La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, llamó la atención sobre la desfinanciación de programas bandera del gobierno, como Mi Casa Ya.
En el primer semestre de 2023, la venta de vivienda cayó 51% según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). El fenómeno se explica por el enfriamiento del sector constructor y un orden macroeconómico con elevada inflación y altas tasas de interes, sumándose a los precios altos de insumos el año pasado. Bajo esta perspectiva, herramientas como el gasto publico y el crédito sirven para inyectar liquidez, lo que aliviará a las familias que necesitan crédito hipotecario, y al agobio de los constructores.
Con esto en mente, el Ministerio de Vivienda anunció que colocará unos $2,5 billones a traves de crédito en diferentes lineas del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), que se encargarán de $1,5 billones y $1 billón respectivamente, ya sea en modalidades hipotecarias, de construcción y para organizaciones comunitarias.
“Hemos identificado que uno de los problemas mas serios para el sector de construcción es la falta de liquidez, la alta inflación y tasas de interés, que han llevado a la situación actual. Inyectar recursos a crédito hipotecario y constructor es una prioridad”, dijo la ministra de Vivienda, Catalina Velasco.
De hecho, la jefa de la cartera recalcó que programas del sector, como ‘Mi Casa Ya’, han sido víctimas de una profunda desfinanciación, escenario problemático si se tiene en cuenta que es el programa más importante del Gobierno Nacional para jalonar el gasto público de vivienda. Al respecto, Velasco sostuvo que este año se han asignado 35.000 subsidios, que se juntan a 23.000 subsidios de vigencia para completar 75.000 ese año. Al mismo tiempo, se han colocado $1,1 billones en el programa este año.
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Como parte del nuevo esfuerzo anunciado hoy, la presidenta del FNA, Laura Milena Roa, presentó dos nuevos productos en línea con esta iniciativa: un credito constructor que busca inyectar liquidez al mercado destinado a viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP), alternatva que aporta 5,5% en oferta de vivienda según Camacol, y que cuenta con 9.000 unidades disponibles.
Mediante esta iniciativa “se busca disminuir déficit habitacional en 26%, desembolsar $300.000 millones y colocar $1 billon para 2025“, de acuerdo con Roa, quien señaló que las tasas en UVR y pesos del FNA estarán 100 puntos basicos por debajo del mercado.
Por su parte, reveló que el FNA tendrá una nueva linea de credito con tasa preferencial VIP UVR a cero pesos para colombianos que no han podido acceder a vivienda por cuenta de las altas tasas de intéres. Dicha herramienta apoyará a 6.000 familas y contará con un desembolso de $500.000 millones. Según la directiva, la única condición es que los posibles beneficiarios estén afiliados al FNA, lo que les permitiría acceder a esta línea en dos meses, donde se financia hasta 80% del valor del inmueble a 30 años.
El presidente de Findeter, Juan Carlos Muñíz, detalló que el Gobierno ha dispuesto $1 billón para que el banco de desarrollo lo coloque en el sector de construcción. Estos recursos estarán enfocados en adquisición y autoconstrucción de vivienda para que la gente peda adquirirlos mediante intermediarios financieros como cooperativas, juntas de acción comunal y constructores de proyectos VIS y VIP.
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La tasa actual de Findeter alcanza 6,3% en este momento. En el caso del intermediario, su máximo de cuota debe llegar a cuatro puntos porcentuales, lo que le permite al beneficiario sustuitir el crédito bajando de 19% que ofrece el mercado en promedio a máximo 10%, ahorrando casi 100%. La tasa preferencial también da la opción de abonar una cuota mensual hipotecaria de $300.000 a aquellas familias que reciben menos de dos salarios mínimos de ingreso.
Otras estrategias apuntan al capital de trabajo y mejoramientos de vivienda, capital de trabajo y sustitución de vivienda para constructores de VIS y VIP urbano y rural, así como sustitución de deuda, según explicó Muñíz.
Velasco también reveló que el ministerio está trabajando en transformar las normatividades vigentes de gestión de suelo, que llevan casi 30 años de vigencia en un momento donde mas de 80% de municipios cuentan con los POT desactualizados.
“La gran pregunta es si los instrumentos de gestión de suelo que tiene el pais tiene son idoneos. Queremos proponer el debate de transformar los mecanismos para definir usos del suelo. No hacerlo provoca que el precios del suelo suba, impactando valor de la vivienda, y que a su vez prolifere la informalidad“, concluyó.