Petro anuncia la congelación de los altos salarios del Estado y advierte de una “tormenta perfecta” en la economía

Durante el XX Congreso Nacional de Infraestructura , el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición para deducir regalías en industrias extractivas, aspecto que consideró “una parte sustancial de la reforma tributaria” debido al impacto que puede generar el año entrante, que asciende a $6,5 billones de ingresos.

Petro reconoce que no tiene otra opción, pues “el presidente de la República debe acatar”. No obstante, lamenta que el esfuerzo del Gobierno de analizar como aumentar la inversión de $80 billones a $96 billones se ve golpeado por los $6,5 billones de recorte, lo que le obliga a buscar soluciones alternarivas.

“Podemos hacer operaciones de roll over pero todo depende del mercado internacional y sus circunstancias. Por ello, el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector publico de Colombia,. Eso sería un suicidio económico“, dijo Petro, que a su vez recalcó que tanto en el mundo como en Colombia estamos estancados en medio de una “tormenta perfecta” que, a su juicio, no debió haberse producido

Ante dicho panorama, Petro entiende la urgencia y la responsabilidad de saber qué hacer, sobre todo porque este escenario coincide con la primera cuota grande del crédito flash de US$3.000 millones pagadero en dos años. De ahí que sea sustancial crecimiento del pago presupuestal de $70 billones a $96 billones.

Para cumplir con ello, señaló que priorizará los gastos de financiamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y espera no tener que aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. “Ya veremos si logra cubrir el hueco forjado a menos de dos meses de 2024 para aplicar el presupuesto nacional”, afirmó.

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Al hablar de infraestructura, el mandatario sostuvo que el tema “no se reduce a carreteras ni a modos de financiación”, sino que debemos mirar las condiciones mismas de la economía de un país para desarrollar sus posibilidades de plasmación material, por lo que hay que definir “qué tipo de infraestructura” se quiere desarrollar para asumir sus desafíos.

De ahí que considere la figura de la concesión como un elemento importante porque suple lo que el Estado no podría hacer por si mismo. Al respecto, sostuvo que “yo nunca he sido enemigo de eso, y los contratos ya firmados serán honrados. No sé por qué se ha dicho lo contrario”.

Incluso, se refirió al rumor de que su administración pretende acabar instituciones como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o el Instituto Nacional de Vías (Invias) y aclaró que, al contrario, está pensando en fortalecerlas.

Pese a ese parte de tranquilidad, el sector aún tiene asuntos preocupantes entre manos. El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, dijo que ayer se vivió un momento de preocupación debido a la noticia de que la institucionalidad y el marco normativo alrededor del modelo de concesiones no sería preservado. No obstante, celebró la conversación que sostuvo con el ministro de Transporte, William Camargo, donde se hizo evidente que el Plan Nacional de Desarrollo planeta robustecer el intermodelismo, la infraestructura social y las vías comunitarias.

Sin embargo, a esto se suma la preocupación generada por el decrecimiento de la economía, que cayó 0,3% en el tercer trimestre, y en ese contexto, las obras civiles cayeron 15%. De ahí, señaló que es imperativo reconocer al sector de infraestructura como “bastión principalísimo” de la reactivación económica. Y es que, según Fedesarrollo, un incremento de la inversión en infraestructura del 1,6%, a través del modelo de APP puede generar un crecimiento adicional del PIB superior al 2%. “Lo anterior solo es posible preservando confianza de inversionistas y financiadores”, apuntó.

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Caicedo también criticó la decisión del Gobierno de congelar las tarifas de los peajes en enero, pues significó un duro revés para la confianza del mercado e inversionistas nacionales y extranjeros que apostaron por el modelo de APP en Colombia. Por ello, creemos todos que hay que garantizar fuentes de ingresos de los proyectos de APP porque se convierte en condición necesaria para mantener inversión de sector privado en infraestructura pública.

El directivo también sostuvo que las concesiones de cuarta generación generarán disminución de 30% en tiempos de desplazamiento, dando un ahorro de más de 15 horas para transportadores de carga en estos corredores. Asimismo, resaltó que hasta el momento hay 10.000 km intervenidos, 90 túneles construidos e intervenidos, así como vías y aeropuertos concesionados que han sido factor definitivo para impulsar el turismo en el país.

En 2019, los gastos de turistas nacionales e internacionales aportaron US$5.900 millones al PIB, representando 2,6% del valor agregado total de la economía y respaldando a 1,2 millones de empleos. En 2022, la contribución de turismo a la economía fue de 2,1% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Caicedo agregó que, en 30 años de concesiones, Colombia superó el rezago de 100 años en infraestructura, por lo que la banca multilateral utiliza como referente el modelo que maneja el país. Asimismo, celebró que la inversión total de capital privado en infraestructura pública asciende a una suma histórica que supera los $100 billones.

Esta cifra es importante si se tiene en cuenta que, según Fedesarrollo, por cada incremento en la inversión en infraestructura del 0,7% del PIB en promedio anual, la tasa de desempleo se reduce en 0,8 puntos porcentuales y la tasa de pobreza en 0,6 puntos porcentuales.

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De otro lado, las sugerencias planteadas por Caicedo apuntaron a repotenciar programa ‘Obras por impuestos’, que calificó como pertinente en las regiones mas aisladas. Adicionalmente, aseguró que el gremio comparte el anhelo del Gobierno para buscar fuentes alternas de financiamiento para la infraestructura. “La valorización ya tiene soporte y viabilidad legal, lo que invita al gremio a construir de la mano la hoja de ruta al respecto”, sostuvo.

El líder gremial también invitó al Gobierno a liderar en conjunto con los voceros de federaciones de departamentos y municipios un examen en torno al sistema general de regalías debido a la “aberrante ineficacia” de este instrumento ante las necesidades de las regiones, sobre todo cuando cuenta con $13 billones sin asignar.

En relación a la obra pública, Caicedo instó a que el Gobierno les deje participar en el reto gigante, inaplazable, de las vías terciarias y comunitarias, con el concurso de los centenares de pymes de ingeniería. “Si de lo que se trata es de avanzar con éxito en este propósito, despejemos, tomados de la mano, el imperativo que sin duda usted y nosotros compartimos, en el sentido de evitar que la reciente creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) pueda derivar en contrataciones directas mal habidas, e incluso en obras fallidas por sumas muy cuantiosas“, dijo.

Para hacer el quite a dichos riesgos, planteó al Gobierno la opción de que las pymes de ingeniería estrechen lazos con las comunidades, y avancen de la mano y con éxito de cara al gran reto de los caminos veredales y las vías terciarias.

Actualmente hay 68.623 empresas de ingeniería legalmente constituidas en el país, de las cuales 68.062 están entre medianas y pequeñas. Además, hasta 99,18% de la industria de la infraestructura está compuesta por pymes.