Con inamovibles y sin consensos

En torno a las reformas sociales el gobierno viene planteando un doble discurso. De un lado, hace un llamado a generar amplios consensos nacionales, que por lo pronto no se han materializado; y de otro, plantea de forma enérgica listas de inamovibles para dar la discusión de cara al Congreso con el mensaje entre líneas de que si estos se tocan las reformas no tienen sentido, y se verán obligados a buscar el cambio por otras rutas.

Lo paradójico de la situación es que el tira y afloje de la discusión pública de las reformas ha generado consensos en un grupo amplio de la sociedad, que el gobierno desaprovecha para construir el tan anhelado pacto nacional. El más importante es la necesidad de hacer reformas en estos frentes para mejorar de forma transversal la equidad, en especial de las poblaciones que no han logrado acceder de forma efectiva a los servicios de salud, a la cobertura pensional o a un trabajo formal. En cada tema han surgido propuestas que buscan aportar a los objetivos del gobierno, pero que distan de los “cómos” propuestos por el Ejecutivo, y en muchos casos chocan de frente con estos “inamovibles”.

En pensiones, el listado de inamovibles incluye el manejo del ahorro acumulado por parte de Colpensiones, con los riesgos operativos y de capacidad técnica que eso conlleva, y la no modificación de parámetros como la edad de pensión, las semanas cotizadas, los porcentajes de aporte o la tasa de reemplazo; todas estas variables claves para  definir la necesidad de recursos públicos que tendrán que destinarse el pago de las mesadas, o dicho de otra forma el tamaño del hueco fiscal.  Parece absurdo que estos temas no puedan ser discutidos, ya que son la base para  crear un sistema pensional más incluyente y sostenible fiscalmente, además de chocar de frente con la realidad como el cambio demográfico que aboga por la inviabilidad de un sistema de prima media. Los niños que nacen hoy tienen una expectativa de vida por encima de los 100 años, muy superior a los 68 años que era la cifra cuando se discutió la última reforma pensional que tocó aspectos paramétricos. Otra realidad es que cerca del 46% de los trabajadores reciben menos de un salario mínimo y rechazar las cotizaciones por debajo de este umbral implica excluirlos aún más.

En el frente laboral la cosa no pinta mucho mejor. Mientras el gran consenso apunta a flexibilizar el mercado laboral para permitir a más personas, en especial jóvenes y mujeres, generar nuevos puestos de trabajo y participar de la formalidad y sus grandes beneficios en materia de equidad y superación de pobreza, los inamovibles van por el lado de hacer más rígido y costoso el trabajo formal. Las propuestas más afianzadas en el discurso gobiernista se enmarcan en la protección de los trabajadores formales, pero poco o nada se hace nada para generar nuevos puestos de trabajo o una ruta viable a la formalización de trabajadores como los rurales, que quedan aún más lejos de cualquier esperanza de formalización. Los “inamovibles” incluyen ampliar el alcance de los acuerdos sindicales a las cadenas de proveedores, aumentar al 100% los recargos por dominicales y festivos, laborización de los contratos de aprendizaje, protección ante el despido por automatización y de trabajadores en compañías minero-energéticas. Del otro lado, la discusión se orienta a permitir el trabajo por horas y las múltiples versiones de trabajo remoto y los horarios flexibles, lo que se contrapone al inamovible del contrato laboral de 8-5 como regla general que como una sombra no permite avanzar la discusión. Sin conocer los efectos macroeconómicos de la reforma, el gobierno podría estar condenando al país a tener un menor crecimiento, por los efectos sobre el aparato productivo de un mercado laboral más inequitativo e inflexible.

La reforma a la salud parte de los inamovibles más amplios. El sistema de salud debe ser público y único, los recursos de la salud deben ser administrados y contratados por una entidad pública y los privados no pueden gestionar el riesgo en salud de los colombianos, como lo llevan haciendo hace 3 décadas, porque la salud es un derecho y no un negocio.  Con ese “inamovible”, no queda mucho espacio para avanzar en consensos que apuntan a modificaciones sobre el actual modelo de aseguramiento con participación de privados que evolucionen en incorporar modelos diferenciales para zonas rurales, incentivos para el desarrollo de mayor infraestructura y formación de talento humano, de la mano de recursos adicionales que permitan financiar las crecientes necesidades de salud de la población. En este caso no es posible calcular los costos fiscales que se derivarán de la puesta en marcha de un régimen de subsidios a la oferta, ni de los incentivos sociales que generarán con absoluta seguridad una mayor desigualdad.

La cantidad y tipo de inamovibles parecen estar imposibilitando el avance de la discusión y la construcción de soluciones que resuelvan los problemas más apremiantes en materia de salud, pensiones y mercado laboral. Si bien es importante expresar las posiciones con claridad, adoptar posturas inflexibles sobre los “cómos” no parece ser el mejor camino para lograr consensos.  La reforma tributaria de 2022 es un buen ejemplo de un curso diferente de acción. Planteados los objetivos, el gobierno abrió las puertas a la construcción de soluciones que permitieron llegar a muchos acuerdos entre los principales involucrados.

Entre inamovibles que no resuelven los problemas y la falta de interlocución y apertura para la discusión técnica, el espacio para construir reformas consensuada puede terminar en un conjunto vacío. Con inamovibles y sin consensos el trámite de las reformas generará  inmensos costos políticos y fiscales para el gobierno, y efectos sociales indeseables para todos los colombianos, en especial los más vulnerables.

Por: Paula Acosta*

*La autora es expresidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi)

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