Corcho: Vamos a desestatizar el Adres y los empresarios harán parte de su junta directiva

La ministra de Salud, Carolina Corcho, comentó que el proyecto de ley plantea de manera gradual que la Adres se vuelva un pagador único, aclarando que “no lo puede hacer hoy porque no está preparado para eso”. Por ello, se considera que se convierta en un sistema de información desconcentrado y no descentralizado, porque eso implica que se vuelva parte de los entes territoriales, y eso implica algunas dificultades.

“¿Por qué en el resto del mundo es posible y Colombia no? Al tener un pagador único se desburocratiza el sistema, teniendo en cuenta que hay 28 actores ocupando ese rol. Lo que se pretende con un pagador único es simplificar las labores. Esa es la asesoría que nos está dando la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no es el primer país que hace esto, y por ello vamos a desestatizar el Adres y que los empresarios hagan parte de su junta directiva”, explicó Corcho.

Las declaraciones de la ministra se dieron en el primer espacio de los nuevos ‘Foros Temáticos’ realizados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde se apunta a discutir los temas relevantes del país en ambientes amigables donde exista la oportunidad de profundizar en puntos que la opinión pública quiera desarrollar, según explicó el presidente de la agremiación, Bruce Mac Master.

Pese a ello, Mac Master resaltó que eso no garantiza que las cosas funcionen, citando como ejemplo a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), teniendo en cuenta que algunas de ellas son de propiedad de un grupo político “que le pone peaje a todo”. Incluso, mencionó que el estado colombiano es significativamente débil en términos institucionales comparado con otros países del mundo.

Según el consultor catalán de servicios de salud y hospitales Enric Mayolas, la transición en Cataluña al sistema que el Gobierno ha tomado como referencia para configurar la reforma a la salud duró 30 años, y en ese periodo de tiempo “fue un desastre”. De hecho, resaltó que en Cataluña había alrededor de seis millones de personas para cuando se hizo este cambio, mientras que en Colombia se habla de 50 millones de habitantes. El riesgo sería mucho mayor, sobre todo para las personas…

Los pacientes

Sobre la posibilidad de que existan problemas en la atención debido a eventuales fallas en el servicio, Mac Master mencionó que las EPS cumplen muchas más funciones que simplemente la intermediación financiera, en especial la agencia del paciente y su representación a lo largo del sistema.

En esa labor del agenciamiento del paciente y su monitoreo, Corcho destacó que, si se plantean cinco reformas a la salud desde distintas orientaciones políticas es porque el sistema tiene problemas, sobre todo en atención. En la actualización de los PQR reportados a la Superintendencia de Salud, que ascendieron a 1,2 millones según la última actualización, más de 400.000 fueron por súplicas de los pacientes por su vida. Eso pretende resolver la reforma porque tenemos un problema de atención.

Hay un consenso en el país, tanto en el gobierno como la oposición, que el sistema tiene que ser reformado. Hay muchos problemas de inequidad y desigualdad muy claros que no tienen que ver solo con determinantes sociales, sino que el sistema los reprodujo. La prestación está concentrada en las grandes ciudades y eso se refleja en los indicadores de salud pública, mortalidad materna e infantil, servicios básicos de salud. Hasta 70% del país son personas en condiciones de vulnerabilidad económica.

“Es un sistema que invierte muchos recursos para muy pocos resultados. Todos los sistemas de salud en el mundo evolucionan, y eso no tiene que generar miedo, sobre todo en la pospandemia. En Colombia, los registros de mortalidad se dieron principalmente en estratos 1, 2 y 3. El sistema no debería discriminar, porque se trata de la vida de los colombianos”, dijo la ministra.

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En estos años, la salud se está exigiendo a través de tutelas, que usualmente se dirigen a las EPS, pero Corcho sostuvo que también debería apuntar a las clínicas y hospitales al ser quienes atienden directamente al paciente.

“Los jueces dirigen a la EPS bajo la premisa de que es la garante, pero cuando llega la ley estatutaria esto cambia. Puede pasar que la EPS agende la cita, pero la clínica y hospital no atiende al paciente porque la EPS no le ha pagado. El juez de tutela debería dirigir la tutela a la clínica”, señaló Corcho, apuntando además que el sistema debería tener mecanismos de hasta 72 horas para resolver problemas sin necesidad de tutela.

