Las cartas ya están sobre la mesa para crear un nuevo proyecto QUe le De, finalmente, reglas claras al ecosistema que rodea a las criptomonedas. Estas son las preocupaciones sobre una iniciativa que tiene hasta diciembre para lograr, al menos, un lugar en las discusiones del legislativo.
El economista estadounidense y Premio Nobel de su disciplina, Paul Krugman, ha descrito a las criptomonedas como “una fábula que apareció con mercado y desaparecerá con el mercado”. Para sustentar su hipótesis, el académico explicó que aquellas personas que invierten en ellas tienen un apetito al riesgo demasiado elevado y buscan el activo que mejor precio y rentabilidad tenga, pero llega un momento en el que no tendrán posibilidad de captar más capital, por lo que el precio se derrumba.
En lo que respecta al sistema financiero, Krugman ha señalado que no logra captar esos recursos que tiene la gente y los pone a riesgo regulado, porque los vigilados son ineficientes. De ahí la necesidad de que el país se apresure a concertar una regulación, razón por la que se esperaba un decreto que diera luces sobre el tema para el 25 de julio. Sin embargo, se dieron tres meses más de plazo porque, hasta el momento, hay más dudas que certezas al respecto.
“No va a ser una cuestión sencilla. No sé si el Congreso esté listo para procesar algo que todavía no está bien definido. Como he dicho muchas veces, los mercados de cripto son muy oscuros y falta definir muchas cosas, cómo la territorialidad o cuáles son las entidades a las que hay que vigilar, porque son las que emiten. En Colombia, aparentemente, no hay ninguna, entonces a uno le queda la duda, pues en la medida que no se vigilan ni activos ni actividades sino entidades, no es claro cuál es el sujeto de la supervisión”, explicó a Forbes el superintendente financiero, César Ferrari.
Por su parte, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que un proyecto de ley que pretenda regular el ecosistema en el que se transan las criptomonedas debería contemplar, como mínimo, tres aspectos: una definición y caracterización de los activos virtuales, un enfoque integral y coordinado para administrar los riesgos que representan para la estabilidad financiera y la conducta del mercado, así como la escogencia de un supervisor idóneo y con el adecuado soporte tecnológico y profesional especializado.
Justamente ese es el punto clave de la discusión y donde hay más discrepancias, pues se busca legislar las criptomonedas sobre los activos, más no sobre las entidades. Al ser una metodología que jamás se ha usado en el país, nadie parece dispuesto a asumir esa responsabilidad sobre todo cuando la Ley 964 de 2005, que regula las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos, no los considera como ‘un valor’.
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No obstante, Escobar aseguró que eso no significa que no puedan ser calificados por el legislador como valores, o que los criptoactivos con fines de pago sean reconocidos como verdaderos activos financieros. El problema es que nadie quiere ponerse al frente de esta responsabilidad.
¿Cuál fue la solución? El director ejecutivo de Alianza IN, José Daniel López, reveló a Forbes que los actores de la discusión decidieron dejarle la facultad al Gobierno de resolver vía reglamentación quién va a ser el regulador, y “así no invocan a ninguna entidad para que llegue, haga lobby y ejerza poder en contra del proyecto”.
Con todos estos temas en el aire, no es de extrañar que el proyecto 139 de 2021, que hasta el momento es el intento más cercano de obtener una legislación para las criptomonedas, se haya hundido en medio de su último debate en plenaria del Senado al final de la legislatura pasada. Para esas fechas, entre el 15 y 20 de junio, la viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdez, llegó a un acuerdo en el Congreso para no impulsar ese proyecto de ley con el compromiso de que todas las partes involucradas se sentaran a concertar una regulación.
Aquí cabe resaltar actores como las ya mencionadas Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades, el Banco de la República, la Unidad de Regulación Financiera ( Uiaf), Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin dejar de lado que la justicia debe estar participando igualmente a través del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el comando de inteligencia de la Policía Nacional, entre otros.
Lejos de considerarlo como un intento débil, los actores del sector lo ven como un primer paso hacia un marco regulatorio en Colombia. “El proyecto 139 se basaba en unas reglas generales y los riesgos existentes en Colombia actualmente. Lo anterior no desconoce que, en el mediano y largo plazo, a medida que las autoridades, reguladores y usuarios se familiaricen con esta tecnología, se puedan expedir marcos jurídicos más comprensivos, al igual que otros países donde los reguladores han avanzado paso a paso”, señaló a Forbes la directora de Asuntos Gubernamentales de Binance para Colombia, Ecuador y Perú, Juanita Rodríguez Kattah.
