La suspensión del primer debate de la reforma fue aprobada con 12 votos positivos de 21 congresistas en total.
La tan esperada primera discusión de la reforma a la salud no terminó de arrancar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Con 12 votos a favor, el debate se suspendió hasta nuevo aviso por cuenta de varias recusaciones y tutelas que cursan en contra de los congresistas de la Comisión y del modo de proceder del Gobierno. Al respecto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, resaltó que “respetamos las decisiones del Congreso y seguimos adelante con el debate”.
En primera instancia, todo se dio por cuenta de una recusación que cursa en contra de 19 de 21 congresistas, formulada por el excandidato presidencial Enrique Gómez, que obligó a posponer el debate. A través de su cuenta de Twitter, Gómez recusó a los representantes por conflicto de intereses directo, personal y familiar para participar en el debate de la reforma. Según el también presidente del partido ‘Salvación Nacional’, algunos de ellos tienen contratos con empresas de medicina prepagada.
“Esto es relevante porque se quieren destruir los beneficios de la medicina prepagada, pero además los congresistas quieren acabar con la posibilidad de que los ciudadanos tengamos libertad de escogencia de las EPS y un sistema de aseguramiento, pero ellos sí mantener sus planes de medicina prepagada ante la hecatombe que se viene con la reforma”, argumentó.
El problema aquí es que las respuestas a dichas recusaciones pueden tardar hasta tres días desde la Comisión de Ética, organismo al que se debe someter la deliberación de las mismas. Esta fue la razón principal que motivó el aplazamiento del primer debate. Cabe recordar que el representante que preside dicha comisión es Andrés Guillermo Montes, del Partido Conservador, quien tiene hasta el jueves para tomar una determinación.
Hasta el momento, la postura del Partido Conservador va en contra del proyecto de reforma, pues este no incluye la totalidad de las proposiciones que trabajaron en conjunto con el Partido de la U. No obstante, el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, comentó a Forbes que “la puerta no está cerrada”, a pesar de que mantienen su demanda de incluir todas las modificaciones socializadas con el Gobierno.
Durante la discusión, la representante del Pacto Histórico, Maria Fernanda Carrascal, rebatió el argumento de Gómez al interponer un recurso de reposición para revocar la decisión de aceptar las recusaciones, de acuerdo con los artículos 294 y 286 de la Ley 5 de 1992.
“El saboteo de la oposición al debate de reforma a la salud es vulgar. Unos nos recusan por un derecho fundamental y requisito para tener contrato laboral, estar afiliados a la EPS; y los otros buscan dilatar y suspender el debate a como dé lugar. No nos han permitido empezar”, djo a través de su cuenta de Twitter.
El artículo 294 apunta a que todo aquel que tenga conocimiento de un causal de impedimento que no se haya comunicado oportunamente podrá recusarlo a la Comisión de Ética, unicamente si se configuran los hechos del 286. Dicho apartado implica que todos los congresistas deberan declarar los conflictos de interes que pudieran surgir en el ejercicio de sus funciones, cuando en la votación de un proyecto de ley pueda resultar un beneficio particular y directo a favor del congresista en cuestión.
Además de este aspecto, el gobierno ha recibido varias tutelas que cuestionan el debido proceso de socialización de la reforma en el territorio nacional. La más compleja de todas tiene que ver con el recurso que interpusieron los indígenas del pueblo Yukpa, ubicados en la Serranía de Perijá, quienes aplicaron este recurso contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas (ROM) y Minorías, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Dicha tutela, interpuesta por seis gobernadores del resguardo indígena, tiene como propósito que “se les protejan los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa“, pues el hecho de avanzar con el proyecto sin tener en cuenta su opinión “viola los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa”. El recurso fue admitido por el Consejo de Estado a finales del mes pasado.
En relación con ese tema, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, interpuso un derecho de petición a la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien estuvo presente durante el debate, para que responda “por qué no se hizo la consulta previa que debía hacerse en territorio”. También le solicitó que aclarara cuáles serán las normas que derogará el proyecto, aspecto que aún no está claro.
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Otros conflictos que debe analizar la Comisión de Ética están relacionados con los congresistas Gerardo Yepes, del Partido Conservador, y Camilo Ávila, del Partido de la U, quienes firmaron el proyecto 339 radicado el pasado 31 de marzo, figurando como ponentes del mismo. Dichas acciones también fueron recusadas y quedarán a consideración de la Comisión de Ética.
El representante Yepes explicó su firma en la ponencia, asegurando que “es falso de toda falsedad” que dicha acción significara su aprobación al proyecto impulsado por el Gobierno. “La idea era que se abriera el debate para que el proyecto fuera construido de cara al país. Lo hice de manera libre y autónoma”, declaró durante el debate.
Se esperaba que la discusión habilitara a los ponentes de los proyectos alternativos 340, 341 y 344. Con respecto al segundo, uno de los autores del mismo y miembro del colectivo ‘Pacientes Colombia’, Denis Silva, explicó a Forbes que su propuesta apunta a cuatro aspectos: un modelo público, privado y mixto, que las EPS se conviertan en gestoras en salud, un modelo que haga una legislación laboral especial desde el Ministerio de Trabajo para los trabajadores de la salud, además de un plan de infraestructura que permita construir hospitales y satisfacer necesidades de la Colombia alejada.
Por ahora, habrá un nuevo debate mañana a las 10:00 a.m. luego de un desayuno que tendrá lugar en Casa de Nariño al que asistirán los 21 representantes de la Comisión Séptima, la ministra Corcho y el ministro del Interior, Alfonso Prada. Estos dos últimos también sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, y la primera dama Verónica Alcocer, quien solo habría asistido como espectadora, según revelaron fuentes oficiales. En espera de más detalles sobre estos dos encuentros, solo queda esperar y ver qué futuro le depara a una reforma que sigue en cuidados intensivos, a pesar de los esfuerzos por revitalizarla.