Pese al alto nivel de cobertura del sistema, sus altos costos de financiación y el incremento de los mismos en la próxima década agregan más cuestionamientos al proyecto de reforma.
A dos días de que se publique el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), aún hay serias dudas sobre qué tan compatibles serán los gastos planteados en la reforma a la salud con la regla fiscal. Si se tiene en cuenta que los costos del proyecto parten de $90 billones en 2024, y solo en atención primaria arrancan en $1,9 billones, harían falta entre $4 y $7 billones anuales durante los próximos 10 años, dejando un déficit promedio de $5,5 billones, según cálculos del Ministerio de Hacienda.
Basta con tener en cuenta rubros adicionales que no están costeados, como los sistemas de mediana y alta complejidad, que añaden $14 billones, o las licencias de maternidad, que suman $830.000 millones. De ahí que el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Andrés Mauricio Velasco, argumentara que la reforma que se propone “soluciona los problemas o los exacerba”.
Para el experto, hay cinco riesgos identificados en la reforma que serían muy difíciles de costear y que podrían generar presiones importantes de gasto: sobrecostos en la atención primaria, pérdida de capacidad para limitar costos en los servicios de salud, poca capacidad para gestionar recursos en las regiones, mayores cargas para la nación en gestión de riesgos, así como indemnizaciones previas por demandas que aleguen privaciones de actividad legítima.
Velasco aclaró que, con un sistema que ya requiere recursos cuantiosos, ya hay faltantes sin contar las contingencias. Entre ellas se incluyen deudas por pruebas de Covid-19 que pueden alcanzar entre $1 billón y $2 billones, la ley de punto final en donde harían falta $650 millones, así como la capitalización de Nueva EPS que asciende a $2,4 billones. Adicional a los $4 billones en pasivos que acumula el sistema de salud, se puede hablar de otros $10 billones faltantes antes de discutir la reforma.
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“Esta es una reforma altamente inconveniente que solo nos va a traer problemas. Si esto pasa, dentro de 10 años estaremos viendo como pagar entuertos y echarla para atrás”, dijo el presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, Mauricio Santa María.
Para el directivo, es preocupante que la reforma, tal como está planteada, le va a complicar la vida a los pacientes, segmentando la atención y afectando a la población de menores ingresos, aumentando el gasto de bolsillo y provocando que la gente pierda bienestar cuando tiene problemas de salud.
Hoy en día los pacientes conocen la ruta que se debe seguir en el sistema de salud, pero con unos centros de atención primaria (CAP) a los que debemos ir obligatoriamente, Santa María vaticinó que veremos un escenario similar al que existía antes de 1993: filas infinitas en el seguro social y la pérdida de nuestra libertad de elección para decidir donde nos queremos atender, además de que a la gente también le va a tocar pagar para conseguir citas, práctica de donde surge más corrupción.
Si se hace una división por grupos de ingresos, los más golpeados tenían 4% de cobertura y los más privilegiados alcanzaban 47% en 1993. Hoy en día, el sistema de salud atiende al 90% más pobre y 97% más rico del país. “Eso cuesta seis puntos del PIB y no lo podemos echar por la borda. No puede ser un negocio y se debe lograr la equidad, que significa tener protección al momento de enfermarse, y eso es en parte lo que ha logrado ese sistema”, destacó el presidente de ANIF.
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En la actualidad, la principal fuente de financiación del sistema de salud es el Presupuesto General de la Nación (PGN), seguido de las cotizaciones del régimen contributivo, monto superado por los usos del sistema, que llegan a $37 billones, dando como resultado que el régimen contributivo sea subsidiado por el Estado, según explicó el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez.
Para 2021, la cobertura de aseguramiento alcanzó 99% sin importar el nivel de ingreso. Este panorama implica costos que no son fáciles de mantener si se tiene en cuenta que la cartera adeudada de EPS liquidadas, que alcanza $3,98 billones, representa 37% del hueco fiscal al que se debe hacer frente.
“Hay que recuperar rectoría y avanzar en gobernanza, además de no dejarle al ejecutivo toda la carga. Eso se logra restituyendo el Consejo Nacional de Salud y haciendo rectoría permanente a las direcciones y comisiones, así como estableciendo un sistema público unificado interoperable, que cuenta con apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, comentó Martínez.
Tal como se ha dicho en ocasiones anteriores, el gran problema de la reforma a la salud apunta a los recursos necesarios para financiarla, tema que se intensifica sin conocer a ciencia cierta su compatibilidad con el MFMP. Pese a que no habrá una respuesta hasta dentro de dos días, las perspectivas no son del todo positivas en medio de un debate que no terminará pronto.