Aumento del 80% en secuestros y elevación del 27% en extorsiones marcan el mandato de Petro, desafiando su promesa de paz total.
Colombia se enfrenta a un desafiante panorama de seguridad bajo la administración del presidente Gustavo Petro. A pesar de las promesas de “paz total” del mandatario, el país ha experimentado un alarmante aumento en la violencia y las actividades criminales. Este escenario ha generado preocupaciones sobre un posible retroceso a los conflictos del pasado.
Según el Ministerio de Defensa, Colombia ha visto un incremento superior al 80% en los secuestros y un 27% en los casos de extorsión desde la asunción de Petro, mientras que la tasa de homicidios ha mostrado solo una disminución marginal, contrastando drásticamente con sus promesas electorales. Estas cifras, que comparan el primer año de Petro con los últimos doce meses de la administración de Iván Duque, sugieren un deterioro en la situación de seguridad nacional, que redujo sus acciones en un 47%.
Iván Velásquez, ministro de defensa, señaló en agosto de 2023 que “nosotros [Gobierno] no ocultamos la realidad ni dejamos de presentar las cifras que resultan desfavorables”, y argumentó que “no es verdad que estemos enfrentando la peor crisis de seguridad en muchos años”.
En cambio, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) indica que los índices de extorsión han visto un incremento del 15%, mientras que los casos de secuestro han escalado en un alarmante 77%. Además, la confrontación entre grupos armados se ha intensificado, aumentando en un 85%, y se ha expandido a nuevas zonas del país. “En las prioridades de acción pública del Gobierno Nacional es evidente la pérdida de protagonismo ante la nueva agenda de negociación y la falta de cambios concretos”, señala.
Este incremento de la violencia se atribuye al creciente poder de grupos armados que ahora disputan territorios y rutas de contrabando en lugar de enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad. El secuestro del padre de Luis Díaz, estrella del fútbol del Liverpool, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es un ejemplo notable de esta tendencia y ha generado dudas sobre la efectividad del proceso de paz.
Expertos como Elizabeth Dickinson, de International Crisis Group, han criticado la estrategia de Petro, argumentando que la promesa inicial de “paz total” ha permitido a los grupos armados y criminales intensificar sus operaciones. La falta de presión militar les ha brindado la oportunidad de rearmarse y reclutar sin restricciones. “La sugerencia inicial de ‘paz total’ aceleró la violencia”, dijo Dickinson a Financial Times.
El desafío de Petro es equilibrar las negociaciones de paz con tácticas efectivas de seguridad. Oliver Wack, de Control Risks, subraya que la erosión de las capacidades de inteligencia y operativas de las fuerzas de seguridad ha fortalecido a los grupos armados y ampliado actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.
La historia de violencia en Colombia, que se remonta al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y la influencia de los grupos guerrilleros marxistas en los años 60, ha sido larga y compleja. El acuerdo de paz de 2016 con las FARC, destacado por el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, fue un hito importante, pero su implementación ha sido irregular. Santos advierte que cualquier nueva iniciativa de paz debe construirse sobre los logros del acuerdo con las FARC.
Los esfuerzos de paz actuales del gobierno incluyen negociaciones con el ELN y otros grupos. Sin embargo, los continuos secuestros por parte del ELN y la erosión de las capacidades operativas y de inteligencia de las fuerzas de seguridad han sido un factor crítico en el fortalecimiento de los grupos armados, y han afectado la credibilidad del proceso.
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