El caso Binance: la polémica que envuelve al exchange de criptomonedas en Colombia

El drama de Roberto* con Binance va a cumplir tres años en septiembre. Para 2020, momento en que perdió el dinero que depositó en el exchange, llevaba apenas tres años de experiencia tranzando con bitcoin. Su estrategia era comprar BTC con sus ahorros y vender la criptomoneda a través de una plataforma llamada ‘Local Bitcoin’. Poco después, se enteró que Binance había habilitado un servicio de transacciones peer to peer (P2P), que permitía vender por medio de cuentas bancarias a personas interesadas en algún activo digital. 

Para él, era una operación tan normal que incluso le empezó a enseñar a muchos de sus vecinos en su natal Cali. Llegó a hablar del tema con los ‘ángeles’ de Binance, que vienen siendo las personas encargadas de soporte si hay algún problema para algún cliente. Era tanta la cercanía que, en algún momento, llegó a venderles BTC a los mismos empleados de Binance.

Todo iba bien hasta que, el 29 de septiembre de 2020, fecha en la que tenía casi US$150.000, su cuenta apareció bloqueada, igual que la de algunos de sus amigos quienes, incluso, sufrieron el siniestro un mes antes sin recibir respuesta de los ‘ángeles’ de la plataforma. No recibió novedades sino hasta cuatro días después, cuando fue notificado a través de soporte técnico que estaba siendo investigado por la Agencia contra la Delincuencia de los Países Bajos (FIOD) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Aún sin recibir respuesta, consultó con un amigo cercano que vivía en Holanda y también había sido notificado de una investigación para decidir qué hacer, y tomaron la decisión de dirigirse a la FIOD con sus abogados para conocer más sobre su proceso. La sorpresa fue mayúscula al enterarse que no había ninguna averiguación en su contra. Pasó lo mismo con la DEA tras averiguar el nombre de uno de los policías que, aparentemente, estaba indagando su caso y el de sus amigos. Después de acudir a la oficina del detective, la respuesta fue la misma que en Países Bajos: no había tal pesquisa.

Un año después, en septiembre de 2021, Roberto fue notificado de que su cuenta había sido desbloqueada, pero no tenía fondos. Cuando preguntó a los ‘ángeles’ por su dinero, la respuesta lo dejó sorprendido, pues desde Binance aseguraron que no había registros de su capital, e incluso sugirieron que pudo ser víctima de un hackeo.

Siga a Forbes Colombia desde Google News

Con estas respuestas, Roberto ha perdido la esperanza de recuperar el efectivo, pues ya va a cumplir dos años sin novedades de su caso o el de sus amigos, quienes han tratado de buscar a los directivos de Binance en la región para hallar respuestas, pero no han tenido éxito.

Más grave aún fue el caso de Gabriel*, un paisa mayor de 70 años que, con el ánimo de disfrutar su jubilación ganando algo de dinero, decidió invertir todos sus ahorros en Binance y diversificar su portafolio entre criptodivisas como bitcoin, ethereum, dogecoin, luna y la moneda de comisiones del exchange. El júbilo por entrar al mundo cripto se le transformó en pesadilla en septiembre de 2020, cuando Binance bloqueó su cuenta sin previo aviso.

Al buscar respuestas, recibió un correo con la misma información que Roberto, donde se argumentaba que la FIOD había tomado la decisión de confiscar su cuenta de Binance, aspecto que le pareció extraño porque, el mismo día del embargo, le fue depositada una suma equivalente a 0,40 bitcoin. Teniendo en cuenta que BTC valía entre US$10.000 y US$11.000 dólares para entonces, dicho capital superaba los US$4.000.

Pese a que nunca consiguió respuesta directa de las autoridades holandesas, realizó diferentes averiguaciones con su equipo legal sin que apareciera ningún proceso en su contra. En medio de todo esto, pasaron dos años sin que tuviera ningún tipo de respuesta de Binance hasta que, en septiembre de 2022, recibió un chat donde se le notificó que el exchange iba a cerrar su cuenta, por lo que le pidieron retirar todo su capital. Lo sorprendente fue que, del millón de dólares que llegó a tener al momento del embargo, solo quedaban US$37. Dos meses después, su cuenta fue cerrada del todo, y en lo corrido de 2023 no ha tenido ninguna novedad al respecto.

