A través de este mecanismo, el Estado o los donantes interesados desembolsan sus recursos a los operadores de iniciativas de empleo solo cuando las personas acceden y permanecen en un puesto de trabajo formal.

Cuando altas tasas de desempleo e informalidad laboral se combinan con brechas educativas y de género se generan barreras para la existencia de un mercado laboral inclusivo y efectivo para personas en situación de vulnerabilidad. Ante este reto de nuestra región, las entidades públicas, la sociedad civil y el sector privado han apostado por la innovación impulsando la financiación basada en resultados.

Atar la financiación de proyectos al logro de resultados específicos verificados es un modelo que se puso a prueba en Colombia con el programa de Bonos de Impacto Social (SIBs.co), apoyado por BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID, y la Cooperación Suiza, e implementado por la Fundación Corona. A través de este mecanismo, el Estado o los donantes interesados desembolsan sus recursos a los operadores de iniciativas de empleo solo cuando las personas acceden y permanecen en un puesto de trabajo formal. El cambio de paradigma es claro ya que ahora son los inversionistas y el capital privado quienes asumen el riesgo financiero de la operación en tanto se cumple el resultado.

¿Cómo funcionan los Bonos de Impacto Social? Un gobierno o aliados de cooperación internacional que quieran mejorar el impacto y el uso de recursos de inversión social en programas de empleo, por ejemplo, lanzan un Bono de Impacto Social (BIS). En él confluyen los intereses del sector público y privado. Así, un intermediario (organización privada) se encarga de conectar dos puntas: por un lado, quienes persiguen los resultados, esto es, una red de operadores expertos en ejecutar programas de empleo (entrenamiento y colocación de población en empleos formales); por otro lado, quien financie la operación, una red de inversionistas de impacto interesados en aportar el capital requerido para ejecutar el programa y, si se cumplen los resultados, recibir un retorno pactado previamente. El riesgo financiero asociado al BIS lo asume el sector privado, ya que los inversionistas y/o el intermediario sólo recibirán el pago por los resultados obtenidos luego de que un verificador independiente dé fe del cumplimiento de los objetivos.

Este mecanismo de colaboración entre distintos actores ha posibilitado cambios estructurales, relacionales y de mentalidad. En lo estructural hablamos de las condiciones de política y de mercado necesarias para que los actores del ecosistema de empleo inclusivo puedan implementar y promover este esquema de financiación basado en resultados. En los últimos cinco años, Colombia promovió condiciones legales, mejores prácticas y recursos disponibles para financiar los resultados de dichas iniciativas y Bogotá es, actualmente, la ciudad que está implementando el esquema de financiación por resultados más grande de América Latina y el Caribe, con una meta de 21.800 personas colocadas en empleos formales entre el 2022 y 2023.

El cambio relacional consolida un ecosistema dinámico con participación de actores sociales, privados y públicos que apuestan por el cierre de brechas sociales y por el trabajo decente de manera más efectiva. Entre 2016 y 2022, Colombia pasó de tener una idea de un proyecto de pago por resultados a lanzar cuatro BIS, con la participación de 24 organizaciones inversionistas, intermediarios y operadores, y contar con la financiación de US$10,8 millones de dólares para este tipo de mecanismos.   

El crecimiento más importante se ha dado en el número de inversionistas que se han sumado a generar impacto social y colocan sus recursos para financiar intervenciones basadas en resultados esperando tanto una retribución social como financiera.  Un ejemplo de retribución social es la mejora de las vidas de personas en situación de vulnerabilidad a través de acceso a su primer empleo formal. Actualmente son más de 14 inversionistas en Colombia, y muchos de ellos han manifestado interés en participar en proyectos de inversión donde “el impacto vaya primero”.

Por último, el cambio de mentalidad implica promover la innovación para lograr mejoras constantes en la forma en la que contratamos y operamos proyectos sociales. Este proceso ha demostrado que el trabajo colaborativo entre el sector privado y el público mejora la efectividad y la transparencia del gasto, y logra un impacto social alto. Como en María Juliana, una de los más de 4.000 participantes en el SIBS.co, que no duda al afirmar que el programa “me preparó para encontrar no cualquier trabajo, sino un empleo formal que se ajuste a mi vida y que pueda mantener en el tiempo”. Los programas de empleo que remuneran a los operadores tanto por colocación como por retención laboral fomentan los incentivos necesarios para que se den más casos como el suyo.

2023 nos ofrece un panorama alentador: más de 200 organizaciones en Colombia están interesadas en usar mecanismos de pago por resultados para diferentes sectores, como empleo, nutrición, educación, salud, energía y cambio climático. Con este tipo de instrumentos conseguimos que las soluciones a las problemáticas del país no sean responsabilidad de unos pocos y constatamos, una vez más, que la unión hace la fuerza.

Por: Isabela Echeverry*

*La autora es especialista sénior de BID Lab Colombia

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