Luego de rechazar la opción de capitalización, el alcalde Daniel Quintero denunció que Millicom adelantó una votación forzada para la dilución de la compañía, con la que dejaría a EPM con solo el 2% de las acciones.
Esta semana inició un nuevo capítulo en la crisis financiera que enfrenta el operador de telecomunicaciones Tigo; con el requerimiento de Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de que los accionistas decidieran si diluir o capitalizar la compañía.
Dentro de los compromisos acordados tras la intervención del jefe de cartera, Tigo quedó en presentar información suficiente para que desde la Alcaldía de Medellín pudieran considerar la posibilidad de avanzar con la capitalización de la empresa.
Luego de analizar la información compartida por Tigo, la junta directiva de EPM decidió este miércoles 13 de septiembre que no pondrán recursos para una capitalización conjunta. Así lo confirmó el alcalde Daniel Quintero, a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“Después de verificar las condiciones actuales de Tigo y la administración realizada por Millicom desde el 2014, en Junta Directiva de EPM hemos decidido no entregar 300 mil millones de recursos públicos que eran solicitados por ellos a modo de capitalización”, escribió.
En ese orden de ideas, la otra opción sobre la mesa es la dilución de la empresa y Millicom se quede con la totalidad de las acciones de Tigo-Une.
“Millicom y Tigon deberán tramitar ante el Concejo de la ciudad las aprobaciones necesarias para avanzar en cualquier proceso de dilución. Esto nos duele en el alma. UNE era una empresa exitosa y 100% pública. Ojalá algún día se castigue a los responsables”, dijo Quintero.
Vea también: Accionistas de Tigo tienen hasta el 9 de octubre para decidir si capitalizar o diluir la empresa
En una publicación posterior al término de la asamblea de Tigo, Quintero anunció con preocupación que “Millicom en la asamblea de accionistas, en una maniobra jurídica forzó la votación de una dilución que nos deja solo con el 2% de la compañía”. De acuerdo con las denuncias del alcalde, este proceso se adelantó sin el voto a favor de EPM, por lo que exigió que el Gobierno tome acciones al respecto.
A través de X, el ministro Mauricio Lizcano solicitó a la Superfinanciera y a la Supersociedades que haga el respectivo seguimiento de las denuncias públicas del alcalde, “en aras de proteger el patrimonio público y el servicio para 12,5 millones de usuarios y más 10 mil trabajadores”.
Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones había requerido una respuesta antes del 9 de octubre o, de lo contrario, el Gobierno procedería a aplicar la ley 1116 de reorganización empresarial.