Los 32 miembros del Consejo Gremial ya habrían pedido garantías al Congreso de la República para que sean escuchados en los debates de las reformas sociales.
La reunión del Consejo Gremial con el presidente Gustavo Petro, que tuvo lugar este 29 de agosto, no estuvo exenta de polémica. Además de la cancelación del encuentro la semana anterior por conflictos de agenda del mandatario, las declaraciones que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dio al término de la junta asegurando que “el síndrome de la Coca Cola del desierto se acabó” no cayeron bien entre algunos miembros del sector. Tanto así, que incluso se habló de una ruptura en las relaciones del ejecutivo con el sector privado, aunque solo fue mera especulación.
“La relación entre el gobierno y el sector privado no está rota. Creo que nos falta hacer más, nos falta ser más asertivos en la comunicación y ser más propositivos en las soluciones. También nos hace falta método en la interacción, pero esas son cosas gestionables con este y todos los gobiernos. El ejercicio de coordinación entre los públicos y los privados es permanente en todos los gobiernos. Insistir en eso es importante porque hay que mirar para adelante”, dijo a Forbes el presidente del Consejo Gremial, Germán Arce.
El directivo, que estuvo presente en la versión 13 del Congreso de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa), institución que hace parte del Consejo Gremial, aseguró que el encuentro con Petro fue una reunión “cordial y respetuosa” que tuvo el suficiente tiempo para poder plantearle los temas que los 32 gremios que conforman el Consejo llevaban en la agenda. Asimismo, señaló que la reunión deja el canal abierto para programar otros espacios, además de recalcar la necesidad de mantener un diálogo permanente.
Pese a que Arce calificó la junta del martes como “positiva”, tampoco descartó que haya desafíos importantes a la hora de aterrizar algunos de los planteamientos del encuentro en acciones concretas. A su juicio, ese es uno de los grandes retos que tiene tanto el Gobierno como los gremios, a quienes calificó como “actores fundamentales de esta discusión”, sobre todo si la intención de Petro le apunta seriamente a un ‘Acuerdo Nacional’.
Al menos así lo dejó entrever el mandatario durante el encuentro con el Consejo Gremial, dejando en claro que un acuerdo nacional debe enfrentar la desigualdad social y ser más equitativos. Lo anterior pasa por “tener energía eléctrica barata, que representa un motor de desarrollo; lograr reducir las tasas de interés y democratizar la tierra”.
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El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, señaló que si Colombia verdaderamente quiere un Acuerdo Nacional, el proceso debe iniciar por el respeto, por crear las condiciones para conversar, por deponer la las palabras que incendian y buscan generar nuevas violencias.
“Para que haya un acuerdo se requiere de voluntad sincera y una actitud que lo demuestre. Esto es válido para todos los que realmente quieran o queramos un Acuerdo Nacional. Si no asumimos esa actitud no tenemos ninguna posibilidad de lograrlo”, dijo el directivo a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter).
Según Arce, que también es presidente de Asofiduciarias, no es posible resolver estos problemas sin el concurso y la participación del sector privado porque “aquí el tema de los impuestos y empleos los ponen los empresarios, que son una versión bastante variopinta de agentes”.
“Esto no es Silicon Valley, pues el 98% de las empresas no tienen más de 10 empleados, entonces la realidad de este país son las micro y pequeñas empresas, e incluso unidades familiares. Cualquier cambio estructural les va a pegar directo a su capacidad de seguir desarrollando actividades”, añadió.
En esa construcción de acuerdos en torno a los problemas estructurales del país surgió el tema de las reformas sociales del Gobierno. Más allá de apoyo de parte de los gremios a la reformas, cada miembro del Consejo tiene claro que las discusiones están en el Congreso. Tanto así, que en una reunión que sostuvieron con el nuevo presidente del Senado, Iván Name, dejaron clara la necesidad de garantías a la hora de buscar los espacios suficientes para poner sus objeciones, acuerdos y desacuerdos en el debate público.
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“El presidente del Congreso nos ha dicho que contamos con ellas, le hemos dicho al Gobierno que nosotros no vamos a renunciar a participar en este debate y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, incluso en lo que no estamos de acuerdo (…) ¿Qué sale de ahí? Pues dependerá de la capacidad que tengamos todos los actores de no quitarle el ojo al balón, de volver a contestar unas preguntas básicas de cuál es el problema que queremos resolver”, detalló Arce.
En el caso de la reforma laboral, el problema estructural que se quiere resolver desde el Consejo Gremial apunta a los niveles de informalidad que tiene Colombia. En el segundo trimestre de 2023, la cifra se ubicó en 42,7% para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, lo que significó una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
“Si no aprovechamos esta oportunidad para generar estímulos para la formalidad, no vamos a lograr las consecuencias positivas que quisieramos para financiar el sistema de salud, para financiar los mecanismos de aseguramiento en riesgos laborales y para financiar el ahorro a la vejez”, comentó Arce.
En cuanto a la reforma pensional, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), Santiago Montenegro, celebró el llamado del presidente para formar un acuerdo nacional, pues consideró que “valdría la pena que hagamos unas mesas de trabajo” en torno al proyecto que espera segundo debate en plenaria del Senado.
“Como está la reforma, es un golpe casi que mortal al ahorro pensional para la jubilación de los trabajadores y un golpe mortal al mercado de capitales. El ahorro se va a desplomar para el país, para la inversión y para la generación de empleo (…) Hay muchas razones para que repensemos este proyecto”, aseveró.
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A juicio del directivo, la reforma tiene una cantidad importante de problemas: le quita la propiedad de los ahorros a la gran mayoría de los trabajadores, acaba con el derecho a elegir quienes administran esos recursos, y acaba el derecho a la heredabilidad de los recursos, que hoy es un derecho que los trabajadores aprecian.
Sobre Colpensiones y sus recursos, Montenegro comentó que “seguramente para ellos hay plata, pero para los que no hay plata es para las pensiones de los trabajadores“. A su vez, fue enfático al afirmar que ese proyecto de ley crea unos pasivos gigantescos que tendrán que pagar futuros gobiernos y futuras generaciones, por lo que criticó el manejo que el presidente de la entidad, Jaime Dussan, le ha dado al tema.
“Me imagino que el doctor Dussan está muy contento porque solo está pensando en los próximos dos años, pero un proyecto de reforma tiene que pensar no solo para los próximos años, y por supuesto no solo para contenciones, sino para las próximas generaciones. Un proyecto de estos no se debe hacer pensando en las próximas elecciones”, concluyó.
Pese a las enormes deficiencias que tiene la reforma, Montenegro se mantuvo tranquilo en su diálogo con Forbes y aseguró que “a esto le falta mucho”. Además, si se llega a aprobar una reforma con pensiones, no estaría lista en en unos tres años por lo menos. Incluso, vaticinó que Colpensiones “no tiene la capacidad para para administrar este tipo de cosas tan complejas“.
Todo lo que pase de aquí en adelante, al igual que las afirmaciones sobre la supuesta ruptura entre gremios y gobierno, es mera especulación. En tanto las discusiones en el Congreso no tomen forma, habrá que esperar a que los diálogos entre todos los involucrados en los proyectos sociales revelen algunos resultados que permitan vislumbrar alguna hoja de ruta. Mientras tanto, todo es absolutamente incierto.