salud busca construir un nuevo sistema, en el que los recursos públicos sean manejados por un Fondo Único Nacional y Fondos Regionales. En este proceso, el papel de las EPS como intermediadores financieros y de aseguramiento se elimina, por lo que los usuarios que estén en Entidades Promotoras de Salud en liquidación pasarían a ser parte de una entidad pública, que para este caso se contempla la Nueva EPS.

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El proyecto de ley plantea que, bajo ese escenario, más de 11.4 millones de usuarios pasarían a ser parte de la Nueva EPS. En este momento tienen 10.4 millones, por lo que alcanzaría un volumen de más de 20 millones de afiliados.

Detalla el texto de la reforma que para soportar esta masa de usuarios se necesita capitalizar la Nueva EPS de cara a mejorar sus capacidades. “Se proyecta que las necesidades de capitalización de la entidad receptora oscilan entre $2,4 billones y $5.7 billones, para el primer año de operación”, añade el texto.

“Si Nueva EPS recibe el traslado de 11.490.787 afiliados, tendría ingresos adicionales correspondientes a la UPC por un valor de $16,7 billones, lo que llevaría a que la brecha del indicador de patrimonio adecuado se aumente en mínimo 173% y, por tanto, la entidad debería capitalizarse en $2,1 billones”, concluyen, pero bajo un escenario muy conservador.

Es de resaltar que a estos costos se suman la gestión universal que se busca de sistemas de información y la creación de los fondos regionales, que administrarían el dinero en los territorios.