Durante los últimos cinco meses, el exdirector de la UIAF, Javier Gutiérrez, se ha dedicado a entrenar a empresas públicas y privadas en Colombia y la región para enfrentar los desafíos del lavado de activos, práctica que cambia de estrategias constantemente.
En agosto de 2022, Javier Gutiérrez dejó la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) tras cuatro años siendo el ‘zar antilavado’ de Colombia. Durante ese tiempo, entendió que las dinámicas relacionadas con este tipo de actividad criminal son muy rápidas, por lo que toda la tecnología, los instrumentos y los mecanismos que hay para enfrentarlos se vuelven obsoletos con facilidad. Fue así como supo que su labor en la materia no terminaba con su salida del cargo.
Desde el pasado 30 de septiembre, Gutiérrez se desempeña como CEO de IQ+ Integrity AML, compañía descrita como un tanque de pensamiento nacional e internacional centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de enfrentar prácticas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y así atajar los efectos perversos que tienen sobre la economía, la generación de empleo, el bienestar e ingresos de las familias.
“La firma nace por la necesidad que tienen todos los sistemas antilavado, no solamente de Colombia sino de Latinoamérica y el mundo, de fortalecerse frente a las economías ilícitas dinámicas, la convergencia criminal que cada vez es más fuerte, y a los procesos dinámicos de lavado de activos”, explicó Gutiérrez en entrevista exclusiva con Forbes Colombia.
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Para el ejecutivo, lo primero que debe hacer Colombia es articularse muy bien entre todas las entidades, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, los supervisores y los sujetos obligados o reportantes. La construcción de confianza entre estos actores es importante ahora más que nunca, en especial con estos últimos, si se tiene en cuenta que hay más de 23.000 en todo el país que evidencian al año más o menos 20.000 reportes de operación sospechosa.
Lo cierto es que Gutiérrez habla con conocimiento de causa. Con más de 30 años de experiencia que arrancaron en mayo de 1992, cuando se desempeñó como asistente de investigación en Fedesarrollo. Desde entonces, pasó casi 20 años desempeñándose en proyecciones macroeconómicas, política fiscal y estandarización de información, hasta que en 2011 entró a la UIAF como subdirector de Análisis Estratégico y de Operaciones.
Para entonces, la UIAF llevaba poco más de 10 años desde su creación, que tuvo lugar en 1999 como resultado de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que dice que hay que crear unidades de inteligencia financiera en los gobiernos y los países. En Colombia, su funcionamiento arrancó en el 2000, y durante los últimos 23 años se ha pasado de trabajar solamente contra el lavado, hasta sumar el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
No se puede ignorar que Colombia ha sido un referente en temas de lavado de activos para muchos países centroamericanos y sudamericanos. De hecho, Colombia fue el primer país que tuvo una ley de exención de dominio, e incluso la UIAF fue la primera de la región que tuvo una unidad estratégica, que a su vez es la que más ha avanzado en tecnología.
Colombia también es el país que cuenta con más sentencias en financiamiento del terrorismo en la región, así como la primera nación en implementar un sistema de administración de riesgos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde el sector financiero, llevándolo además al sector real, según explicó Gutiérrez.
Bajo esta perspectiva, su labor en la UIAF se centró en elevar el perfil de Colombia en el cumplimiento de estándares internacionales, en particular las 40 recomendaciones de la GAFI. Inicialmente, el país escaló en la recomendación 13 sobre banca corresponsal, la 16 de transferencias electrónicas, la 19 relacionada con países de mayor riesgo, la 33 sobre estadísticas y la 34 sobre guía y retroalimentación, logros que se dieron en la cuarta ronda de evaluaciones que hizo la institución intergubernamental en el país, que tuvo lugar en noviembre de 2018.
