La Superintendencia de Servicios Públicos indicó que hay varias empresas en una situación complicada y las cuales no podrían estar disponibles para enfrentar el fenómeno de El Niño.
Tal y como lo informó Forbes hace ya casi un mes, hay varias empresas de energía que están atravesando en este momento por problemas financieros, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía en algunas zonas del país.
Así lo ratificó este miércoles el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, quien, en el marco del Congreso de Andesco en Cartagena, reiteró que hay empresas en una “situación complicada” y las cuales no podrían estar disponibles para enfrentar el fenómeno de El Niño que se podría extender todo el segundo semestre.
“Nosotros tenemos que sentarnos con el presidente (Gustavo Petro) para plantearle la situación crítica por la que están atravesando algunas empresas públicas y privadas, y que están en riesgo de que si llega el fenómeno de El Niño puedan colapsar financieramente”, explicó Quiroga.
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En este momento, las empresas de energía que están en riesgo son Cedenar, de Nariño; EnerGuaviare, Enelar, de Arauca, Electrohuila y Dispac, de Chocó, entre otras.
De acuerdo con la Superintendencia, la situación de estas compañías se debe a que en pandemia se acogieron a la opción tarifaria, por lo que no se le cobró a los usuarios todo lo de la tarifa. Por eso, según Asocodis, se les adeudan a las empresas aproximadamente $4,2 billones por la opción tarifaria, un monto que se suma a los $2,3 billones de pesos que necesitan para garantizar el pago de subsidios a los estratos uno, dos y tres.
De hecho, este último es otro de los problemas, pues el Gobierno Nacional debe entregar millonarios recursos a las empresas para retribuir los subsidios que se otorgan vía tarifas.
Cifras de Asocodis también muestran que dichos subsidios representan cerca de 5,7 billones al año, pero el problema es que solo se recauda en contribución $1,9 billones. El déficit restante corresponde a $3,8 billones, que es la plata que debe poner el Gobierno y que normalmente se incluye en los presupuestos.
Para 2023 se aprobaron se aprobaron recursos importantes, pero quedó un déficit de $2,3 billones, que, sumados los $800.000 millones de la opción tarifaria que tienen las empresas, llega a los $3,1 billones, según alertan desde el sector.
Desde Asocodis han advertido que es necesario que este dinero sea girado a las empresas, pues se prenden las alarmas por las implicaciones que se darían si el dinero no llega.
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