Se esperaba que mañana avanzara el debate de reforma a la salud en plenaria de la Camara de Representantes.

Lo que comenzó como un asunto doméstico de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, que se salió de control, acabó convertido en una bola de nieve que no da señales de parar de crecer. Tanto así, que se habría llevado por delante a los proyectos de reforma a la salud y laboral que cursan en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes.

“Por lo que respecta a la Presidencia de la Camara de Representantes se congelan las discusiones de las reformas hasta que podamos dialogar de nuevo, reconstruir la coalición de Gobierno y dar trámite a discusiones tan importantes que no pueden ser mediadas con factores externos que puedan llevar a un desenlace negativo”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

Si bien Racero dejó claro que el Pacto Histórico no le teme a ese debate, en especial aquellos congresistas que lo han acompañado desde el inicio, aclaró que si alguien se acercó a la campaña y aprovecha el momento para hacer de las suyas “será rechazado a nivel político y judicial. Por ahora queda congelado el debate esperando cómo se desarrollla eso”.

Con eso en mente, y a medida que se conozca más información, los partidos políticos que hacían parte de la coalición de Gobierno se irán desvinculando de los acuerdos establecidos para sacar adelante la agenda legislativa, hecho que comprometerá el trámite de las reformas estratégicas que venía adelantando el Congreso.

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Incluso, es posible que al interior del Pacto Histórico también se presenten tensiones y fisuras cuando cada uno de sus miembros deba tomar posición a medida que los hechos de la actual coyuntura evolucionen, según el director de Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, Ómar Oróstegui.

Para el experto, la decisión del gobierno de hacer cambios en sus prioridades de la agenda puede analizarse como una estrategia para ganar estabilidad y conseguir mayores apoyos políticos ante futuros escenarios de crisis, en donde es incierta la posición que tomara el poder legislativo y judicial.

Asimismo, sostuvo que todo eso puede tomar diferentes rumbos según se conozca más información sobre la financiación de la campaña presidencial y se confirmen o nieguen las afirmaciones contra Laura Sarabia y otros funcionarios que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hace en los audios revelados por la revista Semana.

Para Racero, lo primero en este proceso es identificar que en los audios se escucha como el exembajador reclama constantemente una participación por lo que considera su protagonismo en campaña, que no se lo ha dado el presidente Gustavo Petro, quien “no nombra por chantajes ni presión política ni para devolver favores. En eso, como Pacto, rodeamos al presidente en decisiones de nombramientos y en haber apartado tanto a la jefe de gabinete como a Benedetti”, señaló.

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“Como Pacto, esperamos que se hagan las investigaciones por entes de control y el Consejo Nacional Electoral. Esta ha sido una campaña completamente diáfana. Si el exembajador hizo reuniones o recolectó dinero, tendrá que acudir a mostrar las evidencias para constatar que en verdad ocurrió, así como el destino de esa plata que el exembajador asegura haber recaudado para las elecciones presidenciales”, subrayó.

A pesar de esas claridades, Oróstegui consideró que los hechos recientes aumentarán la desaprobación ciudadana en el gobierno, y a su vez en los políticos, pues los dos candidatos que se disputaron la presidencia en el 2022 enfrentan una crisis de liderazgo; Rodolfo Hernández sancionado por la Procuraduría, y Gustavo Petro afrontando una caída en su aprobación en las recientes encuestas y ahora el escándalo Benedetti–Sarabia.

Esta desconfianza tendrá repercusiones políticas en un año electoral en donde los partidos políticos buscan ganar poder en las elecciones locales, lo cual puede profundizar la polarización política entre defensores, opositores e indignados con las prácticas políticas“, agregó.

El presidente de la Cámara de Representantes también cuestionó que la Fiscalía General de la Nación validara la interceptación de un teléfono como si fuera del Clan del Golfo, por lo que destacó que el ente acusador tiene “mucho por contar” si quiere dar claridad de sus actuaciones.

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A su ve, recalcó que las cuentas están registradas por el entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lo que cualquier irregularidad será demandadá directamente por el partido de Gobierno, pues “tenemos la autoridad moral para exigir que Benedetti presente pruebas y responda por los hechos”.

De momento, todo parece indicar que el problema surge a raíz de una disputa personal entre Benedetti y Sarabia, pero no cabe duda de que los audios muestran a un embajador completamente violento con la exjefe de gabinete, además de que, en muchas frases, no es claro lo que el exdiplomático dice al usar un tono que, en principio, delataría que no estaba en sus cinco sentidos, factor que también debe ser investigado.

Aqui todavía hay una historia por contarse, y el país entero está esperando la verdad. Mientras tanto, el Pacto Histórico en pleno confía en la actitud correcta del presidente, pues sus congresistas lo consideran una persona que ha combatido con constancia las mafias de este país, poniendo en riesgo su vida y la de su familia.

Es claro que ha actuado como presidente en función de lo que cree conveniente para el país, sin favoritismos ni bajo presión de chantaje. En la campaña nunca se hipotecó el gobierno. Todas las cuentas claras son diáfanas ante el país, la mayoria con préstamos bancarios, así que el pais debe tener la tranquilidad de la buena acción y la ética del presidente Petro”, concluyó Racero.