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Por ejemplo, a pesar de que la Unión Europea aprobó la ley MiCA, que establece normas para la actividad de los agentes que operan en los mercados de criptoactivos, su reglamentación e implementación (entrada en vigencia) será escalonada. Eso con el fin de maximizar la protección del usuario protegiendo a los inversores de posibles estafas y fraudes eliminando a los malos actores del sistema.
“Vemos a MiCA como un punto de referencia muy bueno. Hay una definición de qué es cripto, hay marcas sobre anti lavado de dinero sobre la prevención del uso de activos virtuales para financiar actividades terroristas, pero también hay partes sobre cómo se protege al consumidor, como se debe manejar fondos de tu cliente versus fondos de la compañía para prevenir lo que ocurrió con FTX”, resaltó a Forbes el ejecutivo de cuenta de Chainalysis, Daniel Cartolin.
Con todo lo anterior en mente, el senador de la Alianza Verde, Gustavo Moreno, reveló que presentará la segunda semana de agosto el nuevo proyecto de ley ante la Comisión Sexta del Senado, de la cual es el nuevo presidente. Desde ese momento, el tiempo límite para que la iniciativa tenga su primer debate es el 20 de diciembre, fecha en que se acaba la legislatura.
Mientras eso ocurre, hay un tema importante que aún no se define: las licencias de operación. Al respecto, López comentó que es un aspecto nuevo en la discusión, pues aquel que las otorgue podría ser o no el mismo que vigila, cosa que el gobierno no quería ante la falta de especificidad de la propuesta, además de que no estaba muy claro que no hubiera temas cambiarios de por medio y que la idea no disputaba la competencia ni el monopolio monetario del Banco de la República.
Por ahora, Moreno comentó que están esperando las recomendaciones de las mesas técnicas que se han llevado a cabo con el gobierno, que a su vez parten de una premisa clara: es la transacción lo que se tiene que regular primero para evitar el lavado de activos y la estafa a través de pirámides.
Es ahí donde, según el senador, está el punto central de todo el proyecto: el usuario, sobre todo en un país con poca educación financiera y consumo digital. Para el congresista, debe haber sistemas de información y supervisión, e incluso de licenciamiento, que le permitan a la gente educarse fácilmente en temas cripto para diferenciar a una plataforma seria de una banda de estafadores.
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Al mismo tiempo, Cartolin destacó que, cuando se tiene una regulación que incluye protecciones al consumidor, también debe tener controles para escribir reportes de operaciones sospechosas. A su juicio, esa herramienta va a ayudar a encontrar criminalidad que no hemos visto hasta ahora.
“Si una persona es estafada o sufre un tipo delito concreto, no saben a dónde ir y dar la denuncia ni qué tipo de información se debe incluir. Hasta en el sistema financiero tradicional, los bancos no saben qué deben poner exactamente en un reporte de operaciones sospechosa de cripto”, agregó.
Lo anterior se logra con reglas definidas que promuevan la adopción de criptoactivos, garantizando la protección de los usuarios y evitando arbitrajes regulatorios. Para ello, Escobar recalcó que la inscripción de los operadores en el registro mercantil protege a los ciudadanos frente a los riesgos de las operaciones con activos virtuales, no corresponde a los riesgos inherentes a esta clase de activos. por ello, consideró que debe existir un registro especial llevado por el supervisor que se designe.
Además, consideró necesario que se establezcan de manera clara cuáles son los derechos y obligaciones de los participantes en las transacciones que los involucran, principalmente consumidores, inversionistas y prestadores de servicios de las plataformas en las que se transan estos activos. Incluso, argumentó que una buena regulación debe servir para prevenir el uso de los servicios de intercambio de activos virtuales como un vehículo para actividades con fines ilícitos, como la evasión de impuestos, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Como en cualquier proceso legislativo, los ciudadanos, así como los reguladores, han participado activamente en la construcción del proyecto de ley. Todos los participantes de este mercado se pueden beneficiar si los usuarios tienen más herramientas que les permitan tomar mejores decisiones, como distinguir entre buenos y malos jugadores e identificar esquemas fraudulentos que prometen rentabilidades irreales, cosa que ya está ocurriendo en el panorama internacional.
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