La exministra y presidente de Accenture, María Fernanda Suárez, hace un análisis sobre por que sin seguridad energética no es posible lograr una transición en el mediano y largo plazo.
Por: María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture Colombia
El mundo no volverá a hablar de transición energética sin reconocer la seguridad energética como una necesidad imperiosa. Las dos son inseparables. La crisis de escasez de gas y la drástica subida de precios de la energía en Europa, derivada de la guerra de Rusia en Ucrania y su dependencia al combustible ruso – sumada al aumento de la demanda tras la pandemia – deja claro que garantizar las fuentes de abastecimiento es tan importante como perseguir la sostenibilidad para mitigar el cambio climático. La ecuación es simple: lo uno no es posible sin lo otro. O más claro aún: si se toma el camino equivocado, se multiplican las amenazas.
Toda crisis es una oportunidad. Los países deben considerar lo que ha sucedido en Europa para repensar su apuesta por la transición y acelerar la incorporación de energías más limpias, sin ignorar la responsabilidad de asegurar fuentes confiables y a precios asequibles para los ciudadanos, comenzando por los más vulnerables. Esto cobra relevancia, especialmente, en un mundo que supone riesgos emergentes derivados de la geopolítica, la descentralización, la digitalización y eventos climáticos extremos e impredecibles, entre otros.
El Foro Económico Mundial en su informe “Asegurando la Transición Energética”, recientemente publicado en colaboración con Accenture, plantea el imperativo de enfocarse en soluciones para avanzar tanto en seguridad energética como en sostenibilidad a un mejor ritmo. La seguridad energética es una “prioridad perpetua”, dice el análisis, y para protegerla destaca seis dimensiones clave: seguridad del suministro, gestión de la demanda, mercado y medidas regulatorias, confianza mundial y regional, estabilidad, y seguridad del sistema.
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Me detendré en la primera, la más importante. Sin ella no es posible abordar ninguna otra. La seguridad energética es la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios asequibles. Para ello, es necesario mantener el balance entre confiabilidad (la capacidad de responder a la dinámica de oferta y demanda y de recuperarse rápidamente de las interrupciones), sostenibilidad (un sistema que promueva el consumo consciente y que genere menos emisiones) y equidad (distribución equitativa y a precios justos). La actual crisis energética ha afectado los tres componentes de ese triángulo.
Para blindarlo, el Foro Económico Mundial recomienda reducir la dependencia de las importaciones impulsando la autosuficiencia doméstica, aumentar el uso de energéticos nacionales bajos en carbono y diversificar los sistemas de combustibles y energías renovables. Por cada dólar destinado a nueva producción e infraestructura de combustibles fósiles, la Agencia Internacional de la Energía sugiere invertir 5 en el desarrollo de capacidad de energía renovable. El FEM también habla de asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos como el cobre. El despliegue de tecnologías de energía limpia requerirá cuatro veces el volumen de minerales críticos en 2030, en comparación con la demanda actual, señala.
El análisis advierte, eso sí, que garantizar la seguridad energética requerirá combustibles fósiles en el mediano plazo. Las inversiones en el petróleo y el sector del gas en 2020 y 2021 estuvieron alrededor del 26% por debajo de los niveles previos a la pandemia y el 2022 marcó el tercer año consecutivo de esa reducción. Si bien las nuevas inversiones en hidrocarburos pueden parecer contradictorias con las metas globales de descarbonización, la necesidad inmediata para la seguridad energética puede requerir estas inversiones mientras se avanza en la transición, dice el estudio. También exige mayor inversión en una gama más amplia de tecnologías como el hidrógeno y la captura de carbono.
Ante este panorama global, Colombia debe aprovechar el potencial que tiene por su ubicación en el mismo corredor de cobre de Chile y Perú. Podemos convertirnos en el tercer productor en Latinoamérica de este mineral clave en la transición. El país también debe continuar acelerando la incorporación de energías renovables no convencionales, sin renunciar a su autosuficiencia en petróleo y gas. Hacerlo sería ir en contravía de las lecciones que ha aprendido el mundo.
La actual crisis energética ha puesto a los ciudadanos y a los gobiernos europeos contra la pared. La falta de acceso confiable a energéticos como el gas no solo dispara el precio de las facturas. Además, tiene graves implicaciones macroeconómicas: golpea la inflación, afecta el crecimiento económico y presiona el descontento social; el peor panorama para cualquier Gobierno, sea de izquierda o de derecha. El informe resalta datos concretos: el 87% de las economías emergentes y en desarrollo, y el 100% de las avanzadas afrontan una inflación por encima de los objetivos de 2022. Se registra una reducción del PIB mundial entre un 2,8 % y un 3,6 %, un impacto que, sumado a la caída de los ingresos y aumento de las tasas de interés, podría empujar potencialmente economías en recesión.
Todos, sin excepción, dependemos del acceso seguro e ininterrumpido a la energía a precios razonables. Existen estrategias positivas que nadie rechaza, pero hay otras que, como bien alerta el FEM, ponen en riesgo los imperativos de la transición energética a largo plazo, dejando a los países más vulnerables a futuras crisis y los objetivos climáticos globales fuera de alcance. En un camino aparentemente cierto hacia la transición, Alemania, por ejemplo, se vio obligada a volver al uso del carbón, el energético más contaminante de todos. La crisis energética de Europa muestra una señal para tomar un rumbo más responsable y de diálogo abierto hacia un futuro energético seguro, sostenible y asequible para todos.
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