Aprobar un proyecto de ley para las criptomonedas ha sido una misión casi imposible. Mientras que la iniciativa que cursa en el Congreso corre el riesgo de morir en esta legislatura, algunas entidades trabajan para crear un plan más completo que involucre a todos los participantes de un ecosistema que está en constante expansión.
Según la plataforma de datos blockchain ‘Chainalysis’, el top 3 de países que lideran la adopción de criptomonedas en América Latina está conformado por Brasil, Argentina y Colombia. Al ser naciones de renta media baja y media alta, a menudo recurren a los activos digitales para enviar remesas, preservar sus ahorros en tiempos de volatilidad de la moneda fiduciaria, así como satisfacer otras necesidades financieras propias de sus economías. Con esto en mente, las autoridades financieras han entendido que se necesita una regulación sólida en torno a ellas para tener éxito.
En el caso de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro aprobó una ley en diciembre de 2022 que regula la industria local de criptomonedas y las ubica dentro de la categoría de acuerdos de pago. Por el lado de Argentina, la Cámara de Diputados avaló a finales de abril una reforma a la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos, que contempla un mayor control sobre la declaración de criptomonedas y la detección de operaciones sospechosas mediante la creación del Registro de Proveedores de Servicios Virtuales. ¿Y Colombia?
Desafortunadamente, la respuesta a esa pregunta no es tan alentadora, pues el único avance que se ha hecho en el país viene del gobierno pasado, cuando el entonces representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, radicó el proyecto de Ley 139 de 2021 que busca regular la actividad de los exchanges o casas de compraventa. Si bien la iniciativa ya pasó de la Cámara de Representantes al Senado y espera el tercero de los cuatro debates que debe enfrentar, corre el riesgo de morir si no avanza en este semestre, justo cuando el Gobierno Nacional está concentrado en tres megareformas en el Legislativo: la laboral, la pensional y la del sistema de salud. Así que el panorama no es halagüeño.
“Los tiempos del proyecto mueren en la próxima legislatura. Si no culmina sus últimos dos debates antes del 20 de junio el proyecto muere porque no cumpliría el tiempo que ordena la ley”, explicó Toro en diálogo exclusivo con Forbes Colombia.
A esto hay que sumarle que el proyecto tiene contradictores de peso con el argumento de que no regula al ecosistema como tal y no protege los recursos económicos de los colombianos. Para el CEO de Asoblockchain, Camilo Suárez, la iniciativa que necesita el país debe regular desde los NFTs hasta el metaverso y el entorno general de la economía digital, “ya sean conductores de Uber, hosts de Airbnb o influencers”.
Esto también requiere blockchainizar la contratación estatal e incluir clases de finanzas personales, contabilidad y nuevas tecnologías cripto y blockchain en los colegios públicos. Al respecto, la CEO de The Biz Nation, Karen Carvajalino, detalló que esta idea puede funcionar mucho de acuerdo a lo que han visto con audiencias jóvenes y con gente adulta al realizar clases relacionadas con temas de información financiera, aunque no enfocados a blockchain.
“Esa proliferación de compañías que tumban a la gente se debe a falta de regulación”
Mauricio Toro, excongresista y presidente de Icetex
“En los dos casos, sobre todo niños y jóvenes, puede abrirles la mente de lo que es posible en la educación financiera y marcar un camino de oportunidades desde temprana edad basados en cómo ahorrar y cómo invertir”, añadió.
Para avanzar en este campo, Suárez reveló a Forbes que su objetivo es impulsar una iniciativa legislativa para dar impulso al trámite. Este es un mecanismo de participación ciudadana para proponer un proyecto que el Congreso no está teniendo en cuenta, que implica recoger un total de firmas equivalente a 5% del censo electoral, que ronda los dos millones de personas, para que entre a debate. A esto hay que sumar un 25% de remanente, que en este caso equivale a unas 500.000 firmas.
“Al reunir las firmas, el Congreso está obligado a revisar la propuesta. No es vinculante porque no quiere decir que la vayan a aprobar (…) Pueden deshacer todo el proyecto o modificar partes o pasarlo completo”, explicó Suárez a Forbes.
El ejecutivo también reveló que la agremiación está esperando que el Congreso acabe con los debates de sus reformas a la salud, laboral y pensional, y así tener la fuerza gremial para ser una Federación de Emprendedores y Finanzas Digitales. Esto es clave si se tiene en cuenta que solo cuentan con seis meses para recoger las firmas necesarias para tener éxito, según les comunicaron en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Ante el reto que tienen en frente, Asoblockchain ha realizado más de 16 talleres en el país para recoger conclusiones y posibles soluciones. Al mismo tiempo, han buscado apoyo gremial con actores del ecosistema digital, como las webcamers y los influencers, pues muchos miembros de estos nichos suelen recibir sus ingresos con criptomonedas.
