El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo contempla que la Comisión de Regulación de Comunicaciones podría imponer multas a plataformas que ofrezcan servicios de video o de mensajería. La ministra de las TIC Sandra Urrutia defendió la medida en entrevista con Forbes.

El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro propone una nueva era para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el organismo que vigila a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, un amplio mercado regulado que va desde operadores como Claro, Tigo, Movistar y Wom hasta emisoras de radio y canales de televisión como Caracol TV y RCN TV.

Modificando leyes existentes, la nueva norma, fijada en el artículo 113, plantea que la CRC pueda requerir para el cumplimiento de sus funciones información “amplia, exacta, veraz y oportuna”, no solo a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, proveedores de televisión abierta radiodifundida o de radiodifusión sonora, sino también a proveedores que ofrezcan servicios a través de internet accesibles desde el territorio colombiano de video bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas, y de servicios de intercambio interpersonal, directo e interactivo de voz, video o mensajería en línea.

“Aquellos que no proporcionen la información que mediante requerimientos específicos efectúa la CRC, o que la misma no cumpla con las condiciones de calidad definidas por la CRC, podrán ser sujetos de imposición de multas diarias por parte de la CRC hasta por 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ocurrencia de los hechos, por cada día en que incurran en esta conducta, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión”, vaticina el Plan Nacional de Desarrollo.

Varias firmas de abogados consultadas por Forbes interpretan que con esta medida la CRC entraría a convertirse en una entidad que vigile también a plataformas como Youtube, Netflix, Facebook, Whatsapp, Uber, Rappi y Uber. Incluso también a quienes ofrecen servicios jurídicos, teniendo en cuenta que en Colombia existe la resolución de conflictos en línea en entidades como la SIC.

En una entrevista con Forbes la ministra de las TIC Sandra Urrutia recalcó que el objetivo de esta propuesta es que la CRC pueda levantar información a la que no tiene acceso.

“Es una necesidad. Hoy las facultades de solicitud de información que tiene la CRC está dada para los proveedores regulados, pero no podemos desconocer la realidad de que hay proveedores que están sobre las redes de los proveedores y redes de servicios de telecomunicaciones, que son los que están demandando mayor cantidad de capacidad en temas de contenido que no tenemos información. Es un primer paso en línea con pasos que se están dando en Europa, en donde incluso se está pensando que debieran contribuir o pagar a los estados por utilización del servicio”.

La jefe de la cartera TIC considera que si prestan su servicio en Colombia, deberían reportar la información necesaria para la toma decisiones.

“Tenemos que tener información, la CRC toma decisiones basadas en datos. Por ahora queremos información, ya despúes tendremos que ver si se necesitan más decisiones. Hay unos nuevos actores que están utilizando una capacidad de internet que necesitamos saber cuántos son y qué clase de contenidos. La CRC determinará que necesidades tenemos para proteger los usuarios y el mercado. Se tendría en cuenta lo que más consuman los colombianos, así como en el régimen de protección al usuario se definió que en la red social que más usen los colombianos será el canal de PQR, se tendrán en cuenta criterios como esos”.

Además de las mencionadas, plataformas como XVideos y Pornhub, de contenido pornográfico, también tendrían como autoridad a la CRC, ya que de acuerdo con un reporte de Branch, están entre los 15 sitios web más usados en el país. Aún no queda claro cuál sería el alcance territorial de la CRC para multar a plataformas que no tienen operación en Colombia.

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