Como consecuencia de esta pérdida, Gabriel entró a un proceso de insolvencia con la Superintendencia de Sociedades de Colombia al mismo tiempo de notar la pérdida de su capital y la imposibilidad de recuperarlo, pues sus deudas con los bancos colombianos ascendían a $800 millones con intereses debido a los préstamos de los que ha tenido que vivir desde hace casi tres años. 

Gestión de riesgo

Algo diferente ocurrió con Rafael Ospina, pues no recibió notificación de alguna investigación liderada por autoridades holandesas, sino que su bancarrota se debió a una figura que Binance denomina ‘gestión de riesgo’ y por el que perdió todo el capital que había construido durante cuatro años.

El caso de Rafael se remonta al 11 de noviembre de 2021, fecha en la que el precio del BTC se aproximaba a US$65.000. En ese entonces, construyó una empresa de trading y arbitraje llamada ‘Stock Tronic SAS’. Desde dicha compañía, aprovechó el mercado alcista de las criptomonedas, que suele darse cada cuatro años, para realizar operaciones en futuros. Dos días antes de perderlo todo, había ganado US$9.000, y el día anterior a la debacle, había abierto dos operaciones en las que manejaba hasta 70% de BTC y 30% de Dogecoin.

Fue al día siguiente cuando no pudo volver a entrar a su cuenta por la llamada ‘gestión de riesgo’, que según explicó un portavoz de Binance, es una investigación liderada por su propio departamento de cumplimiento donde identifican usuarios que intentan usar documentos falsos para burlar sus controles, aprovecharse del sistema y obtener un producto que no se ofrece en Colombia. Ospina negó que sus intenciones coincidieran con la descripción del exchange.

Si bien Binance sostuvo que a esos usuarios “se les permitió retirar sus fondos y se les dijo que se llevaran su negocio a otra parte”, Ospina no pudo volver a entra a su cuenta, por lo que no logró cerrar sus operaciones. Este fue el punto más preocupante, porque al transar en futuros no existe la posibilidad de ser liquidado si el análisis en el que se basó la operación se voltea en contra del trader, lo que provoca la pérdida instantánea de todo el capital.

“Los días posteriores me seguí comunicando a Binance e intenté cerrar las posiciones, porque los siguientes dos días iba en verde, entonces hubiera podido terminar en ganancias. Cuando BTC tocó el máximo de US$69.000 tenía una ganancia como de US$6.000 u US$8.000, pero nunca me dejaron cerrar las operaciones”, explicó Ospina en diálogo con Forbes. 

Para el 3 de diciembre de 2021, los US$70.000 que tenía en futuros se habían esfumado por completo, dejándole solo con US$12.000 que tenía en operaciones de spot, que consisten en comprar o vender activos como criptomonedas al tipo de cambio actual que ofrece el mercado.

Fue hasta el 26 de enero de 2022, dos meses y medio después de su bloqueo, cuando Binance habilitó su cuenta de nuevo. Curiosamente, sucedió un día después de que hiciera un live en Instagram contando su historia. Para entonces había perdido US$53.000 en la posición de BTC y US$17.000 en Doge, por lo que le quedaban solo US$12.000 en Tether que hacían parte de sus operaciones spot y que intentó multiplicar en operaciones que, según reconoció, fueron de alto riesgo y evaporaron la totalidad de su dinero. Como resultado, perdió más de $400 millones y tiene una deuda de más de $150 millones con los bancos que está pagando hoy en día.

Ospina, que en la actualidad es CEO de Wake Up, una academia donde enseña a construir estrategias de ingresos pasivos en finanzas descentralizadas, Web 3, holding, staking y lending, considera que su caso, así como el de Roberto y Gabriel, ocurren impunemente porque Binance se aprovecha de que “son los dueños de las cuentas”.

“Los términos y condiciones de Binance son casi arbitrarios porque, cuando aceptas, concuerdas en que la plata es tuya, pero ellos son los únicos dueños de las cuentas, entonces básicamente pueden hacer lo que se les dé la gana”, subrayó.

No obstante, recordó que los términos y condiciones de aquel entonces especificaban que solo se podían aplicar cuando existiera una orden judicial de un país en concreto o una investigación contra una cuenta específica. Dado que ninguno de los dos escenarios aplicaba en su caso, Ospina consideró el actuar de Binance como “ilegal y arbitrario”.