Posteriormente, en el último pleno, se subieron dos estándares más: Personas Expuestas Politicamente (PEP) y la recomendación 10 sobre debida diligencia, inscrita en la Ley 2195 de 2022. Esta última es importante al representar la principal recomendación que debe quedar lista si un país busca salir de seguimiento intensificado en la GAFI.
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“Estar en seguimiento intensificado no es una figura grave, pero implica que hay que hacer unos informes semestrales para unas matrices entre todas las calificaciones que no tienen una calificación óptima. Se trabaja con todo el sistema para que cada semestre se vayan entregando los avances que se tienen en temas normativos y de efectividad en Colombia”, explicó Gutiérrez.
Para salir de dicha figura, cualquier nación inmersa en ella debe demostrar mejoría en al menos nueve indicadores. A la fecha, Colombia logró subir en siete, lo que la deja a un paso de abandonar este esquema, pero hay preocupaciones sobre el actual manejo de la UIAF que hacen temer un desenlace no tan satisfactorio en esta rama.
En primer lugar, se aproxima la quinta ronda de evaluaciones mutuas, que no solamente será más corta, según anunció la misma GAFI en abril del año pasado, sino que además tendrá unas exigencias muy fuertes. Por ejemplo, en el tema de nuevas tecnologías, activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, sanciones financieras dirigidas para la financiación del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Cuál es el problema con estos aspectos? En la tecnología sobre todo, Gutiérrez fue enfático durante toda la entrevista en que este tipo de herramientas “se quedan obsoletas muy rápido”. El reto para el gobierno es capacitar muy rápido a las personas que están asumiendo los cargos técnicos en la administración de Gustavo Petro y que, que directa o indirectamente, van a tener que ver con lo que queda para salir de seguimiento intensificado y para prepararse la quinta ronda, que puede venir en tres, cuatro o cinco años.
¿Cómo actualizarse?
Desde que Gutiérrrez salió de la UIAF se han creado nuevas tecnologías que han evolucionado especialmente hacia los temas de big data y analítica de datos. Dichas competencias son clave ahora a pesar de que, en el pasado, sólo se dependía del reporte de operación sospechosa y de apoyos a la Fiscalía General de la Nación, así como de alguna información espontanea que llegaba a través de los canales seguros que venían de otros países.
“Ahora, con big data y analítica, la misma unidad podía análisis y hacer detección de estructuras o de redes de crimen organizado. Eso aumentó la tasa de interceptación y el número de casos que podíamos desarrollar con ayuda de todas las fases del sistema y los actores pertenecientes a las mismas”, explicó el ejecutivo.
Con ayuda de esquemas como el Sistema Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) y el Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Siplaft), así como de ese puente entre la UIAF, los supervisores y los oficiales de cumplimiento se generó más y mejor información y conocimiento, fortaleciendo las capacidades, el capital humano y el capital tecnológico en la UIAF. Esto llevó a que se hiciera un trabajo mucho más articulado con la Fiscalía General de la Nación para tener más efectividad en la información y mejor uso.
Pese a esos avances y a que las estrategias de Gutiérrez en la UIAF aumentaron la tasa de interceptación de manera acelerada y tuvieron cifras récord en número de casos desarrollados, difusiones a la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia y aumento de calificaciones GAFI, “eso ya no sirve“.
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De ahí que Gutiérrez llamara la atención sobre la necesidad del país de prepararse para la quinta ronda de evaluaciones de la GAFI. Y es que los instrumentos, mecanismos y tecnologías con los que cuenta el país “ya están obsoletos” porque las dinámicas criminales son muy aceleradas y rápidas para generar más recursos y ser más productivos para lavar activos y financiar terrorismo, entonces “hay que crear mucha tecnología, generar conocimiento, trabajar con nuevos instrumentos y mecanismos para para fortalecer los procesos de prevención y detección”, de acuerdo con Gutiérrez.
Por ello, su nueva compañía busca trabajar en la creación de tecnologías necesarias para mejorar en prevención y detección, inclusive investigación y juzgamiento. Asimismo, el tanque de pensamiento busca apoyar al sector financiero, real y privado para que desarrollen esas capacidades.
