Estos artículos se suman a los 71 puntos que ya se habían aprobado hasta la fecha durante esta legislatura, que concluye el 20 de diciembre.
El segundo debate de reforma a la salud se retomó hoy en la plenaria de Cámara de Representantes, donde se aprobaron 10 artículos después de la pausa por las elecciones territoriales que tuvieron lugar el pasado 29 de octubre, dejando un total de 81 puntos avalados a la fecha y casi 60 ítems, entre los que se encuentran los aspectos más controversiales del proyecto, a la espera de decisiones.
Dicha votación no estuvo lejos de ser controversial, pues se da pocos días después de que una encuesta de Opinómetro Colombia para WRadio revelara, a través de 700 encuestas telefónicas, que el 53% de la población no estaría de acuerdo con la reforma a la salud, con resultados que abarcan del 1 al 3 de noviembre.
Esto en medio de la crisis financiera que enfrenta el sistema con la situación de la EPS Sanitas con las droguerías Cruz Verde, que tiene a muchos ciudadanos en vilo al no poder recibir sus medicamentos, según comentó la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao.
Asimismo, la parlamentaria aseguró que no debe haber debate en tanto no se dé el concepto fiscal de la reforma a la salud, del que aún no se conocen detalles relevantes. “Siempre he defendido que hay que dar los debates, y creo que junto a mi equipo hemos sido lo más responsables dando todos los debates. Pero les invito a que recordemos que estamos en segundo debate de una reforma a la salud que ni siquiera la ciudadanía apoya mayoritariamente”, añadió.
El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, también llamó la atención por la ausencia del aval fiscal en la reforma a la salud, asegurando que “esta corporación va a terminar votando a ciegas practicamente la totalidad del texto de reforma“, rechazando la sugerencia de varios parlamentarios de dejar este análisis a la Comisión Séptima del Senado. “Todavía no sabemos a ciencia cierta cuanto nos va a costar la reforma. Es preocupante que este gobierno minimice los riesgos de corrupción estatal”, dijo.
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Pese a estas inquietudes, la votación se llevó a cabo con los artículos 97, 99, 101 y 102 con proposiciones avaladas y el artículo 100 como viene en la ponencia. El resultado arrojó 80 votos a favor y 57 en contra.
El artículo 97, referente a la gestión de tecnologías de la salud, busca que el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías e Innovación haga los análisis y diagnósticos pertinentes al respecto mediante un comité técnico para recomendar al Ministerio de Salud toda acción a desarrollar en estos casos.
Con respecto al 99, relacionado al Sistema de Monitoreo y Abastecimiento de Tecnología, se estipula que los proveedores de cadena de suministro serán agentes del sistema y deben dar toda la información necesaria para hacer seguimiento frente a la prestación de estos servicios.
El punto 101, ligado a la racionalización de trámites del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se acordó que la institución debe aceptar documentos públicos de origen extranjero sin apostilla o legalización siempre y cuando el aportante indique de dónde se emitió y el Invima avale la legitimidad de dicho actor.
En cuanto al 102, que apunta al alivio del pago de intereses por sanciones del Invima, se acordó que se brindarán alivios según los porcentajes de las deudas. Al respecto, se revisarán aquellas con corte al 30 de septiembre de 2023.
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La discusión continuó con proposiciones avaladas en los artículos 41, 44, 45, 46, mientras que el 40 se votó como viene en la ponencia. Dichos puntos fueron aprobados con 83 votos a favor y solo 15 en contra.
El artículo 41 busca que, si el Instituto Nacional de Salud (INS) tiene sedes en más de un municipio, se incluya a los secretarios de salud de dichos municipios en los consejos directivos de la organización. Por su parte, el 45 estipula que la remuneración fijada por las autoridades competentes se base en la Ley 4 de 1992, dando así garantías y estabilidad laboral a los servidores públicos frente a las condiciones que se manejan hoy.
En cuanto al 46, detalla que las entidades de salud itinerantes para zonas dispersas operen otorgando atencin básica y especializada con material de última tecnología y personal capacitado en entornos ambulatorios, contando a su vez con soporte de las Fuerzas Militares y acompañamiento de organizaciones internacionales.
Previamente, se votaron los artículos 40, 41, 44, 45 y 46 con proposiciones sin aval. De ese bloque se eliminaron los puntos 38, 42 y 47 por petición de la representante Juvinao. Los votos fueron 96 en contra, eliminando así las sugerencias no avaladas.
Sobre el artículo 42, la representante de la Alianza Verde, Martha Alfonso, sostuvo que incluye mecanismos para la definición de los directores de hospitales en todo el país avalados por el Ministerio de Salud y el Departamento de la Función Pública, poniendo más requisitos a este tema que, según recalcó, es utilizado por politiqueros de departamentos y municipios para definir dicho cargo.
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El representante del Partido Liberal, José Octavio Cardona, quien retiró 15 proposiciones de dicho bloque, dijo que el país esta legalizando que toda la contratación de las Entidades Social del Estado (ESE), que pasarían a ser las Instituciones de Salud del Estado (ISE) sea privada, alejando a los hospitales de las licitaciones y convocatorias porque, por mandato del artículo 40, todo se vuelve privado. “Si esa es la manera de cuidar el presupesto de la nación, creo que no vamos bien”, detalló.
Al respecto, Alfonso comentó que lo descrito por su colega “ya sucede”, pues las empresas de estado contratan con régimen privado para mayor celeridad en contratación de insumos y medicamentos. “El artículo garantiza otras herramientas de contratación y ampliar las opciones de las instituciones del Estado en el marco de la salud pública”, señaló.
En este tema se pronunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien reconoció que “no es menor” la crítica de algunos congresistas de dejar la contratación de recursos publicos a discreción de los funcionarios bajo esquema privado, además del monto que el sector salud manejaría en el futuro.
“Esa proposición viene porque así se da hoy, lo que no significa que sea bueno. Esto no implica cambiar el esquema, sino pensar una alternativa donde sea la propia nación la que dé un manual de criterios de definición de la contratación, estipulando cuándo puede ser privada y cuándo puede ser publica”, dijo.
Si es solo por lo primero, los recursos que ponen los colombianos en la salud pueden estar en riesgo, según Velasco. Por ello, el jefe de la cartera se comprometió con el Ministerio de Salud a preparar una proposición que ataje esas precupaciones.