Como estos, hay hasta 1.600 casos en Colombia en los que las cuentas de los usuarios fueron bloqueadas sin ningún sustento formal y sin una comunicación de autoridades internacionales para advertir sobre algún proceso que cursara en contra de las víctimas, según el CEO de Asoblockchain y socio de Suárez Venegas Abogados, Camilo Suárez.

El directivo, que lidera la defensa de las víctimas, comentó a Forbes que hubo “muchísimas irregularidades” en los procesos, pues “Binance nunca le contestó a la gente con la verdad: les mandaba tickets diciendo que se trataba de actualización de datos y otras excusas, para luego asegurarles de que no contaban con fondos”.

Panorama actual

Hoy en día, Binance tiene una empresa registrada en Colombia con unos $10 millones de capital, según el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Esto debido a que los exchanges que participaron en el sandbox regulatorio de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) debían tener una firma SAS en el país. Solo así, Binance pudo hacer parte de la iniciativa en alianza con Davivienda.

Roberto reveló que, buscando a alguien que le explicara lo que había pasado con su cuenta, fue a la oficina que quedaba en la dirección del documento de la CCB, pero allí solo trabajaba un abogado al que tampoco fue posible contactar, prolongando aún más la incertidumbre que rodea al paradero de su capital.

Según Suárez, este tipo de cosas suceden en Colombia ante la falta de protección real para los usuarios colombianos de los exchanges. Ese es precisamente el argumento por el que ha solicitado la formulación de un proyecto de ley más actualizado que el 139 de 2021 que va camino de aprobarse en el Senado de la República.

Para el CEO de Asoblockchain, los exchanges deben tener una fiducia o un seguro contra las pérdidas de las cuentas que tengan los usuarios. Asimismo, está previsto que, en la iniciativa que surja de la agremiación, estas plataformas deben tener un fondo de prevención en caso de pérdidas o hackeos, garantizando que los colombianos puedan seguir en la compraventa de activos digitales. 

Convierta a Forbes Colombia en su fuente habitual sobre Criptomonedas

A pesar de los avances del proyecto 139, Suárez asegura que la iniciativa que buscan proponer desde Asoblockchain no pisa ninguna otra porque “aún no hay precedentes del tema”. “Estamos regulando una nueva industria a la que el Congreso aún no ha llegado. No estamos de acuerdo con el proyecto 139 porque no protege los recursos económicos de los usuarios colombianos, y además, los exchange están operando con o sin regulación”.

Uno de los puntos fuertes del proyecto 139 propone un registro único de criptomonedas en Colombia, que sería administrado por las Cámaras de Comercio y el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación (MinTic). Cualquier persona, como en un banco, debe estar registrada y protegida por el sistema financiero dándole legalidad, dejando claro que ningún exchange no registrado puede operar. El problema es que la iniciativa no obliga a Binance a responder a ninguno de los 1.600 colombianos que han visto su capital esfumarse de sus cuentas, y es que “tampoco hay a quién reclamarle si la compañía tiene un registro de CCB por solo $10 millones”, dice Suárez.

No obstante, el presidente de Icetex y exrepresentante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, señaló a Forbes que lo de Binance y su forma de instituirse como empresa en Colombia es una práctica relativamente normal, pues los capitales de empresas SAS suelen estar entre $10 millones y $30 millones, pero recalcó que sí es importante la vigilancia sobre el patrimonio de estas compañías, por lo que ese registro y vigilancia se tenía que dar. “Si se registra con $10 millones, pero es el respaldo de la deuda, debe haber una vigilancia mayor”, afirmó.

Al hablar de una plataforma de intercambio de activos, el proyecto de ley que se debate en el Congreso no habla de captación masiva como tal, sino que un exchange reciba criptomonedas para pasarlos a una moneda válida. Esto los convierte en algo parecido a una casa de cambio: cambian dinero, pero no captan masivamente.

“La reglamentación apunta a comercios electrónicos, no entidades financieras. Lo que hace es permitir el intercambio de cosas, por lo que los exchanges no pueden captar recursos masivos del público. Ahí sí el proyecto no va tan avanzado, pues esto solo ha pasado en El Salvador, donde sí se permite captación masiva. Colombia no está preparado para eso, pues es monetariamente riesgoso y económicamente inviable”, explicó Toro.

