El proceso está relacionado con el atraso del inicio de las negociaciones con Acolfutpro, sobre el pliego de peticiones de los futbolistas.
Este lunes 11 de septiembre, el Ministerio de Trabajo informó que la cartera formulará cargos en contra de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), como parte de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de ambas entidades.
De acuerdo con lo detallado por el ministerio, este proceso responde a la falta de disposición para negociar el pliego de peticiones que elaboró con anterioridad la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – Acolfutpro, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los deportistas y que no ha tenido avances en cuatro años, desde septiembre de 2019, cuando más de mil futbolistas de 35 clubes acordaron el pliego.
Lo anterior representaría una presunta vulneración del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que los empleadores tienen la obligación de iniciar las negociaciones y recibir a los representantes de los trabajadores en el menor tiempo posible, no mayor a 5 días hábiles.
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Si bien el Ministerio de Trabajo aclaró que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor no son los empleadores directos de los futbolistas colombianos y no figuran como los responsables en la relación contractual, “sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales”—ACOLFUTPRO, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”. Por esta razón estarían llamados a iniciar las conversaciones.
Las sanciones que enfrentarían las entidades por el retraso en el inicio de las conversaciones podrían ir desde 5 a 10 millones de pesos, por cada día de mora.
“El Gobierno del Cambio tiene interés de promover el diálogo social en todas las instancias, por ello hemos querido durante todo nuestro año de gobierno que se llegue a una amigable salida al diferendo sin que haya sido posible, por la posición que sostiene la parte empleadora. Nosotros hemos sostenido la necesidad de que se respeten los convenios internacionales que hacen parte de nuestra legislación y por eso no permitiremos que se vulneren”, aseguró la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.