Al respecto, aclaró que su labor dista mucho de lo que hacía en la UIAF, pues su nueva compañía no tiene ningún instrumento o mecanismo igual a los que tenía en la unidad. De ahí que su foco apunta a desarrollar todo el conocimiento y tecnología como algo nuevo hacia el sector público y privado. Para el experto, eso tiene que suceder así porque “en este momento en Estados Unidos, Europa, Centroamérica e incluso en Asia hay expertos lavadores pensando en cómo generar más productividad de la que tienen en sus actividades ilícitas”.
“Sería un error gravísimo que nosotros siguiéramos o quisiéramos replicar las mismas cosas que teníamos en la unidad. Si no desarrollamos todo lo nuevo que tenemos, y ojalá todos los países lo estén haciendo, no vamos a tener en la red global la capacidad de enfrentar esas estructuras criminales y de lavado de activos de la forma en que debemos hacerlo”, dijo.
Aporte de IQ
El punto de partida de Gutiérrez en su nuevo emprendimiento está basado en la recomendación uno de GAFI: el entendimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. A partir de eso, buscan desarrollar evaluaciones sectoriales y empresariales de riesgo corporativo, así como metodologías de implementación de políticas públicas y empresariales antilavado de activos.
Unido a ello, su equipo de trabajo se encuentra desarrollando un taller práctico de reporte de sospechas, que consiste en crear un escenario experimental dónde todos sus participantes pueden entender desde una amenaza el desarrollo, publicación y uso de un reporte de operación sospechosa. Mediante algoritmos únicos de la empresa, el objetivo apunta a que los usuarios aprendan como evaluar reportes o denuncias antes de entregarlos a una unidad de inteligencia financiera o a la misma Fiscalía.
En paralelo, están desarrollando un diplomado propio que abarca todas las fases del sistema de prevención, detección, Investigaciones y judicialización. En este caso, la meta es lograr cooperaciones con gremios y universidades para desarrollar aún más el contenido. Hasta el momento, la empresa ya se reunió con cuatro gremios con los que va a firmar convenios de cooperación.
La empresa también busca ofrecer una Cobertura Anticipada de Riesgo Diferido (Cardlaft). Si bien no se trata de una póliza de seguros, su premisa consiste en que ninguna empresa está exenta a que se pueda materializar un riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
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“Lo que les decimos a las empresas es que no esperen a que se materialicen esos riesgos. Si se materializan, va a tener el apoyo técnico y jurídico de toda la firma, un plan de comunicaciones para mitigar ese riesgo, va a tener derecho a casi 40 horas de asesoría al año en el tema que requieran y capacitaciones especializadas para su junta directiva”, comentó Gutiérrez.
Otro producto con el que buscan generar disrupción en el mercado es ‘Lab City Laft’. Se trata de un laboratorio antilavado que trabaja con algoritmos y modelos analíticos, pasando por las distintas fases del sistema en prevención, detección, investigación y judicialización. “Es como un Divercity, donde entran los diferentes actores del sistema antilavado a evidenciar y experimentar cada una de las fases del sistema”, explicó el directivo.
Finalmente, su apuesta a nivel regional está centrada en ofrecer un modelo efectivo para el aumento de calificaciones de estándares internacionales, así como un acompañamiento para el proceso de la quinta ronda de evaluación mutua a nivel regional.
Gutiérrez se muestra confiado en lo que puede aportar su empresa en la lucha contra el lavado de activos, pues asegura que nadie en el mundo tiene muchas de las herramientas que buscan desarrollar, pues se tratan de una inmersión en los procesos que han representado un dolor de cabeza para las entidades que luchan contra el crimen a nivel global. Solo queda esperar y ver si logran hacer la diferencia en un contexto que ha sido complejo desde sus inicios.