La versión de Binance (y de los expertos)

Un portavoz del exchange reiteró a Forbes Colombia que, aunque Binance está impedido de hacer comentarios sobre investigaciones en curso, “la seguridad es nuestra prioridad y trabajamos en plena colaboración con autoridades en todo el mundo para combatir delitos cibernéticos y financieros, incluyendo el seguimiento preventivo de cuentas sospechosas de actividades fraudulentas”.

Antes de tomar cualquier acción, Binance también se asegura de que las solicitudes de autoridades con respecto a los usuarios estén debidamente fundadas y motivadas, acompañadas de la documentación correcta y legalmente requerida. Desde noviembre de 2021, el exchange respondió a más de 47.000 solicitudes de autoridades de 60 países diferentes. En el caso de Colombia, hubo unos 20 casos de la DEA y hasta 50 de la FIOD.

El portavoz aseguró que la firma se toma muy en serio el cumplimiento de la ley y de las condiciones de uso por parte de los usuarios. Por ello, las personas que las incumplen se exponen a medidas que pueden incluir la expulsión de la plataforma, dándoles un tiempo razonable para retirar el saldo de sus cuentas antes del cierre de las mismas. No obstante, las víctimas consultadas para este artículo negaron que dicha posibilidad les fuera otorgada.

Por otro lado, expertos consultados por Forbes explicaron que tanto las autoridades holandesas como las estadounidenses investigan transacciones ligadas al tráfico de drogas mediante el rastreo de ganancias en criptomonedas a partir de transacciones que ocurrieron desde Estados Unidos y los Países Bajos. Tanto en Binance como en cualquier otro exchange, esto se hace rastreando a través de la cadena de bloques a cuentas específicas de la plataforma involucrada.

Las víctimas consultadas por Forbes niegan haber transado con personas ubicadas en ambos países, por lo que queda en el aire la posibilidad de que sus fondos se mezclaran con capital involucrado en tráfico de drogas por error. Sin embargo, los analistas detallaron que esto es poco probable.

“Más allá de toda duda razonable de que esos fondos están directamente vinculados a una actividad ilícita, la investigación de EE.UU. y de los holandeses siguió un modelo similar: rastrearon directamente los ingresos de las actividades de drogas conocidas a los clientes afectados, por lo que no es como si fuera una situación de identidad equivocada”, dijeron los expertos, que pidieron reserva de su identidad.

Lea también: Autoridades de Estados Unidos están buscando congelar activos de Binance 

En ambos casos, los agentes de la ley tuvieron que tener pruebas suficientes para convencer a los jueces en dos países distintos para emitir un proceso legal. Desde la perspectiva de los exchanges, cumplir con esas órdenes no es algo negociable, y tampoco hay ninguna razón para dudar de la validez de la misma ni de la cantidad de pruebas que se requieren para obtenerla. Normalmente las declaraciones juradas, al menos en la investigación de EE.UU. que se presenta ante un juez, incluyen más de 100 páginas de pruebas. 

Para rastrear el origen de la transacción, es necesario tener un punto de partida claro. Normalmente eso se hace a través de operaciones encubiertas o informantes, por lo que es necesario probar uno a uno ante un juez que los fondos comenzaron desde una actividad ilícita, así como el camino donde terminan para incautarlos.

¿Y qué pasa con los fondos? En el sistema legal de EE.UU. se tiene que proporcionar una notificación al titular de la cuenta sobre lo que pasó con sus fondos, ya que fueron incautados por el Gobierno estadounidense. Esto les da derecho a impugnar en los tribunales. No obstante, los afectados consultados por Forbes aseguraron que nunca recibieron dicha notificación.

Todos estos desacuerdos reflejan la dificultad de casarse con uno de los dos bandos, pues los argumentos de cada lado parecen sólidos y sustentados. Para evitar esto, se requiere un proyecto de ley que regule una operación que, hasta el momento, parece traer más beneficios que perjuicios.

*Las personas consultadas pidieron reserva de su nombre completo.

#NuestraRevista | Este es un recuento de los artículos publicados en nuestra edición de la revista Forbes Colombia de junio. Si desea recibir esta información de primera mano en nuestra revista física, ingrese aquí para suscribirse.