Para Corcho, el gran pero con el que cuenta el sistema de salud es que las EPS tienen demasiadas funciones, dando lugar a un poder muy dominante que necesita un equilibrio, pues han generado problemas frente al Estado, al ciudadano y los prestadores del servicio de salud. “Sirven, pero deben ser redistribuidas”, acuñó.

Otro de los puntos en los que Corcho no parece dar su brazo a torcer apunta al enfoque en la atención primaria, que a su juicio abarca una de las grandes deudas del sistema con el país debido a la desarticulación esa gestión en la mediana y alta complejidad.

“Los supuestos de partida en el debate no son ciertos. Ningún sistema de salud en el mundo tiene libre elección, pues todos tienen una ruta de atención. Por eso, el principio esta supeditado a la oferta de servicios en la ley estatutaria. Con ese punto de partida, la libre elección estará en la mediana y alta complejidad, teniendo en cuenta que la gente prefiere que la puerta de entrada al sistema de salud esté cerca a su casa”, afirmó la ministra.

La operación

Desde que Mac Master leyó la primera versión de la reforma, la pregunta principal que surgió junto a las declaraciones del presidente y la ministra fue… ¿Por qué se deben hacer cambios estructurales a cosas que están funcionando para cumplir con esos objetivos, que si bien son superiores, pueden poner en peligro cosas que se reconocen como grandes avances en los últimos 30 años, cuando la cobertura alcanzaba apenas 20% frente al 99% que se logra actualmente en algunos sectores?

Para el presidente de la ANDI, existe la impresión de que hay confianza en que la burocracia pueda tramitar todo lo que se necesita. Y es que cerca de 800 millones de tramites se realizan anualmente en el sistema de salud colombiano, que puede ser la organización más compleja en términos de eslabones e interacción entre agentes.

La gran preocupación es que sea una apuesta muy arriesgada y confiada en las capacidades del Estado, poniendo en juego la vida de las personas ante una eventual falla del sistema. No se debe olvidar que ya hubo un apagón de la salud con el hackeo de Sanitas a finales del año pasado, razón por la que hacer una sola entidad “es una locura” a juicio del dirigente gremial.

Al respecto, Corcho se refirió al rumor de que el Gobierno quiere estatizar el sistema y aclaró que “no es cierto”. Incluso, detalló que los centros de atención primaria no serán solo públicos sino privados y mixtos, entonces todos los actores estarán involucrados. “En mediana y alta complejidad tiene 80% de atención enfocada en lo privado, y eso se va a mantener“, sentenció.

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En el tema de financiación, se habla de un prespuesto para los centros de atención primaria y una cápita de mediana y alta complejidad con una metodología susceptible de afinar. En ese orden de ideas, la jefa de la cartera sostuvo que no se puede financiar por venta de servicios la atención primaria en salud. A manera de ejemplo, destacó que en Colombia se cerraron 300 salas de parto por no ser rentables.

“Si hacemos una financiación que no es solo prevención y promoción, sino atención de baja complejidad bajo la lógica de la demanda o venta de servicios, volvemos a generar inequidades inaceptables. La única manera es una financiación por oferta, donde los vulnerables no queden por fuera de los servicios básicos. Esto se hará reorganizando las fuentes del sistema para armar una cobertura universal”, dijo Corcho.

La ministra también llamó la atención frente a un factor clave, y es que el debate sobre el impacto fiscal no menciona que la reforma “solo cuesta 0,5% del PIB adicional”, porque la mayoría de los temas son mandatos del Estado colombiano. “La formalización de los hospitales cuesta $9 billones, pero no se hace en los cuatro años, por lo que este gobierno se enfocará en nivel primario. Se financia con recursos recurrentes del MinSalud de inversión para infraestructura, por lo que los recursos adicionales son mínimos”, señaló.

De ahí que, a juicio de la ministra, no tiene sentido abrir más EPS. Sobre este tema, explicó que las que no funcionan saldrán del sistema, mientras que aquellas que funcionan seguirán bajo condiciones de territorialización y manejo de recursos con un pago hasta de 5% de los mismos por costos administrativos. “Pudimos haber hecho una propuesta de cambiar el sistema con financiación vía impuestos, pero lo que haremos es un arreglo institucional, porque si no hay reforma, las EPS se desploman. Eso no es honesto con el país“, concluyó.