En medio de este proceso, Toro reconoce que el proyecto requiere mucho fortalecimiento, pero subrayó que le corresponde al Congreso meterle fuerza, teniendo en cuenta que se trata de una industria que “evoluciona cada día y es diferente cada cuatro meses”. Esto ayudaría a que se incluyan sectores que no existían en el momeno en que nació el proyecto y “lograr algo más amplio que se solucione por medio de movilizaciones y en los debates que faltan”.
“Creemos que la volatilidad de ese tipo de activos no ayuda mucho a generar estabilidad dentro del sistema”
Jorge Castaño, superintendente Financiero
Toro también lamentó que la falta de reglas de juego hayan generado distorsión en el mundo de los criptoactivos, partiendo de que hay confusión en esquemas normativos. Esto genera riesgos centrales que no permiten dar luz verde a un mercado que “no tiene oportunidad de crecimiento para generar empleo”.
En segundo lugar, está el riesgo para el ahorrador colombiano, que permite que existan grandes empresas que entran a estafar personas con promesas falsas de rentabilidades a base de criptoactivos, afectando a la gente menos informada. “Esa proliferación de compañías que tumban a la gente se debe a falta de regulación. Por eso se propuso el sandbox regulatorio en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)”, dijo.
Todo este proceso ha involucrado actores como el Banco de la República, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTic), el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia Fintech, la ya mencionada SFC y las mismas exchanges.
Fueron muchos los diálogos para lograr legislación avanzada. Empezó a tener dificultades y se ha desacelerado la aprobación; el sandbox fue la excusa para no avanzar tan rápido. Al mismo tiempo, Toro recalcó que el ministerio de Hacienda “no ha sido muy amigo del proyecto”.
“Pretendíamos que el sandbox permitiera mejorar el proyecto, pero en el Congreso pueden avanzar con la regulación sin tener que esperar los resultados. No avanzar es una cuchillada al corazón de esta iniciativa, y los afectados son los ciudadanos que no saben a dónde ir”, comentó Toro.
A esto se suma la carta circular 78 de la SFC emitida en 2016 donde se les advirtió a los bancos sobre los riesgos de las monedas virtuales, que en particular apuntaban a que se estaba lavando plata mediante exchanges en el país. Esto generó pánico en las instituciones financieras debido al aumento en la vigilancia que se dio en su momento y que se entendió como un cierre de puertas a esta industria. Las únicas oportunidades que se abrieron fueron aquellas incluidas en el sandbox, pero a juicio de Toro “no resultó bien porque la banca tradicional se metió en eso”.
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“La SFC acabó diciendo a las exchanges que podían entrar de la mano de un banco. Eso no generó confianza entre los actores, pues los bancos se metieron tratando de que esto no creciera ni avanzara. Además, las exchanges no querían hablar mucho de su negocio y no soltaban mucha información, y así no se hicieron muchas transacciones de alto valor”, explicó.
El superintendente Financiero, Jorge Castaño, señaló a Forbes que la SFC se mantiene en la línea en que las entidades financieras, hoy por hoy, no deben tener ahorro del público invertido en criptoactivos. “Creemos que la volatilidad de ese tipo de activos no ayuda mucho a generar estabilidad dentro del sistema, a pesar de que Colombia no tiene unos canales de conexión que pongan en riesgo esa estabilidad”, añadió.
Bajo esa perspectiva, lo que queda es definir reglas de promoción y publicidad para la gente con el fin de que entienda en qué y cómo está invirtiendo, además de qué tipo de riesgos se generan en materia de esas inversiones. “Lo que han mostrado las discusiones es la necesidad de seguir trabajando con mucha prudencia. Por eso es que nosotros hemos estado trabajando en campañas de transparencia”, dijo.
De ahí la obligación de que tanto los bancos como las empresas ligadas al mundo cripto tengan campañas informativas de educación financiera, vigiladas por la SFC y la Supeintendencia de Industria y Comercio (SIC) explicándole al usuario el riesgo que implica la inversión, la volatilidad del mercado y el capital de riesgo.
Por ahora, Castaño sostuvo que están dispuestos a que las emisiones para algunos segmentos particulares se puedan realizar basados en tecnología blockchain. Esto aplicaría para emisiones pequeñas provenientes de microempresas, lo que les permitiría simplificar y abaratar costos. En lo que tiene que ver con pagos digitales, calificó como fundamental explorar la posibilidad de tener esa tecnología como alternativa.
Los actores del sector están de acuerdo en que se necesita avanzar en un proyecto que abarque a todo el ecosistema cripto bajo un abanico de reglas claras, pero también son conscientes de que esto no será posible mientras sigan proliferando los casos de estafa que aún ocurren en el país y que involucran a grandes empresas vinculadas a activos digitales tanto en Colombia como el exterior. Es claro que en esta historia todavía queda mucha tela por cortar.
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